El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Empleo Público, un pilar fundamental de la reforma de la Administración autonómica y uno de los principales objetivos de esta legislatura. El texto, que cuenta en el respaldo mayoritario de los sindicatos y ahora será remitido a la Junta General para su tramitación, persigue adecuar y actualizar la legislación autonómica sobre empleados públicos, que data de 1985, con el fin de adaptarla al actual contexto social.
La norma permitirá configurar una Administración moderna, ágil y eficaz en la atención a la ciudadanía. Con esta finalidad regulará, entre otros aspectos, los mecanismos de flexibilidad y movilidad, el diseño de cuerpos y escalas, la provisión de puestos de trabajo, los deberes y derechos de los empleados públicos, un régimen de retribuciones más vinculado a los objetivos y al rendimiento, la posibilidad del teletrabajo y los mecanismos para conciliar la vida personal, laboral y familiar.
El ámbito de aplicación incluye al personal del Principado, así como al de la Universidad de Oviedo y entidades locales, sin perjuicio de las especificidades que deriven de la legislación sectorial aplicable, como es el caso del personal docente y el estatutario del Servicio de Salud (Sespa).
El proyecto introduce mecanismos de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, con el fin de adscribir a los empleados públicos a los puestos de trabajo con más agilidad. Así, se podrán convocar concursos en ámbitos deficitarios de empleados para que puedan ser cubiertos por personal de áreas con excedentes.
También avanza en la regulación de la movilidad por razones de servicio. De este modo, establece un orden de prioridad en los supuestos en los que alguna plaza quede desierta en un procedimiento de provisión definitivo y haya necesidad urgente de cubrirla. Igualmente, regula la redistribución de efectivos, así como la atribución temporal de funciones cuando las necesidades lo justifiquen. Estos procedimientos persiguen aprovechar mejor los recursos humanos.
Cuerpos y escalas
La normativa recoge cuatro instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, que pueden ser aprobados conjunta o separadamente: personal funcionario, laboral, directivo y eventual.
En la reordenación se incorporan novedades como la desaparición del cuerpo de subalternos, cuyos efectivos se integran en otro más transversal denominado Agrupación profesional de servicios generales y apoyo logístico. En este grupo se integrará también personal en escalas declaradas a extinguir por la desaparición de sus funciones. Así, estos empleados pasarán a una escala activa que se encargará de labores generales de control de instalaciones, mantenimiento de edificios y, en general, de aquellas que no requieren una titulación específica.
Por otra parte, se extingue el cuerpo de auxiliares administrativos, cuyos integrantes tendrán convocatorias especiales para promocionar a administrativos en los próximos 5 años. Esta medida responde a la imposibilidad de separar en la práctica las funciones de ambos cuerpos, solapadas por la profunda transformación tecnológica de la gestión, acentuada durante la pandemia.
De otro lado, se crean nuevos cuerpos especializados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la protección del medio ambiente, la fiscalización y control de la legalidad, la investigación, la protección civil o la prevención y extinción de incendios. Esta medida implicará la puesta en marcha de procesos que conllevarán el paso de parte del personal laboral a personal funcionario, de acuerdo con la normativa vigente. Este proceso será especialmente relevante en ámbitos como el Servicio de Emergencias (Sepa), con categorías como la de bomberos, así como en la dirección competente en materia de Estrategia Digital.
Igualmente, de acuerdo con la legislación europea y nacional, se regula la nueva situación de derechos y deberes de los interinos, que no podrán permanecer más de 3 años seguidos en el puesto.
Personal directivo
Se crea la figura de subdirector general, que será nombrado por el sistema de libre de designación entre personal funcionario de carrera del subgrupo A1. Estos puestos estarán sujetos a evaluación, con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados. Su nombramiento responderá a los principios de mérito y capacidad mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
En el régimen de retribuciones, se introducen mecanismos que permitan premiar la productividad, la dedicación y la gestión eficiente, por lo que se configurará un nuevo sistema para medir los resultados del trabajo que incentive el desempeño. En la valoración, que se realizará con criterios objetivos, la prestación de los servicios a la ciudadanía será el elemento esencial para determinar los resultados.
