Aragón defiende las inversiones tecnológicas estratégicas y reclama una regulación equilibrada sobre centros de datos

El Gobierno de Aragón ha registrado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. "El Gobierno autonómico defiende las inversiones tecnológicas estratégicas y reclama una regulación para centros de datos equilibrada, que garantice sostenibilidad sin frenar la inversión", tal como explica la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero.

El Gobierno autonómico recuerda en sus alegaciones que "Aragón se ha consolidado como uno de los principales hubs de centros de datos del sur de Europa, con inversiones previstas que superan los 48.000 millones de euros, lo que sitúa a Aragón en una posición estratégica para liderar la transformación digital y fortalecer la soberanía tecnológica de España".

"El volumen de inversiones demuestra que no se trata de una situación pasajera ni limitada a una comunidad específica", sino que requiere de "una estrategia nacional con el potencial de transformar el papel de España en el ecosistema digital europeo", señala el Gobierno de Aragón, al tiempo que advierte de que "no se puede restringir el acceso a la red eléctrica por el sector económico o actividad a la que pertenece la industria" que solicita el acceso.

"La implantación de centros de datos es una oportunidad histórica para el desarrollo económico, la generación de empleo de calidad y la modernización del tejido productivo, que va más allá del ámbito autonómico", afirma el Ejecutivo aragonés en sus alegaciones: "Aunque Aragón ha sabido capitalizar sus ventajas para atraer inversiones internacionales, los beneficios se extienden a toda España".

"Cada inversión en la Comunidad Autónoma de Aragón impulsa el desarrollo digital del país, fortalece la cohesión territorial y posiciona a España como un referente tecnológico en el sur de Europa, con implicaciones clave en empleo, innovación, competitividad y soberanía digital", afirma el Ejecutivo autonómico.

Las alegaciones recuerdan que "Aragón está comprometida con la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos, pero con una regulación rigurosa y equilibrada". "Perder esta oportunidad por un exceso de trabas normativas sería una irresponsabilidad histórica, ya que no solo se pondría en riesgo el futuro económico de una Comunidad Autónoma que está liderando esta transformación, sino también el posicionamiento internacional de España en sectores clave para el empleo, la innovación y la soberanía tecnológica", afirman.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón apela "a una regulación que siga las directrices de Europa, que impulse y no frene, que proteja sin paralizar, y que esté alineada con los objetivos estratégicos del país en materia de digitalización y competitividad". En este contexto, "si el Real Decreto establece requisitos excesivos, podría afectar principios clave como la seguridad jurídica y la proporcionalidad, desincentivando la inversión y dificultando la competitividad", reprocha.

"Una normativa demasiado rígida podría hacer que España pierda competitividad frente a otros países europeos, alejando inversiones, talento y empleo cualificado", advierte el Gobierno de Aragón, que alerta de que el proyecto "pondría en riesgo la soberanía tecnológica al debilitar infraestructuras clave como los centros de datos, infraestructuras críticas para la gestión y el almacenamiento de datos".

A juicio del Gobierno de Aragón, el Real Decreto podría incurrir en una extralimitación competencial en materia de energía, cuya regulación es compartida según el la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce la facultad de la Comunidad Autónoma de desarrollar y ejecutar la legislación básica estatal. Si el Estado legisla más allá de las bases y la coordinación general, se estaría invadiendo competencias autonómicas, lo que generaría inseguridad jurídica, riesgo de nulidad normativa y limitaría la capacidad de adaptación territorial.

Asimismo, se alega que el Real Decreto establecería una serie de obligaciones que se extralimitan de lo dispuesto en diversas leyes, con elementos nuevos que condicionarían el otorgamiento de permisos de acceso y conexión a la red. Además, se introduce un trato discriminatorio en el acceso a las redes en función del tipo de consumo, en abierta contradicción con las Directivas de Electricidad. De hecho, la normativa europea prohíbe que el derecho de acceso a la red eléctrica discrimine por tipo de consumo, ya que vulneraría los principios de no discriminación y acceso abierto que rigen el mercado energético europeo.

Según el proyecto, el Real Decreto atenta a principios de proporcionalidad, ya que impone obligaciones como la comunicación de información adicional relativa al empleo generado, cualificación profesional, impacto territorial, análisis del impacto en la economía local y nacional, identificación de clientes potenciales y origen y destino de los datos, sin que el proyecto de Real Decreto concrete la metodología o las fuentes que deben seguirse. Del mismo modo, el Real Decreto atenta contra la previsión europea de mantener la confidencialidad de los indicadores clave de rendimiento de cada centro de datos, lo que situaría a España en una indudable pérdida de competitividad.

El proyecto de Real Decreto también pretende convertir en requisito obligatorio para invertir en centros de datos en España el Código de Conducta Europeo, que es una iniciativa voluntaria destinada a fomentar la eficiencia energética mediante acuerdos voluntarios. Imponer sus indicadores como obligatorios en el ámbito nacional distorsiona su naturaleza y excede el marco de la Directiva, incrementando de nuevo las trabas a la competitividad de España en cuanto a atracción de proyectos.

En suma, determinadas exigencias del proyecto no solo son jurídicamente cuestionables y criticables por imponer cargas adicionales que desviarían inversiones hacia otros países, sino que, además, constituyen criterios de difícil o imposible cumplimiento práctico, especialmente en fases previas de operación.

Como ejemplo, figura la necesidad de presentar un plan de aprovechamiento del calor residual y un análisis de costes y beneficios, en un momento del proyecto de centro de datos en que el promotor no se tiene todavía garantizado el acceso a la energía. Incluso, según el proyecto, se supedita la obtención de la licencia de obras y del acceso y conexión a la red a la presentación previa de este plan.

En este sentido, el Gobierno de Aragón insiste en que debe fomentarse la utilización del calor residual y valorar los costes y beneficios de su implantación en cada caso, pero considera más conveniente que este análisis se tramite paralelamente a la autorización para la ejecución de las obras, y no como requisito previo a la solicitud de licencia y permiso de acceso y conexión.