Guía de San Pedro Alcántara
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La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en una urbanización de la ciudad, ha dictado una providencia por la que exige el pago de una fianza de 3.000 euros al grupo municipal socialista para ejercer la acusación popular en la causa.
Tras recibir un escrito de la portavoz de esa agrupación en el Consistorio alicantino, la instructora señala que únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por abogado/a y procurador/a y el depósito de la caución citada.
La magistrada también ha emitido un auto por el que desestima el recurso de reforma interpuesto por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra una providencia anterior en la que se le exigía a esa entidad la misma fianza, 3.000 euros, igualmente para personarse en las diligencias previas como acusación popular.
La resolución judicial cita diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala esa decisión y recoge que la cuantía de la caución impuesta en este caso es proporcionada, atendida la capacidad económica de los querellantes, y no impide a éstos ni obstaculiza gravemente ejercitar su derecho.
Además, el órgano judicial ha trasladado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la documentación aportada por la Conselleria de Vivienda y la cooperativa promotora de las viviendas del Residencial Les Naus.
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