La militancia andaluza centra las casi 1.900 enmiendas a la ponencia del 41 Congreso Federal en la financiación autonómica, los servicios públicos y el municipalismo

La militancia socialista andaluza ha planteado a través de sus federaciones provinciales 1.857 enmiendas a la ponencia del 41 Congreso Federal, tras el proceso de discusión y aprobación de las convenciones de delegados y delegadas en sus respectivos territorios y para su debate en el cónclave que se celebra el próximo fin de semana en Sevilla.

La negociación y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, el blindaje de servicios públicos tan esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia y el impulso del municipalismo centran en gran medida las 1.560 enmiendas al texto de la ponencia y 297 a los estatutos planteadas por la militancia socialista desde las provincias andaluzas.

También son más numerosas las propuestas sobre el impulso de la igualdad de género y las políticas ambientales y la mejora del empleo y el acceso a la vivienda en Andalucía y en España.

Por agrupaciones provinciales, Sevilla presenta 596 enmiendas, Granada promueve 404 y Cádiz plantea 251, seguidas de 238 en Jaén, 123 en Huelva, 91 Málaga, 77 Almería y Córdoba, otras 77.

Sobre la reforma de la financiación autonómica, la militancia socialista andaluza reivindica en sus enmiendas el acuerdo del Parlamento de Andalucía de 2018 y reclama que el nuevo sistema garantice que la ciudadanía tenga acceso al mismo nivel de servicios públicos en todas las comunidades, con suficiencia financiera en cada autonomía para sostener dichos servicios públicos.

El socialismo andaluz apuesta por la negociación multilateral entre todas las comunidades sobre la financiación autonómica, por reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por incluir en el nuevo sistema los controles e incentivos necesarios para garantizar el carácter público, de excelencia y de acceso universal de los servicios públicos.

A nivel más técnico, las enmiendas a la ponencia desde las federaciones provinciales andaluzas plantean la revisión del concepto de habitante ajustado, para garantizar un cálculo más preciso y actualizado del coste de los servicios públicos, y la implantación de una cláusula de reequilibrio automático del sistema para limitar las grandes diferencias en la financiación por persona.

Además, la ponencia federal ha recibido desde las federaciones andaluzas múltiples aportaciones sobre el modelo territorial del país, defendiendo el federalismo europeísta que entiende España a partir de sus autonomías y desde la igualdad y solidaridad entre territorios.

El debate en las federaciones provinciales socialistas de Andalucía sobre la situación de los servicios públicos ha sido intenso, según reflejan las enmiendas planteadas a la ponencia del 41 Congreso Federal, centradas sobre todo en introducir en la Constitución como derechos fundamentales los sistemas públicos de salud, servicios sociales y seguridad social, al igual que la educación. El objetivo es garantizar la universalidad de los derechos sociales básicos, por la condición de ciudadanía española en todo el territorio nacional y sin discriminación alguna.

En materia sanitaria, son numerosas las propuestas de la militancia andaluza para incluir la salud mental en los servicios de atención primaria con unidades específicas que incidan en la prevención de estas dolencias, del suicidio y de las adicciones. Destaca el planteamiento de introducir modificaciones en la normativa del IRPF para deducir gastos ocasionados por la deficiente respuesta del sistema sanitario público a los problemas de salud mental.

Sobre educación, se insiste en las enmiendas socialistas de las provincias andaluzas en aprovechar la bajada de la natalidad para reducir en un 20% la ratio de alumnado por aula en todos los niveles, así como reforzar la enseñanza inclusiva y no segregadora con medidas que incorporen a profesorado especializado, entre otras.

Respecto a servicios sociales y dependencia, la atención a las personas cuidadoras centran en gran medida las enmiendas, con iniciativas como asignar de manera obligatoria un porcentaje de los recursos del sistema a la asistencia y formación de familiares, incluyendo cobertura salarial progresiva que compute a nivel curricular y de cotización para pensiones, y el establecimiento de mecanismos legales que eviten que las comunidades puedan privatizar o deteriorar la atención a dependientes y garanticen suficiente financiación.

En la línea de los contenidos prioritarios a debate planteados por la organización federal socialista en el cónclave de Sevilla, la vivienda acapara multitud de enmiendas de las agrupaciones socialistas andaluzas, en respuesta a la creciente preocupación ciudadana.

En este ámbito, destaca como aportación destacada la inclusión en la legislación estatal del derecho subjetivo al acceso a la vivienda, a desarrollar mediante el incremento de la oferta de alquiler protegido y alojamientos dotaciones y a través de una prestación económica que permita a las personas acceder a un arrendamiento fuera del mercado protegido en zonas tensionadas, ante la escasez actual de VPO.

