La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha exigido este martes la "entrega inmediata" de 5.687 plazas residenciales ya reconocidas a personas dependientes en Andalucía y aún sin asignar.
En su análisis mensual de los datos oficiales de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la citada organización ha comprobado que 5.687 personas en Andalucía cuentan ya con un Programa Individual de Atención (PIA) resuelto para el servicio de atención residencial, es decir, la administración ya les ha reconocido formalmente el derecho a una plaza, pero siguen sin recibir la prestación efectiva.
"Y mientras esperan una plaza que el propio sistema les ha reconocido, Andalucía acumuló 2.368 fallecidos en lista de espera en el primer semestre de 2026 y se consolida como la segunda comunidad en volumen total de espera", lamenta la FOAM en un comunicado.
Así, ha explicado que de las 32.377 personas con PIA resuelto para atención residencial en Andalucía, 26.690 tienen ya la prestación efectiva, mientras que las 5.687 restantes tienen un derecho reconocido que aún no se ha traducido en una plaza real.
"El análisis semestral de FOAM confirma que no es un dato puntual: la cifra subió de forma sostenida desde diciembre de 2025 hasta un máximo de 6.930 en mayo —un 64 % más en cinco meses— y, aunque junio registra una mejora, Andalucía cierra el semestre con 1.454 personas más en esta situación que en diciembre", ha detallado.
Según la citada organización, el "coste humano de esta demora es medible: entre enero y junio de 2026, 24.220 personas fallecieron en Andalucía con algún vínculo abierto con el sistema de dependencia; de ellas, 1.592 murieron sin haber sido siquiera valoradas y otras 776 lo hicieron ya reconocidas como dependientes, sin haber recibido la prestación asignada: en total, 2.368 personas murieron esperando, el 15,3 % de todo el país".
Ha asegurado que Andalucía es la comunidad autónoma "con menor esfuerzo propio de España, posición que no ha abandonado en ningún año desde 2018" y pone como ejemplo que en 2025 la Junta destinó 4.420 euros por persona, frente a los 5.604 euros de media nacional", tras lo que ha recalcado que la comunidad "no puede escudarse en la insuficiencia de la financiación estatal para justificar su propio nivel de gasto".
Por todo ello, ha pedido transparencia en los motivos de demora por tipo de prestación, cumplimiento del plazo legal de 180 días para la resolución y convergencia de la aportación autonómica hacia la media nacional de gasto por persona con derecho reconocido.





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