La Junta de Andalucía facilita a través de la Justicia Gratuita que 19 asuntos civiles se resuelvan sin llegar a juicio en Córdoba

La Estrategia de Mediación es uno de los ejes principales del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía. Una apuesta por este medio alternativo de solución de controversias (MASC), para reducir el exceso de litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales, que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública comenzó a impulsar antes de que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de enero de 2025 incluyera los MASC como requisito antes de interponer una demanda.

De hecho, Andalucía fue pionera en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita de forma que, un año antes de la aprobación de la ley estatal, la Junta facilitó que los andaluces que cumplieran los requisitos para solicitar un profesional de oficio pudieran contar con uno para asesorarles en procesos de mediación. En este tiempo, estos letrados han logrado en Andalucía 256 acuerdos que han evitado otros tantos juicios y la Junta les ha compensado con 400 euros en cada caso, un total de 102.400 euros. En el caso de la provincia de Córdoba, han sido 19 acuerdos.

La Ley de Eficiencia obliga a intentar un acuerdo antes de interponer cualquier demanda civil o mercantil desde el 3 de abril de 2025 pero en Andalucía los beneficiarios de la Justicia Gratuita ya podían probar esta alternativa con la ayuda de un letrado de oficio desde el 1 de enero de 2024. La Consejería acordó con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) retribuir a los abogados que cerraran un acuerdo con el módulo máximo previsto en la orden que regula las compensaciones económicas a los profesionales del turno de oficio, unos 8.800 en toda Andalucía.

Recientemente, acordó con el CADECA la retribución que percibirán, con efectos retroactivos desde abril, en caso no de lograr cerrar un acuerdo: 75 euros si el acuerdo se intenta a través de la mediación o la conciliación y 25 euros si se opta por otro medio alternativo previsto en la ley como la oferta vinculante, el informe de un experto independiente o el derecho colaborativo. Esto sitúa a Andalucía en el tercer puesto de las comunidades que más pagan por acudir a los MASC.

Asimismo, la Consejería va a ampliar la mediación en el sistema de Justicia Gratuita para casos penales (salvo los relacionados con delito de violencia de género y sexual en los que está vetado por ley). El profesional de oficio que logre un acuerdo o conformidad que evite un juicio penal recibirá el módulo retributivo íntegro que cobraría por el procedimiento judicial correspondiente.

El consejero José Antonio Nieto ha puesto en valor que "Andalucía vuelve a ser pionera ya que somos unos firmes convencidos de la mediación porque ahorra tiempo y costes y resulta más satisfactoria para las partes. Por eso, vamos más allá de lo que establece la Ley de Eficiencia, que solo obliga a buscar acuerdos en los casos civiles y mercantiles y queremos impulsar el acuerdo también en asuntos penales y garantizar que cualquier andaluz pueda intentar el diálogo y el consenso independientemente de sus recursos económicos".

En este sentido, Nieto ha destacado la "importante labor social que hacen los profesionales del turno de oficio para garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia a todos los ciudadanos y especialmente a los más vulnerables".

Para poder llevar a cabo la mediación Penal de adultos, la Consejería puso en marcha el año pasado el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), público y gratuito, con presencia en las ocho provincias. Desde su creación ya ha logrado evitar la celebración de más de 1.700 juicios en toda Andalucía, con un plazo medio de resolución de un mes de un mes, cuando en los juzgados se pueden demorar meses o años.

Al SEMPA se sumará en octubre el Servicio público de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), que será gratuito para ambas partes si una de ellas cumple los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita. Al igual que el SEMPA, tendrá sede en los principales edificios judiciales de las ocho capitales andaluzas, si bien los equipos mediadores atenderán asuntos de todos los partidos judiciales.

Asimismo, en diciembre de 2024 la Consejería firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para que profesionales voluntarios mediaran en casos de conflictos laborales ya judicializados.

Junto a la mediación, en la que las partes acuerdan la solución guiados por un mediador, la Consejería también apuesta por otras alternativas como la conciliación, en la que es el profesional el que propone la solución a las partes, que éstas deben aceptar para cerrar el acuerdo y evitar el pleito. Para ello, la Consejería firmará un convenio con el CADECA.