San Pedro Alcántara
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El Seprona de la Guardia Civil ha incautado 14 trofeos de corzo y dos desmogues tras sorprender a dos personas que los transportaban de madrugada en un vehículo por la comarca burgalesa del Arlanza. Los investigados no pudieron acreditar la procedencia legal de las piezas ni presentar los precintos obligatorios que justifican la caza, el transporte y la tenencia de estos ejemplares.
La actuación se inició tras las quejas de titulares de aprovechamientos cinegéticos de la zona, que habían denunciado la aparición reiterada de corzos muertos sin cabeza en distintos parajes. Los animales presentaban orificios compatibles con disparos de arma de fuego, lo que llevó a los agentes a abrir una investigación por posibles prácticas furtivas.
El seguimiento resultó complejo por las características del terreno, la amplitud de los cotos y el uso de horarios nocturnos por parte de los presuntos infractores. La Guardia Civil intensificó las vigilancias discretas en carreteras secundarias y caminos de la comarca hasta detectar un turismo que se desplazaba con frecuencia de noche por las zonas afectadas. Sus ocupantes procedían de otra comunidad autónoma.
El vehículo fue interceptado una madrugada en una vía que comunica varios acotados de caza. Durante el registro del maletero, los agentes localizaron 14 cabezas de corzo ya trabajadas en taxidermia y montadas sobre tablas, algunas de ellas de tamaño y volumen singular. Las piezas portaban placas con iniciales que coincidían con las de los ocupantes del vehículo.
Los agentes comprobaron que los implicados carecían de licencia de caza en Castilla y León, aunque sí disponían de permiso de armas y de varias armas registradas a su nombre. Sin embargo, no pudieron presentar documentación que acreditara que los corzos habían sido abatidos legalmente ni enseñar los precintos y matrices exigidos por la normativa.
La falta de estos precintos es clave en la investigación. El precinto, ya sea en formato físico o digital, permite identificar el terreno cinegético en el que ha sido abatido el animal y autoriza su traslado, transporte y tenencia. Debe colocarse en la cuerna o registrarse por vía telemática de forma inmediata después de abatir la pieza y antes de moverla.
Ante la ausencia de acreditación legal, el Seprona levantó actas denuncia e incautó los trofeos. Las diligencias han sido remitidas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos, que deberá valorar las posibles infracciones administrativas y las sanciones correspondientes.
Según los precedentes citados por la Guardia Civil, hechos similares han derivado en sanciones cercanas a los 6.000 euros por ejemplar, al sumar la valoración económica de cada animal abatido ilegalmente y la multa por infracción de la normativa de caza. En este caso, la cuantía final dependerá de la valoración administrativa de cada pieza y de las circunstancias acreditadas en el expediente.
La investigación pone de nuevo el foco en el impacto del furtivismo sobre el medio rural. Además del daño ambiental, estas prácticas perjudican a ayuntamientos, juntas vecinales, propietarios y gestores de cotos, así como a los cazadores que cumplen la normativa. La Guardia Civil ha anunciado que continuará reforzando los controles y las verificaciones para detectar actividades irregulares en la provincia.
El cuerpo recuerda además la importancia de la colaboración ciudadana para comunicar indicios de furtivismo o cualquier otra actividad que pueda afectar al patrimonio natural. Las denuncias pueden realizarse a través del teléfono 062 o mediante la aplicación Alertcops, con tratamiento discreto y anónimo de la información facilitada.
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