El Defensor del Pueblo investiga la situación humanitaria de los migrantes que permanecen en Ceuta

El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para analizar la respuesta de las administraciones públicas a la crisis humanitaria que atraviesa Ceuta tras el cruce irregular de la frontera de El Tarajal de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio. La institución quiere conocer qué medidas se han adoptado y cuáles están pendientes para atender de forma coordinada a los migrantes que continúan en la ciudad autónoma.

La oficina que dirige Ángel Gabilondo se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno en Ceuta para recabar información sobre la situación de las personas afectadas, muchas de ellas menores, y sobre los recursos disponibles para su atención.

El Defensor ha solicitado a Migraciones datos sobre la situación humanitaria de quienes permanecen en Ceuta y pernoctan a la intemperie por la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la falta de otros espacios de acogida. La institución ha trasladado además quejas recibidas sobre condiciones de gran precariedad, con carencias de agua potable, duchas, productos de aseo e higiene, ropa limpia, atención sanitaria suficiente y alimentos.

La actuación también se centra en la situación de los menores extranjeros no acompañados. Según el Defensor del Pueblo, muchos siguen pendientes de identificación y permanecen escondidos en distintas zonas de la ciudad. La institución ha pedido información a la Fiscalía General del Estado y a la Ciudad Autónoma sobre las medidas adoptadas para localizarlos, protegerlos e incorporarlos al sistema de protección de menores.

El organismo ha mostrado especial inquietud por la situación de las niñas que aún no han sido acogidas por los servicios de protección, después de que varios medios de comunicación hayan publicado que alguna de ellas habría sufrido una agresión sexual. El Defensor reclama que las administraciones actúen con rapidez para garantizar la seguridad, identificación y atención de todos los menores afectados.

El Defensor del Pueblo ha requerido además a la Delegación del Gobierno en Ceuta información sobre el número de personas con necesidades de protección internacional que accedieron a la ciudad y siguen en ella, el número de solicitudes de asilo presentadas desde el 30 de julio y el número de personas sometidas al triaje previsto por la legislación europea para nacionales de terceros países.

Tras el cruce irregular de la frontera, Gabilondo mantuvo conversaciones con las principales autoridades de la ciudad autónoma, trasladó el pésame por los fallecidos y defendió la necesidad de acoger a los menores con la colaboración de las comunidades autónomas. La institución insiste en que la respuesta debe combinar asistencia humanitaria, identificación individualizada, garantías legales y coordinación entre administraciones.

Ángel Gabilondo ha reiterado su solidaridad con el pueblo ceutí, que vive "días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis", y ha recordado que es imprescindible escuchar a las personas afectadas, contar con intérpretes y asistencia letrada, determinar su situación conforme a la legalidad y actuar en consecuencia. La actuación de oficio busca precisamente comprobar si la respuesta institucional está garantizando esos derechos en un contexto de emergencia humanitaria y elevada presión sobre los recursos de acogida de Ceuta.