Las Illes Balears reclaman la inclusión de los costes derivados del peso de la población flotante y del incremento de la población, la consideración de las diferencias de precios entre comunidades autónomas para la provisión de servicios públicos, así como una mejora y redistribución de la variable de la insularidad, en el cálculo de la población ajustada, uno de los elementos del sistema de financiación autonómica. El Govern de les Illes Balears traslada estas propuestas a las alegaciones que presenta al informe sobre el cálculo de la población ajustada que el Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió en las comunidades el pasado mes de diciembre.
Las alegaciones sobre la población ajustada han sido fruto de los trabajos y análisis realizados a nivel técnico, político y social a lo largo del años en esta comunidad y más recientemente de la ronda de contactos y reuniones mantenida por la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, y de las aportaciones de diferentes conselleries, de grupos políticos que forman parte del Parlament de les Illes Balears, de los consells insulares y de los principales agentes económicos y sociales e instituciones de esta comunidad autónoma, para tratar este documento del Ministerio, abierto a recibir les aportaciones y propuestas de las comunidades.
El Govern valora el trabajo iniciado con este documento del ministerio como un punto de partida de cara a comenzar un debate más global y una próxima negociación del futuro sistema de financiación. Un informe que no representa una propuesta de nuevo modelo de financiación sino de cálculo de uno de sus elementos relevantes como es el concepto de población ajustada. Este cálculo tiene en cuenta la población empadronada y otras circunstancias geográficas, sociales o territoriales, a través de diversas variables poblacionales y otras variables correctoras, como la insularidad.
Población flotante y diferencias de precios
Dentro del cálculo de la población ajustada, las Illes Balears han trabajado en diversos aspectos. Por un lado, se valora que la propuesta del Ministerio haya incorporado una nueva variable correctora para compensar los costes fijos en las comunidades con una población inferior a los dos millones de habitantes, como las Illes Balears, las cuales se verán compensadas por esta medida, una de las principales novedades respecto de la metodología actual.
Además, se mantiene la variable correctora de la insularidad, una de las tres existentes en el cálculo actual, junto con la superficie y la dispersión. Sin embargo, la revisión de la variable de la insularidad es una de las cuestiones que reclaman las Illes Balears en las alegaciones, junto con las referidas, en primer lugar, a la incorporación del peso de la población flotante.
El Govern ha trasladado diversas propuestas por parte de las Islas Baleares para que sean mejoradas o incorporadas, y una de las principales demandas es la inclusión de las necesidades de gasto que genera la población flotante (turistas, trabajadores de temporada y personas con segundas residencias) para la prestación de servicios públicos.
Las otras propuestas principales plantean que se incorporen los costes asociados a la congestión que se puede producir por el crecimiento de la población; la inclusión de la diferencia de precios entre las comunidades autónomas por la provisión de servicios; y la mejora y redistribución del peso de la variable asociada a la insularidad. Además, se incide en cuestiones relativas al resto de variables y, en este sentido, se propone un aumento de la variable asociada al gasto educativo.
En relación con la población flotante, las Illes Balears defienden que el cálculo de las necesidades de gasto tiene que tener en cuenta la carga real de población a la que se prestan los servicios públicos, atendiendo a su impacto. Por eso, se propone la inclusión de indicadores para estimar la población flotante. Un indicador de necesidades de gasto no puede tener en cuenta solo la población empadronada, sino que tiene que considerar la población potencialmente usuaria de los servicios públicos.
En el caso de las Illes Balears, este fenómeno tiene un marcado carácter estacional y provoca que la población casi se duplique los meses de julio y agosto. Además, se combina con otro factor muy significativo las últimas décadas y que se proyecta de cara al futuro: el incremento continuado de la población en la comunidad, el cual ha duplicado el aumento registrado en el conjunto de España los últimos 20 años.
El Govern también traslada la propuesta de que se incorporen los costes asociados a la congestión que se puede producir por el aumento de la población. En materia de servicios públicos, el crecimiento de población obliga en las comunidades a realizar un esfuerzo en su capacidad instalada para adaptar sus infraestructuras a estas incrementos y a proyectar las futuras necesidades.
El Govern defiende que este es un reto demográfico que se debe afrontar, como un desequilibrio en el sentido opuesto al que se produce por la despoblación –un fenómeno por el cual el ministerio propone incluir una nueva variable correctora-. El crecimiento de la población genera efectos diferentes al de la despoblación, pero no menos significativos, en cuanto a la provisión de servicios y a su sostenibilidad económica y medioambiental.
Asimismo, entre las principales propuestas sobre la población ajustada, las Illes Balears también defienden que se incorporen las diferencias de precios entre las comunidades para la provisión de servicios públicos. Una cuestión que afecta de manera transversal en el coste de los servicios públicos y de las infraestructuras es por ejemplo el precio de la vivienda y del suelo.
Por otro lado, las Balears reclaman una mejora de la valoración de los sobrecostes derivados de la insularidad, el aumento del peso de esta variable y una distribución más equilibrada entre los dos archipiélagos. Así, se propone que considere el hecho archipelágico -no solo la separación de la península sino también los costes derivados de la doble y triple insularidad, en Menorca, Eivissa y Formentera- y que el peso de la insularidad aumente y evolucione como lo hace la población, puesto que actualmente esta variable no atiende a criterios de mayores necesidades de gasto sino únicamente geográficos.
Hacia un debate más global sobre la financiación
Finalmente, el Govern traslada nuevamente otras consideraciones sobre el posicionamiento de las Illes Balears de cara a comenzar un proceso más global de debate sobre la futura reforma del sistema de financiación y defiende que se tiene que avanzar hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades.
Asimismo, defiende que el futuro modelo tiene que permitir a las comunidades incrementar la autonomía fiscal –la cual no es incompatible con evitar una competencia fiscal que perjudique el conjunto- y asumir una mayor responsabilidad fiscal y tributaria, sin renunciar a la solidaridad entre territorios; y que incorpore el principio de ordinalidad, para que la comunidad pueda recibir un nivel de recursos del orden del que aporta.
Las Balears también defienden otros aspectos, como un reequilibrio vertical de recursos entre el Estado y las comunidades, para plantear una mayor aportación de recursos en las comunidades y garantizar la suficiencia de financiación de los servicios públicos; y una condonación o compensación de la deuda pública generada por un aumento de las necesidades de gasto superiores a los recursos de las comunidades y a la infrafinanciación, proveniente sobre todo del modelo anterior aprobado en 2002.