EL EMBRIÓN de la democracia europea —según ha otorgado la UNESCO— radica en la ciudad española de León, donde han sido analizados los Decreta, los testimonios documentales más señeros, añejos y antiguos del procedimiento parlementario tal como lo conocemos en la actualidad, capaces de evidenciar sin duda alguna un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que por primera vez en la historia el pueblo participa tomando decisiones del más alto nivel junto con el Rey, la Iglesia y la Nobleza a través de representantes elegidos (votados) en pueblos y ciudades. Se produce en el medievo, si bien muchísimo antes hubo una democracia casi perfecta: la de los griegos en Atenas. Pero la democracia ateniense era esencialmente masculina; las mujeres no participaban y estaba muy extendida, aparte, la homosexualidad, ya que, por ejemplo, cuando el estado enviaba sus ejércitos a luchar con sus rivales, el general de los mismos estaba acompañado por un efebo para celebrar sus conquistas gozándole sexualmente. El mismo Platón, en su lecho de muerte, deja ciertas pertenecias en herencia, no a su esposa, sino a su amante hombre. Por su parte, los romanos, inventores del Derecho Romano, tenían, sin embargo, esclavos y si estos cometían cualquier error o menudencia eran arrojados a una piscina llena de pirañas.
La democratización justa ha de ser para todos y cada uno de los seres humanos que pueblan el planeta. España es documentalmente pionera, también, de la primerísima globalización histórica: la de Juan Sebastián Elcano. Por lo tanto, no es aventurado afirmar que el origen de la democracia mundial, en el concepto que hoy la entendemos, se inició en la ciudad española de León. Es el rey Alfonso IX quien la provoca por primera vez en la historia. Estas Cortes, que se celebraron en el Claustro de San Isidoro, recinto románico leonés, en 1188, son el reconocimiento de derechos predemocráticos a los ciudadanos y en ellas se le concede al pueblo la prerrogativa de intervenir en la decisión de los asuntos públicos.