Desarticulada una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera y ONIF de la Agencia Tributaria, liderada por la Fiscalía Europea, en la que han participado cuerpos policiales de Grecia, Francia y Bulgaria, han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que presuntamente habrían defraudado en España más de 56 millones de euros y un total de más de 700.000.000 de euros en Europa. En España han sido detenidas seis personas y se han llevado a cabo diez registros en los que se han intervenido 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptovalores. Usurpaban la identidad de empresas españolas para fingir que eran estas mercantiles, y no la organización, las responsables tributarias de las cuotas exigibles por las importaciones.

La investigación tuvo su origen en una denuncia en 2023 por parte de una empresa almeriense que, tras recibir un requerimiento de la AEAT reclamando las cuotas de IVA supuestamente defraudadas, se percató de que le habían usurpado su identidad mercantil en relación con operaciones intracomunitarias en las que no había participado.

La organización desarticulada se dedicaba a la importación de mercancías, fundamentalmente textiles, procedentes de China sin hacer frente a sus obligaciones tributarias en materia de IVA. Usurpaban la identidad de empresas españolas, que nada sabían de estas operaciones, para fingir que eran estas mercantiles, y no la organización, las responsables tributarias de las cuotas fiscalmente exigibles por las importaciones. La inmensa mayoría de los productos eran finalmente comercializados en distintos bazares chinos.

Las mercancías procedentes de China, eran adquiridas por mercantiles búlgaras, utilizadas a modo de pantalla en las que figuraban meros testaferros como socios y administradores. Éstas simulaban operaciones de venta a empresas españolas, ajenas al fraude, en algunos casos muy conocidas y que desconocían estas operaciones.

En este sentido, se han identificado alrededor de 100 empresas españolas víctimas de la usurpación de su identidad fiscal. Se trata de empresas dispersas por toda la geografía española.

Una vez la mercancía era despachada en la aduana griega, era transportada a Italia y, desde allí, a diversos países europeos como es el caso de España. Se convertía así en mercancía fantasma y difícilmente trazable. Finalmente, eran comercializadas por la organización criminal a bazares chinos asentados en diversas zonas españolas destacando especialmente el polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada o PICA carretera amarilla de Sevilla.

De hecho, la organización criminal manejaba altas cantidades de efectivo que percibía en pago por las entregas de la mercancía. La sucursal de la organización en nuestro país operaba a modo de empresa logística de transportes, sirviéndose en ocasiones para el transporte del efectivo de los camiones y transportistas para pasar desapercibido.

La investigación llevada a cabo por la EPPO, con el nombre en clave 'Calypso', abarca 14 países: Bulgaria, China, Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Se han realizado un total de 101 registros en oficinas de agentes aduaneros, empresas controladas por los grupos criminales organizados bajo investigación, domicilios de los sospechosos y en oficinas de asesores fiscales y representantes, abogados, contadores y empresas de transporte, en Bulgaria, Grecia, Francia y España. Han sido detenidas diez personas, y además, se han incautado armas de fuego y armas blancas en los domicilios de tres sospechosos.

Se han incautado 5,8 millones de euros (de los cuales 4,75 millones en Grecia y el resto en Francia y España), en diferentes monedas, incluyendo dólares de Hong Kong, euros en billeteras digitales y criptomonedas. También se han intervenido 7.133 bicicletas eléctricas y 3.696 patinetes eléctricos, además de 480 contenedores para inspección y verificación en el Puerto de El Pireo.

El esquema fraudulento comenzaba con la introducción de los bienes desde China a la Unión Europea, principalmente a través del puerto de El Pireo (Grecia), con una fuerte infravaloración o reclasificación incorrecta de los productos para evadir aranceles aduaneros — utilizando documentos falsos para ocultar el valor y la naturaleza real de la mercancía. Una red de facilitadores profesionales que operaban en el punto de entrada aduanero, como agentes aduaneros, proveedores de servicios y firmas contables, facilitaba el despacho inicial y la aparente compra y transporte de la mercancía por empresas principalmente registradas en Bulgaria, pero que operaban en Grecia con un número de IVA griego.

Posteriormente, las mercancías se vendían a empresas establecidas en otros estados miembros, permitiendo que el primer comprador aparente se beneficie de una exención de IVA a la importación basada en el Procedimiento Aduanero 42 (CP42). Este procedimiento, creado para simplificar el comercio transfronterizo, exime a los importadores del pago del IVA en el país de importación si los bienes importados se transportan posteriormente a otro Estado miembro de la UE.

Mediante una cadena de empresas interpuestas y pantalla, las mercancías se vendían aparentemente a empresas en estados miembros específicos, donde supuestamente se venden al mercado. Estos destinos incluían Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y España. Sin embargo, estos compradores finales falsos nunca recibían la mercancía y operan como comerciantes desaparecidos, sin pagar IVA. En algunos casos, las organizaciones criminales usaron documentos de identidad de empresas legítimas, usurpando fraudulentamente sus números de IVA para ocultar el destino real de las mercancías.

Una vez que las mercancías entraban a la UE, se almacenaban en almacenes y lugares controlados por las organizaciones criminales, desde donde se transportaban, con documentos falsos, a Francia, Italia, Polonia, Portugal y España (los verdaderos países de destino). Estos centros logísticos chinos, donde se almacenaban todos los bienes, operaban como distritos de almacenes altamente controlados, funcionando casi como comunidades exclusivas accesibles solo para los miembros de los grupos criminales que los gestionan.

Los documentos de transporte se destruían tan pronto como se entregaban las mercancías, que se vendían a clientes finales principalmente en el mercado negro, en efectivo, como parte de una economía paralela altamente oculta.

Las organizaciones criminales investigadas se encargaban de producir las facturas y documentos de transporte falsos para ocultar el destino real de las mercancías, y de reclutar una gran red de empresas pantalla usadas para las ventas y entregas falsas, para esconder toda la cadena fraudulenta. Esto permitía a las empresas controladas por las organizaciones criminales vender productos a un precio muy competitivo, ya que el IVA no se paga y se evaden en gran medida los aranceles aduaneros y tasas antidumping.

Finalmente, las ganancias del delito se transferían a China utilizando distintas técnicas de blanqueo de capitales, incluyendo la prestación de servicios de blanqueo a otras organizaciones criminales mediante sistemas bancarios subterráneos basados en el comercio. De esta manera, los grupos criminales organizados controlaban y ocultaban toda la cadena criminal, desde la importación fraudulenta inicial hasta el fraude del IVA, y desde la venta de los bienes hasta el lavado de las ganancias.

El fraude estimado en el conjunto de la UE supera los 700 millones de euros de los cuales, más de 56 millones, corresponden a lo que se ha dejado de ingresar la Hacienda española.

En nuestro país se han practicado 10 entradas y registros en diversas ciudades –Madrid (5), Badajoz (1), Badalona (1), Elche (1), Manises (1), Sevilla (1)- y se ha detenido a seis personas –Badajoz (4), Sevilla (1) y Madrid (1), además de cinco investigados no detenidos, así como al bloqueo de numerosos productos financieros y diferentes bienes inmuebles y vehículos. En el operativo se han intervenido 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptovalores. Además, se han confiscado once propiedades, 27 vehículos y artículos de lujo (bolsos, relojes y joyas).