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La Policía Nacional ha detenido a 54 personas en el marco de la operación Octopus, una investigación contra una trama dedicada presuntamente a obtener autorizaciones de residencia en España mediante parejas de hecho ficticias, documentación falsa y empadronamientos fraudulentos.
La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Melilla, ha permitido detectar a 252 personas presuntamente relacionadas con la red. Además de los detenidos, otras dos personas han declarado como investigadas no detenidas y 196 figuran como investigadas, con órdenes de detención pendientes.
Uniones ficticias para conseguir la residencia
Las pesquisas comenzaron en mayo de 2025, después de que los agentes detectaran varias uniones de pareja de hecho de conveniencia. Según la Policía, la red utilizaba documentos notariales, contratos de arrendamiento y altas padronales presuntamente falsificados para acreditar vínculos que no respondían a una convivencia real.
El objetivo era facilitar de forma fraudulenta autorizaciones de residencia a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, mediante una vinculación ficticia con ciudadanos comunitarios.
Captadores, falsos testigos y gestores
Durante la operación, los investigadores identificaron a 34 personas con distintas funciones dentro de la trama. Entre ellas figuran falsos testigos, captadores de ciudadanos españoles dispuestos a formalizar las uniones y facilitadores encargados de completar los trámites necesarios para dar apariencia legal al fraude.
La Policía también atribuye un papel relevante a una asesora administrativa y a varios gestores, que presuntamente preparaban y presentaban los expedientes de residencia.
Los ciudadanos comunitarios eran captados principalmente en Melilla, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid y Málaga. Buena parte de los trámites se formalizaban en notarías de Barcelona y Girona, donde residían muchos de los extranjeros que pretendían regularizar su situación, aunque la actividad se extendió también a otras provincias catalanas.
Hasta 12.000 euros por conseguir la regularización
Para dar apariencia de legalidad a las parejas de hecho, la red habría utilizado certificados de empadronamiento falsos o conseguidos de forma fraudulenta, en algunos casos mediante contratos de arrendamiento ficticios. Los investigadores detectaron que varias parejas investigadas llegaron a utilizar un mismo domicilio a efectos de empadronamiento.
Según las pesquisas, las personas que aceptaban constituir las uniones ficticias percibían alrededor de 2.000 euros, mientras que los falsos testigos cobraban aproximadamente 500 euros. El resto del dinero quedaba en manos de facilitadores y gestores. En total, los ciudadanos interesados en regularizar su situación llegaban a pagar entre 10.000 y 12.000 euros.
La operación se enmarca en el trabajo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional contra las fórmulas fraudulentas utilizadas para obtener autorizaciones de residencia mediante matrimonios o parejas de hecho ficticias.
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