El Ayuntamiento de Málaga digitalizará a partir de hoy mismo el 100% de la documentación en papel que reciba en sus registros y en los de sus organismos autónomos. Así lo ha explicado la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, que ha informado acerca de la primera fase de la implantación del sistema integral de tramitación administrativa electrónica, que reducirá los plazos de tramitación de documentación y supone una forma más sostenible de gestión.
El objetivo de este proyecto, en el que se viene trabajando desde el pasado mandato, es mejorar la eficiencia de los procesos de tramitación municipales mediante el despliegue de herramientas tecnológicas que permitan la implantación de una administración digital.
De este modo, si bien hasta ahora se podían y podrán realizar trámites y registro de documentación a través de la sede electrónica municipal (https://sede.malaga.eu/), a partir de hoy toda documentación que sea entregada en los registros municipales en papel será digitalizada. Esto supondrá incrementar en algunos casos los tiempos de atención a quienes opten por acudir presencialmente a entregar sus escritos y solicitudes, pero reducirá considerablemente la posterior tramitación de los procedimientos.

En efecto, las áreas gestoras del Ayuntamiento que deben tramitar la documentación en cada caso la recibirán el mismo día en el que ésta sea registrada. Hasta ahora, la necesidad de enviar la documentación en papel suponía que transcurrieran días en algunos casos. Ahora, ese tiempo se acorta y se facilita que la tramitación de los procedimientos comience antes.
La eliminación del papel, además de una ventaja en lo que a la agilización de la tramitación se refiere, conlleva una reducción de la huella de carbono al reducir desplazamientos entre distintas sedes municipales y supone una forma más sostenible de gestión, en la línea de la estrategia del Ayuntamiento de Málaga. Además, implica el cumplimiento de la legislación nacional al respecto (leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público).





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