Zapico asegura que la futura ley autonómica garantizará “que no se venda ninguna vivienda pública más en Asturias”

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha asegurado hoy que el borrador de Ley de Vivienda elaborado por su departamento "pone a las personas en el centro y está pensado para facilitar su derecho a acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible". Según ha subrayado, la futura norma, "que no está supeditada a ningún otro tipo de intereses económicos", garantizará que en Asturias "no se venda ninguna vivienda pública más".

Así, el consejero de Vivienda ha destacado que está norma blinda el carácter permanente de la vivienda protegida, tanto de iniciativa pública como privada. En el caso de las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) de promoción privada, la entrada en vigor de la norma evitará que se vendan a terceros en el mercado libre. Por ahora, los propietarios de este tipo de inmuebles pueden venderlos sin restricciones una vez caducado el plazo establecido para su protección. Sin embargo, con la nueva normativa esa protección tendrá carácter permanente.

Por otra parte, la ley blinda también la protección permanente de la vivienda pública y asegura que únicamente pueda destinarse al alquiler asequible.

El titular de Derechos Sociales ha denunciado la "descapitalización" del parque público de viviendas del Principado, que según ha recordado ha pasado de 30.000 propiedades en los años 80 a las 9.700 actuales. El objetivo del Principado, ha precisado, pasa por construir al menos otras mil en esta legislatura: 600 cuya construcción ya está en marcha y 400 más que están iniciando su tramitación administrativa.

El consejero ha presentado hoy a los medios de comunicación, junto con el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el redactor del texto, José María González Gancedo, el anteproyecto de esta norma, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) para iniciar el trámite de información pública, con un plazo de 20 días hábiles.

Una vez concluido ese proceso, se analizarán y resolverán las alegaciones que se reciban, de modo que el Consejo de Gobierno pueda aprobar el proyecto de ley en otoño para su posterior tramitación en la Junta General.

Ovidio Zapico espera que la norma reciba un "amplio respaldo" de la Cámara. En este sentido, ha explicado que ya se han mantenido contactos con los grupos de izquierda y con la derecha democrática para informarles sobre el contenido. Además, ha vuelto a reiterar su ofrecimiento de diálogo a todas las fuerzas políticas para sacar adelante la ley.

Entre las principales novedades de la norma, figura la creación del Sistema Asturiano de la Vivienda Protegida (SAVP), que integrará todas las actuaciones públicas dirigidas a garantizar el acceso estructural, estable y permanente a una vivienda, digna, adecuada y asequible, especialmente para los colectivos con mayores dificultades económicas o sociales.

Por su parte, el director general de Vivienda ha explicado que este sistema "engloba no solo la promoción, clasificación y calificación de las viviendas protegidas, sino también su adjudicación, régimen económico, inspección, conservación y control, así como la gestión del suelo público sobre el que se asientan".

Sánchez ha añadido que el SAVP, que no supondrá coste extraordinario alguno para las arcas autonómicas, incluye la creación del Observatorio Asturiano de la Vivienda, el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y el Registro Autonómico de Viviendas Desocupadas, lo que configura un sistema de información, seguimiento y gestión fundamentado en la transparencia, la objetividad y la eficiencia.

Respecto a la inspección, la ley recoge que los responsables de esta actividad sean considerados agentes de autoridad y establece sanciones para evitar el fraude, con multas que pueden llegar hasta el 25% del precio de la vivienda afectada.

"Hoy la vivienda es la mayor de las preocupaciones para la ciudadanía asturiana y española. En estos primeros dos años de legislatura nos hemos centrado en la gestión. Con esta ley, fruto del aprendizaje y la experiencia, es el momento de dar orden jurídico a estas cuestiones", ha precisado Zapico, quien ha añadido que el derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 47 de la Constitución y que los poderes públicos deben implementar las medidas oportunas para su cumplimiento.