El PSOE defiende la reforma “justa” de financiación autonómica y la quita de la deuda como una oportunidad “histórica”

La diputada nacional del PSOE, Isabel Pérez, ha defendido la necesidad urgente de abordar de manera integral la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y la quita de la deuda autonómica, dos medidas inseparables para garantizar "la equidad territorial, la justicia social y la sostenibilidad de los servicios públicos, especialmente en comunidades históricamente infrafinanciadas como Andalucía".

El actual Sistema de Financiación Autonómica se encuentra caducado desde 2014, lo que ha generado una situación prolongada de infrafinanciación estructural que ha afectado de forma especialmente grave a Andalucía. Esta situación no es nueva. "Entre 2011 y 2018, durante los gobiernos del Partido Popular, incluida una etapa con mayoría absoluta, el sistema permaneció caducado sin que se impulsara reforma alguna, pese a las reiteradas advertencias de Andalucía y de otras comunidades autónomas sobre la insuficiencia de recursos", ha señalado Pérez.

Como consecuencia directa de este modelo injusto y de las políticas de recortes aplicadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Andalucía sufrió una merma aproximada de 11.000 millones de euros y se vio obligada a recurrir al endeudamiento para sostener los servicios públicos esenciales.

Entre 2012 y 2018, la deuda andaluza se incrementó en más de 27.000 millones de euros, no para realizar inversiones extraordinarias, sino para garantizar la sanidad, la educación y el sistema de atención a la dependencia.

Esta realidad fue reconocida institucionalmente por el Parlamento de Andalucía en el Dictamen sobre el modelo de financiación autonómica aprobado en 2018, fruto del trabajo de una comisión de expertos y del acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular.

Dicho dictamen estableció de forma inequívoca que la solución debía abordarse de manera global, mediante una reforma profunda del sistema de financiación que garantizara suficiencia financiera, equidad territorial y solidaridad entre comunidades, junto con un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica que compensara el sobreendeudamiento provocado por años de financiación insuficiente, según señaló Pérez.

El propio dictamen advertía de que la deuda generada para sostener los servicios públicos compromete los presupuestos futuros y limita la capacidad de respuesta de las administraciones, por lo que su reestructuración debe entenderse como una cuestión de justicia social y de equidad entre generaciones.

En coherencia con estas conclusiones, "el Gobierno de España ha presentado una propuesta que, por primera vez, aborda de forma conjunta ambos objetivos", declaró Pérez. En el caso de Andalucía, la quita de deuda permitiría reducir el endeudamiento en torno a "19.000 millones de euros, situándola como la comunidad más beneficiada del conjunto del Estado, con un ahorro estimado en intereses superior a los 1.400 millones de euros, lo que supondría liberar recursos para reforzar los servicios públicos y la inversión pública", dijo.

De manera paralela, la propuesta de reforma del sistema de financiación contempla un incremento global de los recursos superior a los 20.900 millones de euros, una mejora en el cálculo de la población ajustada incorporando variables reales de coste que favorecen a Andalucía, el refuerzo de los mecanismos de solidaridad interterritorial, una reducción significativa de las desigualdades de financiación entre comunidades y la garantía expresa de que ninguna comunidad autónoma verá mermados sus recursos.

Como resultado de esta reforma, Andalucía volvería a situarse como la comunidad más beneficiada, con un aumento estimado de 4.846 millones de euros adicionales.

Pese a estos datos, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha rechazado de forma tajante la propuesta de quita de deuda. Las manifestaciones públicas del presidente de la Junta, de la consejera de Hacienda y del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, permiten anticipar una oposición también a la reforma del sistema de financiación, sin que se haya presentado una alternativa concreta, cuantificada y viable, evidenciando una estrategia de confrontación política alejada de criterios técnicos y económicos.

Resulta especialmente relevante que el 22 de diciembre de 2023 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreciera al líder del Partido Popular la apertura de una mesa de trabajo para abordar la reforma del sistema de financiación, propuesta que fue rechazada incluso antes de iniciar el diálogo, lo que demuestra una clara voluntad de bloqueo.

Esta actitud se ha traducido igualmente en el abandono de foros técnicos, el rechazo sistemático de propuestas en órganos multilaterales y el uso constante del agravio territorial como argumento político, ocultando además la falta de una posición común del Partido Popular entre las comunidades autónomas que gobierna.

"La incoherencia resulta aún más evidente si se recuerda que el Partido Popular apoyó en 2018 la reestructuración de la deuda autonómica y la lucha contra el dumping fiscal, posiciones de las que ahora se desmarca pese a ostentar el Gobierno de Andalucía", declaró Pérez.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista considera imprescindible mantener una posición firme, responsable y alineada con el interés general, apoyando la reforma del sistema de financiación y la quita de deuda por tratarse de medidas necesarias, complementarias y claramente beneficiosas para Andalucía y para sus municipios. En este sentido, se advierte de que Marbella y San Pedro dejarían de recibir 110 millones de euros si estas medidas no se llevan a cabo.