El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves que el Gobierno andaluz establezca una ayuda a familias por hijo a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza, según se recogía en una proposición no de ley de Unidas Podemos sobre erradicación de la pobreza y exclusión social en Andalucía.
Ese punto ha sido rechazado con los votos de PP-A, Cs y Vox. La iniciativa de Unidas Podemos, que ha contado con el apoyo de PSOE-A, ha sido aprobada parcialmente, ya que el resto de grupos han votado algunos de sus puntos.
Así, entre los puntos aprobados, se recoge priorizar los recursos destinados a las políticas de infancia y familias aumentando la inversión social en infancia y familias para acercarlo a la media europea, así como potenciar la transparencia de las partidas económicas destinadas a protección de la infancia y hacer público el seguimiento de su ejecución en la comisión que se creó a tal efecto.
También se ha pedido implantar la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, pública, promoviendo la escolarización en esta franja educativa de la infancia en situación de riesgo de pobreza y exclusión.

El parlamentario de Unidas Podemos Jesús Fernández
Otra demanda aprobada se refiere a que la Junta garantice los servicios educativos complementarios en aquellos centros de titularidad pública que escolaricen alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social e irlos incorporando progresivamente a todos los centros que lo soliciten, así cómo aumentar los recursos humanos en los centros educativos de compensatoria para ayudar a la labor de coordinación de los centros educativos con los servicios sociales comunitarios. También se ha instado al Ejecutivo a asegurar el acceso de la población migrante al sistema educativo en condiciones de igualdad con la población autóctona a través de recursos de apoyo específico para esta población, y bonificar más de una actividad extraescolar al alumnado en riesgo de exclusión social en Primaria.
En defensa de la iniciativa, el diputado de Unidas Podemos Jesús Fernández ha indicado que para lograr la justicia social en Andalucía necesitamos la articulación de una política social eficaz, participativa, universal y descentralizada, cercana a las realidades sociales de nuestros territorios, con un sistema público fuerte de servicios sociales concebido como derecho fundamental de gestión directa.
Ha agregado que este sistema ha de impulsar el desarrollo social integral de las personas y las comunidades en nuestros territorios, dotado de mecanismos reales y recursos eficaces que hagan posible la atención a toda la población andaluza. "Tenemos que erradicar las causas que dan origen a los procesos de exclusión social y actuar en sus consecuencias, impulsando la solidaridad entre personas", ha apuntado.