La Fiscalía de Córdoba avisa de “carencia” de personal y material en la sección de delitos económicos

La Fiscalía de Córdoba advierte de que los problemas con los que se encuentra la sección de delitos económicos derivan "fundamentalmente de la carencia de medios personales, pero también de medios materiales", destacando su puesta en funcionamiento "pese a la escasez de recursos personales en la plantilla".

Según expone el Ministerio Público en su memoria anual relativa al año 2020, a la que ha tenido acceso Europa Press, "se trata de una especialidad que requiere que se pongan a su disposición las ultimas novedades en programas informáticos de tratamiento y apertura de archivos".

Al respecto, indica que "uno de los grandes problemas" con los que se encuentran es que "el extracto de las causas sigue efectuándose de manera manual por parte de los integrantes de la sección que no cuentan con los programas y herramientas informáticas que permitan mayor avance en el estudio y extracto de las causas y que deben solicitar causa por causa, según las necesidades de cada procedimiento".

Entre algunos procedimientos pendientes, cita una causa sobre fraude a la Seguridad Social con la creación de sociedades ficticias y falsedades documentales y otras relativas al fraude de IVA e Impuestos especiales en el sector de bebidas alcohólicas, hidrocarburos, etc, así como fraude de subvenciones en el ámbito de tramas organizadas.

Además, la Fiscalía avisa del "incremento de los delitos de blanqueo de capitales derivados, entre otros, de delitos contra la salud pública de ámbito intracomunitario, con la consecuente necesidad de cooperación internacional en la materia, y estafas a través del mecanismo de clonado de tarjetas y utilización de TPV que han afectado a entidades bancarias radicadas no sólo en la Unión Europea (UE), sino de ámbito internacional, como Australia, Canadá y Estados Unidos".

Igualmente, señala que "se encuentran en tramitación varios procedimientos por delito societario de carácter muy complejo que afectan a entidades deportivas y en el mismo ámbito un procedimiento por prevaricación y malversacióno", al tiempo que indica que "se ha incrementado el número de diligencias tramitadas por delitos de contrabando".

Por otra parte, sobre la defensa de consumidores, el Ministerio Público informa de que sigue la ejecución individual de las reclamaciones de consumidores individuales afectados por el caso de Gas Natural Andalucía.

"Se da la circunstancia de que en su día se nombró un funcionario de refuerzo con la principal función de localizar e identificar al grupo de consumidores afectados que no pudieron serlo en las precedentes etapas del procedimiento", según detalla la Fiscalía, que agrega que "se notifica una media a la semana de 45 consumidores nuevos que han sido restituidos de las cantidades indebidamente cobradas en su día por la entidad Gas Natural Andalucía S.A.".

Asimismo, explica que sigue vigente un procedimiento en el que el Ministerio Público mantiene su personación ante una acción colectiva seguida en el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba contra una entidad bancaria por supuesto cobro indebido de gastos de hipoteca.

En cuanto a la materia de accesibilidad, la Fiscalía asevera que "aumentan poco a poco las actuaciones en este ámbito", a la vez que "se encuentran abiertas dos diligencias informativas relativas a la accesibilidad en sendas salas de cine de la capital".

También, apunta como actuación realizada en el marco de un convenio con Cruz Roja a la participación en una jornada informativa realizada el día 27 de septiembre de 2020 en el Aula Magna de la Universidad de Córdoba (UCO) junto a expertos de la Guardia Civil.

Al respecto, la jornada versó sobre 'Seguridad y apoyo a las personas mayores', incidiendo de modo especial en las personas mayores que se encuentran solas, especialmente en el mundo rural.

Respecto a la cooperación judicial internacional, el fiscal delegado, Fernando Sobrón, con la colaboración de la fiscal María Luisa García, explica que durante 2020 se han tramitado seis comisiones rogatorias pasivas y los países de origen han sido: Portugal (1), Alemania (1), Austria (3) y Holanda(1), así como 15 órdenes de investigación pasivas en: Italia (1), Portugal (4), Rumania (2), Alemania (4), Polonia (1), Republica Checa (1), Estonia (1) y Finlandia (1). Por tanto, se han tramitado 21 expedientes de cooperación pasivos, frente a los 26 de 2018.

La totalidad de las solicitudes de cooperación provienen de países de la Unión Europea, la mayoría de los expedientes son OEI, salvo los que se refieren a notificación de resoluciones judiciales que se incoaron como comisiones rogatorias. La mayoría de las solicitudes de cooperación se han producido y tramitado en el segundo semestre de 2020.

Destaca el fiscal delegado "el esfuerzo hecho de la Fiscalía en tramitar esta diligencias, en las que se solicita notificar a los interesados resoluciones administrativas adoptadas por órganos de esta naturaleza de otros países".

En los casos en los que no se ha podido citar o no ha comparecido el interesado se ha acordado su devolución, informando a la autoridad administrativa --en este caso a las autoridades administrativas de Alemania y Austria-- a los efectos de "valorar la posibilidad de notificar directamente la resolución administrativa por el órgano administrativo que la acuerda de acuerdo al convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal de 29 de mayo de 2000 o si procede una nueva citación judicial por el Ministerio Fiscal en España".