La militancia andaluza en sus federaciones provinciales propone mantener la calificación de vivienda protegida de manera permanente y eliminar los mecanismos de descalificación para evitar su enajenación en el mercado libre. El impulso de las políticas públicas de alquiler, con bolsas públicas de intermediación del arrendamiento y unidades de mediación entre inquilinos y propietarios que eviten desahucios; la puesta en marcha de una estrategia de prohibición de la especulación inmobiliaria a través de un impuesto sobre las ganancias de capital por venta de prioridades en periodos cortos; la modificación de la Ley del Suelo para obligar a promotores de viviendas de renta libre a la edificación simultánea del 30% de reserva de VPO obligatorio, o promover garantías de que el patrimonio municipal del suelo tenga como destino finalista facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en alquiler.

En relación a esta problemática habitacional, la militancia andaluza representada en sus agrupaciones provinciales reivindica en enmiendas la regulación y fiscalización de las viviendas turísticas, proponiendo la eliminación de todas las ilegales y la limitación de los alojamientos turísticos en áreas de alta demanda residencial. Se planta incluso su supresión en zonas tensionadas o iniciativas como establecer un número de días en que un propietario puede arrendar su vivienda a turistas.

Respecto al debate sobre la tasa turística, se propone un marco jurídico para que los ayuntamientos puedan implantarla para suavizar los efectos negativos del turismo, ante la pasividad de administraciones autonómicas como la andaluza. También se plantea una tasa por convivencia vecinal, a cobrar a propietarios de pisos turísticos y para financiar iniciativas que beneficien a la comunidad local.

En las enmiendas a la ponencia federal de las agrupaciones andaluzas, resaltan también las aportaciones en defensa del municipalismo y la financiación local, con propuestas como garantizar mayor financiación e incondicionada para el reconocimiento de las competencias propias del municipio o la ampliación de las existentes.

En esta línea, estas propuestas reclaman un mecanismo de compensación ante cualquier modificación sobre tributos locales que introduzcan otras administraciones públicas en la normativa; la recaudación por los ayuntamientos del impuesto de residuos; la supresión de limitaciones en el destino de superávit de los entes locales, y el desarrollo de un nuevo acuerdo determine la cuantía inicial de la aportación del Gobierno central (PIE), entre otras.

La igualdad de género es otro asunto fundamental para militancia socialista andaluza, que promueve en esta materia desde las federaciones provinciales enmiendas como la puesta en marcha de un plan estatal de protección a la mujer en espacios digitales, con medidas para erradicar las vejaciones y la violencia contra las mujeres en todas sus formas, sobre todo entre las más jóvenes, en el mundo digital que las trata de disciplinar, apartar y sexualizar.

Destaca la propuesta de reforma de la Ley de Partidos para que todas la formaciones políticas tengan buzones o canales internos anónimos para denunciar el acoso y las agresiones sexuales, así como la creación de una figura referente en la Comisión de Ética y Garantías del PSOE contra el acoso y la violencia sexual y la ampliación del reglamento disciplinario interno para afrontar cualquier caso de acoso, agresión o discriminación.

En materia ambiental, las iniciativas se centran en el impulso de las energías renovables encauzando la iniciativa privada en un marco normativo que garantice el interés general, con límites al afán especulativo y protección asegurada del medio natural.

Hay numerosas enmiendas de las agrupaciones provinciales andaluza vinculadas al mundo del trabajo, en gran medida insistiendo en la necesidad de que el PSOE fortalezca sus contactos con las clases trabajadoras y los sindicatos de manera sólida y activa y con propuestas que respaldan la idea de la reducción del tiempo de trabajo, con especial incidencia en el sector servicios.

Aunque las enmiendas desde Andalucía a la ponencia del 41 Congreso Federal tienen alcance nacional, destacan variadas propuestas en referencia a cuestiones singulares de los territorios.

Desde la federación provincial de Cádiz se plantea la necesidad de cerrar un acuerdo sobre la nueva relación con Reino Unida respecto a Gibraltar, que permita el desarrollo de la Comarca de Gibraltar desde la base de la desaparición de la frontera, la conversión de Gibraltar en territorio Schengen y el uso compartido del aeropuerto.

También se promueven enmiendas reivindicativas de la actividad industrial en territorio gaditano de Airbus, Astilleros, las empresas de la piel de Ubrique y las entidades dedicada a la economía azul.

En esta misma línea, la militancia andaluza de la agrupación socialista de Sevilla resalta la importancia de impulsar el transporte férreo en la zona de Sierra Morena, como mejora estratégica para la comunidad y todo el país.