San Pedro Alcántara
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Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio se han concentrado este viernes ante la Jefatura Superior de Policía para ser identificados y poder incorporarse al sistema de protección de la Ciudad Autónoma, en un contexto de fuerte presión sobre los recursos de acogida.
La presencia de los menores desde primera hora de la mañana a las puertas de las dependencias policiales ha puesto de manifiesto la complejidad administrativa y asistencial derivada de la llegada masiva registrada a finales de julio. Parte de estos jóvenes no había sido localizada hasta ahora por la Policía Nacional, ya que no había acudido a los centros habilitados ni se había presentado ante las autoridades.
El dispositivo policial había permitido censar inicialmente a 528 menores, aunque las autoridades asumían que la cifra real era más elevada. El Gobierno ceutí informó de que mantenía acogidos a más de un millar de menores y admitió que el balance definitivo permanecía pendiente de cierre. Las estimaciones conocidas durante la jornada situaban el número de menores registrados por encima de los 1.300, un volumen que desborda ampliamente la capacidad ordinaria de los recursos locales.
El trámite que se desarrolla en la Jefatura Superior de Policía consiste en recoger los datos básicos de los menores para abrir el correspondiente expediente y facilitar su derivación a los dispositivos de acogida. Posteriormente, los jóvenes pueden ser citados para completar otras diligencias, como la toma de huellas o las comprobaciones necesarias para confirmar su identidad y edad cuando existan dudas.
Menores llegados a Ceuta esperan ante dependencias policiales para ser identificados y acceder al sistema de protección de la Ciudad Autónoma
La afluencia se intensificó entre el jueves y el viernes, después de que los menores recibieran el aviso de que debían ser identificados para quedar bajo protección institucional. La acumulación de expedientes ha obligado a ordenar las esperas con vallas y turnos de acceso, mientras los agentes regulan la entrada al edificio y atienden a los jóvenes que se presentan en las instalaciones.
La entrada irregular del 30 de julio se produjo en el entorno fronterizo con Marruecos y generó una situación de emergencia en la ciudad. Aunque muchas de las personas que accedieron a Ceuta regresaron posteriormente a territorio marroquí, numerosos menores permanecieron en suelo español y algunos quedaron temporalmente fuera del circuito oficial de protección.
La situación ha reabierto el debate sobre la capacidad de Ceuta para atender a menores migrantes no acompañados en episodios de llegada numerosa. La ciudad autónoma, por su posición fronteriza, afronta de forma recurrente tensiones asistenciales que superan sus recursos ordinarios. Sus autoridades han reclamado apoyo del Estado y de otras comunidades autónomas para garantizar una respuesta coordinada.
El marco legal español exige que cualquier actuación sobre menores extranjeros no acompañados se realice de forma individualizada y atendiendo al interés superior del menor. La identificación policial no supone, por tanto, una devolución automática, sino el inicio de un procedimiento administrativo que debe permitir valorar cada caso y activar las medidas de tutela y protección previstas por la ley.
Las entidades sociales han insistido en la necesidad de que ningún menor permanezca fuera de los dispositivos oficiales. Organizaciones dedicadas a la infancia han advertido de los riesgos asociados a la permanencia en la calle, especialmente para quienes evitan presentarse ante las autoridades por temor a una posible repatriación o por desconocimiento del procedimiento.
La crisis ha obligado también a reforzar la coordinación institucional. El Gobierno central, el Ejecutivo ceutí, la Fiscalía y los departamentos competentes en materia de infancia siguen la evolución del dispositivo, mientras continúa abierta la posibilidad de articular traslados o fórmulas de apoyo entre administraciones para aliviar la presión sobre los centros de acogida.
La prioridad inmediata es completar el registro de todos los menores que permanecen en Ceuta y garantizar que reciben atención básica, alojamiento y seguimiento administrativo. La escena de las colas ante la comisaría resume una crisis que combina control fronterizo, protección de la infancia y capacidad asistencial, y que seguirá condicionando la respuesta institucional hasta que se cierre el censo definitivo y se estabilice la acogida.
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