Ayudas a la natalidad
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un gasto de 4.595.000 euros para la convocatoria de ayudas directas por nacimiento y adopción, una medida que persigue fomentar la natalidad y combatir la pérdida demográfica en la comunidad. Las familias de los niños y niñas nacidos o adoptados en 2022 que reúnan los requisitos establecidos podrán optar a un pago de mil euros si sus ingresos anuales no superan los 45.000. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, órgano gestor de las subvenciones, estima que podrán beneficiarse de esta medida más del 80% de las unidades familiares que cumplan las condiciones.
Los fondos destinados a esta iniciativa tienen carácter plurianual y se distribuirán del siguiente modo: 3.595.000 euros este año y 1.000.000 en 2023, con el fin de cubrir los nacimientos y adopciones que se produzcan a lo largo de todo el ejercicio, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ambas fechas incluidas.
El Principado, consciente de la necesidad de apoyar la natalidad y como muestra de su firme compromiso de abordar el desafío demográfico, pone en marcha estas ayudas, que se suman a otras medidas recogidas en los presupuestos generales de la comunidad para este año: varios incentivos fiscales para frenar la despoblación en zonas rurales. Se trata de las siguientes iniciativas:
- En materia de IRPF, se mejora la deducción por gastos de transporte para residentes en zonas rurales en riesgo de despoblación. En concreto, a la deducción de hasta 100 euros que ya se aplicaba, se suma otra del 15% de los gastos de transporte en que incurran los descendientes de hasta 25 años que cursen estudios universitarios, de Bachillerato o Formación Profesional.
- La deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación se extiende a todos los contribuyentes, con una deducción del 5% del gasto con carácter general, que se eleva al 10% en el caso de jóvenes, familias numerosas y monoparentales.
- Se crea un nuevo tipo reducido del 6% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se aplicará a la adquisición de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación.
Además, con el fin de reforzar la lucha contra la despoblación, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado la creación de un equipo multidisciplinar liderado por el vicepresidente, Juan Cofiño, y encargado de elaborar una Ley contra el Reto Demográfico. Está previsto que el proyecto llegue a la Junta General para su tramitación antes de finales de año.
Refuerzo del personal del Servicio Público de Empleo
El Consejo de Gobierno ha autorizado el IV Plan de refuerzo del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), al que se destinan 1.418.218 euros con el fin de mantener hasta finales de año 49 puestos extraordinarios de gestores de empleo en la red de oficinas del organismo.
El primer plan de refuerzo se aprobó en febrero de 2013 para garantizar el correcto funcionamiento del Sepepa y la prestación de los siguientes servicios:
- Atención personalizada en las oficinas de empleo.
- Información y gestión de los servicios que presta el Sepepa y de los recursos disponibles para la búsqueda de empleo.
- Actividades de intermediación laboral.
- Seguimiento y evaluación de los programas.
Apertura del Ridea a la sociedad asturiana
El Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), que persigue modernizar la estructura del organismo para dotarlo de mejor base legal y abrir su gestión a la sociedad.
La última reorganización del instituto se aprobó en 1988. Por ello, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo ha trabajado en una nueva norma que actualice el contenido y el objeto de investigación del Ridea, que han variado sensiblemente en los últimos 34 años. La legislación que iniciará ahora su tramitación parlamentaria amplía el peso específico de los representantes de la Junta General y la Universidad de Oviedo en el consejo general: el Parlamento podrá designar a 12 representantes y la institución académica contará con 3, además del rector, todos ellos con voz y sin voto.
La norma aclara competencias internas, define con más claridad el marco de relaciones con el Principado, determina el régimen presupuestario y de personal y, muy particularmente, la condición, clases, elección, derechos y deberes de los miembros del Ridea.