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La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido una opinión desfavorable sobre el cumplimiento de la legalidad del Ayuntamiento de Garrucha (Almería) en el ejercicio 2022 y ha rechazado pronunciarse sobre sus cuentas al detectar graves deficiencias en contratación, personal, control interno y tesorería, entre ellas 7,87 millones de euros en gastos sin cobertura contractual entre 2015 y 2024.
El informe provisional de fiscalización, incluido en el Plan Anual de Actuación de 2024 de la Cámara de Cuentas, concluye que las actividades y operaciones desarrolladas por la entidad local "no resultan conformes con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos" debido a la importancia de los incumplimientos detectados.
Entre las principales irregularidades, el órgano fiscalizador señala que 23 proveedores facturaron al Ayuntamiento 1,06 millones de euros en 2022 sin la previa tramitación del procedimiento contractual establecido, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público.
La Cámara extiende el alcance temporal del problema y cifra en 7,87 millones de euros el volumen de gastos sin cobertura contractual detectados entre los años 2015 y 2024 -todo el mandado de la socialista María López Cervantes, que gobernó el municipio entre 2015 y 2023, y el primer año de Pedro Zamora (PP)-.
Además, recoge que el propio Ayuntamiento reconoce que no formalizó contratos administrativos conforme al procedimiento legal desde al menos 1975 hasta 2018, año en el que adjudicó el primero, mientras que en ejercicios posteriores el número de expedientes formalizados fue aumentando progresivamente.
El informe también cuestiona el sistema de control interno municipal. Según la Cámara, en 2022 no se ejerció la función interventora, esto es, no hubo fiscalización previa de gastos, pagos ni control financiero, una situación que se habría prolongado hasta noviembre de 2024. El propio interventor atribuye esta circunstancia a la falta de tiempo.
En materia de personal, el órgano fiscalizador aprecia posibles indicios de responsabilidad contable en varios supuestos. Así, sostiene que el interventor municipal percibió en 2022 2.984,44 euros por encima del límite legal previsto para puestos desempeñados en régimen de acumulación, exceso que eleva a 14.011,68 euros entre 2020 y 2024.
Asimismo, apunta a irregularidades en el abono de horas extraordinarias y señala que el Ayuntamiento pagó 155.803,50 euros en gratificaciones a 107 empleados públicos sin constancia previa de que se correspondieran con trabajos realizados fuera de la jornada normal, además de identificar 17 trabajadores que habrían superado el límite máximo anual de horas extra, con pagos de al menos 75.136,50 euros por encima del máximo legal permitido.
La fiscalización también detecta anomalías en la organización institucional, como el hecho de que una concejal en régimen de dedicación parcial percibiera unas retribuciones equivalentes a las de otros dos ediles con dedicación exclusiva, o que miembros de la corporación cobraran importes superiores a los aprobados por el pleno municipal.
Otro de los aspectos destacados del informe afecta a la tesorería municipal y al aparcamiento subterráneo. Sostiene que vigilantes del parking manejaron durante años dinero en efectivo derivado del cobro de fianzas por mandos a distancia sin cobertura en ordenanza, sin control contable y sin autorización formal, además de no ingresarse esos fondos en cuentas municipales salvo un ingreso puntual de 910 euros realizado en 2025, por lo que afirma desconocer el destino del dinero desde 2014.
Finalmente, el balance económico anual quedó afectado por la contabilización de cuatro millones de euros procedentes del canon del agua, un ingreso anticipado correspondiente a un periodo de 25 años que, según la Cámara de Cuentas, no fue periodificado correctamente.
Este órgano realiza en su informe diversas recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas en la gestión económica y administrativa del consistorio levantino.
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