“Estamos ante la Fiscalía del TSJC denunciando al conseller Gonzàlez-Cambray porque está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no solo respetar y cumplir la ley sino respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social como es el respeto a las diferentes lenguas de nuestra comunidad autónoma”. De ese modo se ha pronunciado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante una rueda de prensa celebrada a las puertas de la Fiscalía Superior de Catalunya tras presentar una denuncia contra el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, y todas aquellas personas del Departamento de Educación que estarían cometiendo un delito de prevaricación continuada al no aplicar una vehicularidad del español en un 25% en las aulas catalanas tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya..
Arrimadas ha reprochado al gobierno de Sánchez que no defienda el derecho de los catalanes a disponer de ese 25% de enseñanza impartida en español y por eso es que “estamos hoy aquí haciendo lo que el gobierno de España no hace ni ha hecho en los últimos 40 años y probablemente no hará hasta que gobierne Ciudadanos”. La líder de los liberales españoles ha indicado que su formación utilizará todas las herramientas democráticas disponibles “para combatir los atropellos del nacionalismo” ya sea que ello implique denuncias a Fiscalía, al Consell de Garantías Estatutarias o ir a la Comisión Europea “como hicieron ayer nuestros compañeros para denunciar este atropello” que supone la ley y el “decreto infame” de la Generalitat para saltarse una sentencia del TSJC obligado cumplimiento.
“Quiero decirles a todos los catalanes que nos hemos sentido abandonados por el gobierno de España, ya sea del PP o del PSOE, y a todos los catalanes que nos sentimos abandonados por el nacionalismo y, por supuesto, vendidos por el PSC, que aquí va a seguir una fuerza política que no se vende, que no se achanta, que no va a ceder jamás antes los chantajes del nacionalismo y que no va a cejar nunca en el empeño de defender a todos los catalanes” ha indicado Arrimadas.
En el mismo sentido se ha pronunciado también el presidente del Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, tras recordar que ayer expiró el plazo para cumplir con la sentencia del mínimo de 25% de clases en español en las aulas catalanas “y transcurrido ese plazo hoy no hay ningún niño en Catalunya estudiando en español en las aulas catalanas, ¿hay más prueba de desobediencia que esa?”, se ha preguntado el parlamentario liberal. Para el presidente de los liberales en la cámara autonómica, la actitud desobediente de la Generalitat busca “seguir perpetuando las prácticas mafiosas de coacción y de amenaza a los padres de los niños en toda Catalunya” y convierte a los directores de los colegios “en la barrera para evitar que se cumpla esta sentencia y obligar a cada uno de los padres a ser señalados como lo fueron la familia de Canet”.
Carrizosa ha afirmado que la Conselleria de Educació no pretende resolver el conflicto “sino bajarlo a pie de calle” para, de ese modo, “seguir obligando a los padres a que callen para que sus hijos no sean señalados y esto no se puede consentir en un estado de derecho, es una práctica absolutamente totalitaria”. Por esa razón, el parlamentario liberal también se ha congratulado por las últimas adhesiones que ha recibido su propuesta de elevar al Consell de Garantías Estatutarias la petición de un dictamen contra el decreto-ley firmado por el Govern para sortear la ejecución de la sentencia del TSJC. “El CGE va a tener problemas para validar la distinción entre lengua vehicular del catalán y lengua curricular del castellano porque lo que exigen el Tribunal Supremo y el TSJC es la equiparación en la vehicularidad de ambas lenguas, es de cajón”, ha remarcado.
Por otro lado, Carrizosa ha recordado que ayer mismo el Tribunal Constitucional “nos dio amparo en el recurso que interpusimos para evitar que el fugado Puigdemont y el fugado Comín votasen en el Paralment” y esa noticia supone la apertura de un nuevo frente ya que, como ha advertido el diputado liberal, “con esta sentencia vamos a ir a la Mesa del Parlament y pediremos a su presidenta, la sra Borràs, que ejecute la sentencia y se la aplique también al sr Puig, que está fugado y actualmente es diputado en el Parlament y vota por delegación”.