Adelante Andalucía reclama al Gobierno andaluz la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 de medidas "urgentes y extraordinarias para combatir el impacto económico y social" del Covid-19 como el programa de ayuda al alquiler de la vivienda habitual y el programa de ayudas a víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables.
Esta reclamación se enmarca en la batería de medidas que el grupo de Adelante defenderá esta semana en el Pleno del Parlamento destinadas a "prevenir los problemas de vivienda que ya comienzan a surgir como resultado de la crisis económica derivada de la pandemia", así como a "garantizar la función social de la vivienda en la comunidad autónoma", según ha informado este martes la confluencia en una nota.
La iniciativa, que será defendida el próximo jueves por el portavoz de Vivienda de Adelante, Diego Crespo, contempla un total de 33 medidas entre las que destaca el incremento del presupuesto andaluz para estas políticas hasta alcanzar el 2,5% del PIB anual a partir de 2021, lo que permitiría equiparar a Andalucía a la media europea de inversión en vivienda, según subrayan desde la confluencia.
Asimismo, ante el "agravamiento" de los problemas de acceso o mantenimiento de viviendas en un contexto de "grave crisis económica" como el actual, desde Adelante se insta a la administración andaluza a "proteger a todas las personas en situación de exclusión habitacional o energética estableciendo mecanismos de coordinación que faciliten a los usuarios en riesgo el acceso a los recursos públicos habitacionales, sanitarios o de servicios sociales entre otros".
Por otra parte, y "ante el incremento de desahucios por motivos económicos que pueda experimentarse", la confluencia andaluza exigirá "la rúbrica de un convenio entre el Gobierno andaluz y entidades bancarias para que éstas no desahucien a las personas por razones económicas y se puedan alcanzar soluciones alternativas al desalojo de familias afectadas por la crisis".
Por último, la iniciativa de Adelante Andalucía contempla "el control de los precios del alquiler en ciudades con gran presión habitacional; el impulso de leyes que permitan movilizar la vivienda vacía existente en la comunidad autónoma, así como la incorporación a la legislación autonómica de la definición de acción especulativa, entendida como aquella que consiste en adquirir una vivienda o suelo para posteriormente venderlo, obteniendo un beneficio sin invertir, transformar o mejorar el bien, lo que supondría un primer paso legal para establecer mecanismos administrativos que sancionen a quienes participen o se beneficien de especular con un bien de primera necesidad", según argumentan desde Adelante.