Nuevas actuaciones conjuntas entre Policía Nacional e Inspección de Trabajo destapan irregularidades en un prostíbulo de Miranda de Ebro

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social efectuaron durante el pasado enero sendas inspecciones dentro del convenio suscrito entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

En primer lugar, se efectuó una actuación conjunta en un prostíbulo de la localidad donde se constató que cuatro mujeres, que no figuraban de alta en la Seguridad Social, incitaban a realizar consumiciones. Esta es una práctica habitual en este tipo de negocios, y tiene como objetivo aumentar el gasto del cliente y el beneficio del establecimiento. A dos de ellas les será aplicado el régimen sancionador de la vigente Ley de Extranjería pues carecían de autorización administrativa para permanecer o residir en España. La sanción propuesta al propietario del club por el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social asciende a 40.000 euros.

Cabe recordar que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto recientemente que estos locales tienen la obligación de dar de alta a su plantilla, de forma independiente a si son prostituidas fruto o no de una coacción.

Entre las funciones que tiene encomendadas la Policía Nacional, se hallan la investigación y la lucha contra redes y organizaciones delincuenciales dedicadas a la inmigración ilegal, al tráfico de personas, la explotación laboral y tráfico ilícito de mano de obra, así como a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual u otros.

Por otra parte, se efectuó otra actuación en un taller mecánico que ejercía su actividad a puerta cerrada. En su interior se identificó a dos trabajadores extranjeros en situación irregular en España, sin contrato de trabajo, vulnerando sus derechos.

En este caso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha propuesto al propietario del taller una sanción que asciende a 20.000 euros, dándose la circunstancia de que esta persona ya ha sido previamente sancionado por conductas similares.