El PSOE-A recurrirá el archivo de la causa contra los contratos de emergencia del SAS al entender que se mantiene el delito de prevaricación

El PSOE-A recurrirá la decisión del juzgado número 13 de Sevilla de archivar la causa de los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia al entender que los hechos denunciados por el partido requieren de una investigación completa que está lejos de haber concluido.

Ha sido la propia Intervención General de la Junta de Andalucía la que, en informes posteriores a la denuncia de la falta de fiscalización previa de los contratos decidida por el Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020, ha confirmado múltiples irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado. Estamos, por tanto, ante un posible delito de prevaricación que debe de ser investigado hasta el final.

Los socialistas andaluces consideramos que la sanidad pública merece que se investigue hasta el último euro pagado de más y, desde la prudencia que exige el desconocimiento aún del contenido íntegro del auto (que no ha sido notificado formalmente todavía al partido), entendemos que el proceso no ha terminado.

Nadie duda de la urgencia inicial de la pandemia, pero el Gobierno de la Junta prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia. Y esto no es una opinión del PSOE-A. Insistimos, es la conclusión de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Desde nuestro más absoluto respeto por la acción de la Justicia, confiamos en el Estado de Derecho y confiamos, en este sentido, en que esta resolución sea anulada y se llegue hasta el final tanto en la causa que se investiga en Sevilla, como en las investigaciones que están en marcha en las provincias de Cádiz y Córdoba sobre los mismos hechos.

El PSOE-A tiene claro que las irregularidades reconocidas en el auto que hemos conocido a través de los medios de comunicación para nuestra sorpresa y perplejidad han causado un daño ingente al dinero de todos los andaluces. Se ha contratado con las mismas empresas a precios superiores a los que se pagaban en contratos ordinarios; es decir, se ha pagado más por lo mismo.

Más allá de lo penal, estamos ante una estrategia política de privatización de la sanidad pública que nos preocupa y ocupa. El PSOE-A tiene un modelo sanitario para Andalucía diametralmente opuesto al de vaciar la sanidad pública y el Estado del Bienestar para beneficiar a empresas privadas mediante un uso abusivo y arbitrario de la contratación de emergencia, quitando, además, los controles previos para dar vía libre a contratos a dedo de decenas de millones de euros.

Reiteramos nuestro absoluto respeto por la acción de la Justicia, por lo que confiamos en que los tribunales mantengan criterios ya aplicados con anterioridad en otros casos, ya que resulta, cuanto menos, llamativo el diferente rasero judicial ante situaciones procedimentales similares anteriores donde la modificación del sistema de fiscalización y la ausencia de procedimiento ordinario, aun con fines legítimos, fue razón suficiente para presuponer intencionalidades criminales y dictar condenas a personas inocentes.

En el caso actual del Gobierno del PP, nos encontramos con la misma supresión de la fiscalización previa, lo que permitió al SAS repartir discrecionalmente decenas de millones de euros sin control preventivo. La pregunta es: ¿por qué lo que antes era indicio de criminalidad ahora se archiva como mera irregularidad administrativa?