La ciudad de Cuenca albergará la sede del Centro de Estudios Penitenciarios en la que se impartirá la formación de los profesionales de Prisiones. Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), ha hecho el anuncio esta mañana durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para informar de las actuaciones generales de la Secretaría General de IIPP.
Ortiz, que ha agradecido al resto de ciudades candidatas (Burgos, Segovia, León y Santander) los "magníficos proyectos" presentados, ha explicado que la resolución se ha tomado tras el estudio minucioso que llevaron a cabo técnicos de la Administración penitenciaria para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley que hace unos meses instaba a la creación del Centro.
En esa decisión –"muy difícil y muy meditada", ha dicho- ha pesado la oferta en infraestructuras presentada por la ciudad castellano-manchega.
El Centro contará con la residencia universitaria María de Molina y con el complejo en el que se encuentra ubicado el colegio San Julián. Se ha valorado además la posibilidad de que puedan utilizarse también las dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Instalaciones que, según Ortiz, "se adaptan a las necesidades que tiene la Administración penitenciaria".
"Otra razón de peso ha sido la circunstancia –recientemente reconocida por la Comisión Europea- de que Cuenca y su provincia son dos de las zonas más despobladas de nuestro país", ha explicado el secretario general de IIPP.
La Covid-19 en prisiones
Su comparecencia en la Comisión de Interior ha comenzado, no obstante, con los datos y las actuaciones realizadas en el último año en relación a la COVID-19. Durante la tercera ola, la incidencia del coronavirus entre las personas privadas de libertad ha sido dos veces inferior a la de la población en general. La tasa de mortalidad, aún menor, ha sido 8,5 veces inferior a la del resto de la ciudadanía.
Desde marzo de 2020 se han registrado un total de 2.008 casos entre la población reclusa. De ellos, más del 80% ha sido asintomático. La tasa de incidencia acumulada en los centros penitenciarios en los últimos 14 días se sitúa en 27,66 por cada 100.000 habitantes, frente a los 229,55 por cada 100.000 habitantes en España.
A fecha de 20 de abril, había 13 casos activos entre internos y 68 de trabajadores de IIPP, según los datos ofrecidos por el secretario general que ha aprovechado para agradecer "el comportamiento ejemplar" de los primeros, el valioso trabajo del personal sanitario y la "gran labor pedagógica" realizada por funcionarios y otros profesionales penitenciarios. Circunstancias que evitaron el aumento de la conflictividad durante los momentos en los que hubo que intensificar las restricciones como la suspensión de permisos, traslados o comunicaciones.
También ha enumerado el material distribuido desde marzo para la protección de los trabajadores y penados: más de 6 millones de mascarillas, entre otros equipos de protección. Y en cuanto a la vacunación, ha recordado que las vacunas son proporcionadas por el Gobierno a las CC.AA. y su administración a los centros penitenciarios corresponde a los Servicios de Salud Pública de las CCAA.
Siguiendo la Estrategia del Ministerio de Sanidad, el personal sanitario ya ha sido vacunado en su práctica totalidad y el resto de personal de IIPP, que ha sido considerado esencial, está en proceso. La cifra total de trabajadores vacunados, además de los más de 1.200 sanitarios ya inmunizados, es de 14.900 con la primera dosis y aproximadamente 1.700 con la pauta completa.
En cuanto a la vacunación de la población reclusa, Ortiz ha hecho referencia a la Estrategia de Vacunación que establece que esta ha de producirse no más tarde de la vacunación del grupo 8 de la población en general y ha explicado que, desde el inicio de la pandemia, hay un mecanismo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, las consejerías de Salud de las CC.AA. y la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. Hasta el momento han recibido la pauta completa los internos de Cantabria y la primera dosis, las personas privadas de libertad en el País Vasco y León.
Impulso al tratamiento
Desde la llegada de Ángel Luis Ortiz a la Secretaría General de IIPP, la población reclusa ha disminuido en un 6,7%. De los 51.183 internos e internas que había en junio de 2018, a los actuales 47.739. Ortiz ha recordado que uno de sus primeros compromisos fue fomentar el número de personas penadas en régimen de semilibertad. En ese sentido, se aprecia un progresivo aumento de la población en tercer grado o medio abierto (se ha pasado del 17.7% a un 20.5%).
Relacionado con las medidas para el control de la COVID-19, destaca también un aumento en un 122% de las personas que cumplen su condena en la modalidad extrapenitenciaria o telemática. Son 5.189 personas frente a las 2.337 de junio de 2018. El secretario general ha subrayado que apenas se han registrado incidencias y que han sido "testimoniales" los casos de incumplimiento de las condiciones exigidas en esta modalidad.
"Modernización, apertura, innovación, políticas de igualdad de género y nuevas vías de intervención tratamental", son otras apuestas de la actual Administración penitenciaria, según Ortiz, que ha repasado los principales programas de tratamiento puestos en marcha durante los últimos años: el programa para condenados por delitos de odio, el PIDECO para delincuentes económicos, que ya se desarrolla en 11 centros con 89 participantes, y los talleres de Justicia restaurativa que, a lo largo de 2021, estarán presentes en 40 centros penitenciarios.
En cuanto a la formación y el trabajo de las personas privadas de libertad, que gestiona la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el secretario general ha realizado varios anuncios: la introducción de nuevos certificados de profesionalidad; la firma de un convenio con el Ministerio de Educación para ampliar las acciones formativas que llevan aparejado ese certificado de profesionalidad; la implantación, en colaboración con Acción contra el Hambre, del programa EPYCO para la formación por competencias; y, en colaboración con Plena Inclusión, la puesta en marcha de nuevos proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad.
A pesar de las dificultades derivadas de la COVID-19, el pasado año se impartieron 432 cursos de Formación Profesional en los que participaron cerca de 7.000 alumnos. Así mismo, se consiguió mantener la media de internos e internas con un empleo en prisión: 11.539.
Ley de Cuerpos Penitenciarios
En materia de Recursos Humanos, Ángel Luis Ortiz ha recordado que, en los últimos tres años, se han aprobado tres ofertas de Empleo Público con 3.252 nuevas plazas. También que, tras años sin convocarse, desde su llegada a la Secretaría General se han realizado tres convocatorias de concursos de traslados con más de 4.000 plazas ofertadas y 12.000 movimientos de trabajadores y trabajadoras realizados.
El hecho más relevante ha sido, según Ortiz, la constitución de un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales con las que se ha redactado un texto que sirva de base para una futura ley de Cuerpos o ley de la Función Pública Penitenciaria. "El contar con una ley nueva es de vital importancia para las funciones y el cometido que tienen que desarrollar los trabajadores penitenciarios", ha señalado, ya que el marco legal vigente se remonta a los años 1970 y 1977.
En este punto, el secretario general ha aprovechado para dejar claro el apoyo de la actual Administración penitenciaria a la condición de agentes de la autoridad para los trabajadores penitenciarios.
Otros anuncios
Por último, Ortiz ha hecho referencia a las iniciativas legislativas con otro anuncio: la tramitación del borrador de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario aprobado en el año 96. La principal novedad será la introducción de las nuevas tecnologías en el medio penitenciario para la mejora de los derechos de los internos, en especial en lo relativo a las comunicaciones, la formación o la intervención tratamental.
En ese borrador se incluye además la creación de la Distinción Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario.