San Pedro Alcántara
Guía de San Pedro Alcántara
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El SEPRONA de la Guardia Civil de Almadén, ha desarrollado una investigación, tras detectar graves irregularidades en una actividad cinegética desarrollada en una finca. Las actuaciones se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha jornada.
Tras las inspecciones pertinentes y el recuento de las piezas cobradas, los agentes constataron que el número de ejemplares abatidos superaba en un 48 % el cupo máximo autorizado por la administración. Este exceso supone una alteración significativa del plan de ordenación cinegética de la zona y un impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies.
A parte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del SEPRONA detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.
Asimismo, se han detectado irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). El abandono o tratamiento incorrecto de estos restos animales no solo supone una infracción legal, sino que conlleva riesgos sanitarios para el ecosistema y el resto de la fauna silvestre.
Como resultado de la intervención, se han cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves por vulnerar la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Las infracciones detectadas podrían acarrear importantes consecuencias para los responsables, con motivo de posibles sanciones económicas conforme a la gravedad de los hechos, así como la suspensión temporal de la actividad cinegética en el coto afectado.
El SEPRONA ha solicitado formalmente la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca. El objetivo es valorar si la presión cinegética ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o si ha comprometido la viabilidad de la fauna local.
Con estas actuaciones, la Guardia Civil reafirma su compromiso con el control del aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del patrimonio público frente a prácticas que exceden la legalidad y la sostenibilidad ambiental.
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