La asamblea local de Izquierda Unida (IU) en El Ejido ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra el Ayuntamiento del municipio por la demolición de asentamientos y el corte del suministro eléctrico que afecta a unas 200 familias vulnerables.
Según ha informado la formación política, el corte de luz se ha producido tras un operativo policial en la barriada del Pozo de la Tía Manolica y el Barrio Cortés, lo que ha dejado a los vecinos sin suministro a las puertas del verano.
El coordinador local de IU, Enrique Usoz, ha tachado la situación de "crueldad intolerable" y ha acusado al alcalde, Francisco Góngora (PP), de imponer un "castigo colectivo" bajo el pretexto de perseguir cultivos ilegales.
Usoz ha señalado que la medida del consistorio afecta a "familias enteras que viven honradamente desde hace décadas", incluyendo a ancianos dependientes de respiradores de oxígeno y a niños pequeños que se han quedado sin luz ni neveras ante el aumento de las temperaturas.

Ayuntamiento de El Ejido
La queja elevada al Defensor del Pueblo también denuncia la "instrumentalización política" de los desahucios forzosos y de este drama humanitario en los perfiles de redes sociales del PP local, bajo el lema "El Ejido es mi prioridad".
Usoz ha criticado que se pretenda "vender como un logro político" el dejar a familias en la miseria, recordando al regidor que su obligación constitucional es gobernar para todos los ciudadanos.
Ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ampara la inviolabilidad del domicilio, incluidas las infraviviendas, y exige buscar alternativas habitacionales previas a los desahucios.
La formación ha censurado la "estrategia municipal de criminalizar la pobreza", acusando al Ayuntamiento de no garantizar el derecho a una vivienda digna.
La organización ha instado al Defensor del Pueblo a intervenir de urgencia para fiscalizar las actuaciones, exigir la retirada de lo que consideran propaganda aporófoba y demandar un plan de realojo, así como el restablecimiento del servicio eléctrico a las familias afectadas mediante la instalación de contadores sociales.





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