Aragón exige al Estado el 50% de la financiación de la dependencia en igualdad con Cataluña y País Vasco

"El Gobierno de España debería asumir el 50% del gasto total en dependencia; no del nivel acordado, sino del total, porque de no hacerlo está amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés". Ésa ha sido la principal reclamación del Gobierno de Aragón, representado por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha desarrollado en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Madrid.

"Nosotros también queremos que se nos financie el 50% del gasto total en dependencia, porque entendemos que los dependientes de Aragón no son ni más ni menos que los dependientes del País Vasco", ha aseverado Carmen Susín.

En esta sesión, convocada por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha abordado el proyecto de acuerdo para el marco de cooperación interadministrativa y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2025 del nivel acordado. Respecto a esta cuestión, Susín ha lamentado que se continúe incumpliendo "sistemáticamente" lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, respecto a la financiación del sistema.

En esta reunión se ha informado a las CCAA del reparto de créditos para financiar el nivel acordado del sistema de dependencia en 2025, de acuerdo con el cual a Aragón le van a corresponder 31,5 millones de euros, 8,4 millones menos que en 2024. Esos 31,5 millones son el equivalente a un 4% del total consignado a nivel nacional, que son más de 783 millones de euros, un importe que permanece congelado a consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. "La financiación de la dependencia está congelada para todas las Comunidades Autónomas, menos para algunas", ha puntualizado Susín, en referencia a los mencionados acuerdos entre el Gobierno central y País Vasco y Cataluña.

En 2024 el nivel acordado para Aragón se estableció en 39,9 millones, una cifra récord que se alcanzó a través del cumplimiento de los hitos de gestión y tras haber recuperado el nivel de inversión que el Ejecutivo de Javier Lambán había recortado en 2021. Una de las reclamaciones de Susín, compartida por varias CCAA, ha sido la necesidad de adaptar los criterios para establecer ese nivel acordado, que fueron establecidos en respuesta a un plan de choque pero que, hoy en día y superada la urgencia que motivó su puesta en marcha, "debe dar paso a unos criterios más justos y adaptados al escenario en el que estamos", ha precisado, "por justicia con las CCAA que estamos mejorando nuestros indicadores de gestión mes tras mes".

"Aragón, como premio por hacerlo bien, va a tener un recorte", ha ironizado la Consejera, que ha descrito esta circunstancia como el efecto de un "sistema perverso", diseñado en función de "unos objetivos de plan de choque que ahora mismo ya no son necesarios ante la mejora evidente del sistema de dependencia". Por ello, el Gobierno de Aragón se ha mostrado de acuerdo con la creación de una comisión para cambiar esos criterios, que fueron "necesarios" en ese momento en el que había que hacer un plan de choque para mejorar las listas de espera: "Ahora ya hay que cambiar esos criterios porque ya no son útiles", ha dicho Susín, "penalizan a las Comunidades Autónomas que mejores indicadores tenemos ahora mismo".

El nivel acordado se determina teniendo en cuenta criterios como el nivel de gasto que ejecuta cada Gobierno autonómico en el ámbito de la dependencia, a cuántas personas atiende el sistema, cuál es el volumen de población potencialmente dependiente de cada Comunidad o si se han reducido las listas de espera, entre otros. En el caso de Aragón, ha apuntado Carmen Susín, en esta primera mitad de 2025 se ha consolidado la agilidad de la gestión de la dependencia, con un mayor volumen de nuevas entradas al sistema que convive con el récord de personas atendidas, más de 46.500 con datos actualizados a 31 de mayo de 2025, y todo ello se ha hecho "sin contar ni siquiera con la financiación que le corresponde por Ley a nuestro sistema".

Susín ha defendido una vez más en esta reunión que todas las Comunidades Autónomas merecen que el Gobierno de España financie al 50% la dependencia, no sólo Cataluña y el País Vasco. Ha recordado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a hacerlo el pasado mes de abril con el País Vasco y que en el caso de Cataluña es otra de las "cesiones" del Gobierno de España con sus "socios preferentes". Esta cuestión también la expuso el Presidente Jorge Azcón en la reciente Conferencia de Presidentes: allí se refirió a la necesidad de revertir ese incumplimiento como "una obligación moral" del Gobierno de España.

"En el momento en el que el Estado se niega a cofinanciar el sistema, se hace cada vez más complicado atender a los aragoneses en situación de dependencia como se merecen", ha explicado la Consejera, que ha instado de nuevo a revisar lo contenido en el anteproyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo central para reformar las leyes de dependencia y de discapacidad: sin un calendario concreto y una memoria económica real, se convertirán en un nuevo ejemplo de 'derechos de papel' que no pueden ejercerse por falta de recursos.

En el orden del día también se ha recogido la propuesta de acuerdo del Consejo Territorial sobre la distribución territorial de fondos para la concesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades para el año 2025: Aragón recibirá para la próxima convocatoria 11,6 millones de euros.