El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos por Andalucía y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, mientras que PSOE-A y Vox se han abstenido, el Decreto-ley aprobado el pasado mes de octubre por el Consejo de Gobierno para simplificar y digitalizar los trámites para la concesión de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y el Decreto-Ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido ante el Pleno este decreto aprobado a propuesta de su departamento para la modificación de las medidas extraordinarias puestas en marcha durante la pandemia por Covid-19 en relación con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, con el objetivo de "agilizar y flexibilizar los trámites necesarios para su concesión".
Se trata, según ha abundado la consejera, de un paquete de medidas administrativas que incidirán directamente en la resolución de estos expedientes y, por lo tanto, en la reducción de la lista de espera y en los retrasos acumulados en estos procedimientos.
Rocío Ruiz ha defendido que las modificaciones introducidas mediante este decreto ley, junto con la implementación del plan de choque de refuerzo de personal para la revisión de los expedientes resueltos con arreglo a las medidas extraordinarias implementadas, permitirán tramitar la práctica totalidad de los procedimientos en el periodo de seis meses de duración del mismo.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, durante la sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía, a 10 de noviembre de 2021 en el Parlamento de Andalucía en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press
Con ello, según ha continuado, se pretenden salvar las importantes dificultades en su tramitación que viene arrastrando desde sus inicios la Renta Mínima, como la "procelosa" gestión de los expedientes, de los que hasta el 80% son objeto de requerimientos de documentación, ya que la mayor parte de los requisitos necesarios no son completamente verificables de forma telemática o no lo son de ninguna forma.
El nuevo decreto ley establece una serie de requisitos que suponen el filtro básico de acceso a la prestación, pero, según la Junta, "favorecen, asimismo, una gestión más ágil al comprobarse el cumplimiento en el momento de la solicitud".
Además, se elimina la obligatoriedad de presentar en todo caso nóminas y contratos de trabajo, quedando supeditado a los supuestos concretos en que el órgano gestor no pueda disponer de la información de manera telemática.
Posicionamiento de los grupos
En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Carmen Dolores Velasco ha denunciado que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs está "recortando en derechos y está jugando con la esperanza de muchas familias andaluzas, con anuncios falsos". Ha acusado a la Junta que no querer "compatibilizar" la renta mínima con el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central. Ha dicho que durante esta legislatura la renta mínima andaluza ha tenido un "recorte" de 118 millones, y ha alertado del "retraso" de hasta dos años para que las familias reciban la prestación desde que la solicitan, por una gestión "calamitosa" de la Consejería.
Por su parte, la parlamentaria del PP-A Virginia Pérez ha subrayado que el decreto pretende básicamente "agilizar el proceso para conceder la Renta Mínima y reducir la lista de espera", y ha valorado el trabajo que ha realizado el Gobierno de Juanma Moreno "mucho y bien por los andaluces". "Las cifras lo demuestran", ha agregado, y ha destacado que los datos de ejecución de la Renta Mínima del año 2020 demuestran que "ha llegado a 79.000 andaluces".
La diputada de Ciudadanos Concepción Insúa ha manifestado que, con este decreto, su partido hace gala de dos compromisos fundamentales, como son eliminar trabas burocráticas y ponerse al lado de las personas más vulnerables. "No somos un partido de meter a nadie en los cajones", según ha indicado Insúa, quien ha recalcado que las consejerías de Cs en el Gobierno andaluz están centradas en combatir las consecuencias de la pandemia y una medida fundamental es acabar con las "trabas burocráticas que tanto lastran a la economía y a los más vulnerables".
La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía Carmen Barranco ha advertido de que a su grupo le parece "poco realista" el plan de la Consejería, si bien ha decidido votar a favor de la convalidación del decreto, y "de aquí a seis meses veremos si cumplen su intención de rebajar la lista de espera a cero", según ha añadido antes de preguntar a la titular de Igualdad si no cree que "es el momento de acometer reformas estructurales en la Renta Mínima de Inserción Social", para la que la Junta ha presupuestado "80 millones" en el proyecto de cuentas andaluzas de 2022, que son "118 millones menos" que la cantidad consignada en el Presupuesto de 2018, según ha advertido.
Por último, la portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha señalado que "el mejor escudo social es el empleo", y ha denunciado que la renta mínima "aplica un concepto selectivo de vulnerabilidad", cuando hay que adoptar políticas sociales de forma coyuntural y no estructural. Ha indicado que medidas como la renta mínima "son inútiles" si no se ponen en marcha también políticas activas de empleo que combatan el desempleo. Ha señalado que la solución no es dar unos ingresos a las personas para que no pasen hambre, sino darles oportunidades reales para su integración social, si bien ha indicado que en su grupo están de acuerdo con la agilización de los trámites que se refleja en el decreto.