San Pedro Alcántara
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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la Fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, han firmado hoy un acuerdo de colaboración que permitirá a los fiscales europeos utilizar el Punto Neutro Judicial como herramienta en la investigación de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, cuya competencia le atribuyen el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre de 2017 y la Directiva (UE) 2017/1371.
El Punto Neutro Judicial es red de comunicaciones que permite a los órganos judiciales acceder a información y estar conectados a otras entidades, como administraciones públicas, colegios profesionales, entidades financieras o registros, con el objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos. A través del Punto Neutro Judicial, los jueces pueden acceder, por ejemplo, a las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Tráfico, bancos y cajas de ahorro.
Con la firma de este acuerdo, se establece un cauce de colaboración entre el CGPJ y la Fiscalía Europea para la obtención por parte de ésta, cuando ejerza las funciones establecidas en la ley, de la información contenida en las bases de datos de las administraciones y organismos que integran el Punto Neutro Judicial.
El acceso a la información requerirá la existencia previa de una resolución procesal que autorice la solicitud de información y sólo podrá realizarse por los usuarios que hayan sido autorizados.
La Fiscalía Europea se compromete a velar por el correcto uso de la red de comunicaciones, a formular las peticiones de información sólo en el ejercicio de sus funciones y previa resolución que lo justifique y a no incluir los datos obtenidos en bases de datos o ficheros que puedan ser consultados por terceras personas físicas o jurídicas. Asimismo, la Fiscalía Europea tendrá la condición de responsable independiente del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso.
El acuerdo de colaboración tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable, y su aplicación será revisada por una Comisión Mixta de Seguimiento que se reunirá a tal efecto al menos una vez al año.
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