Luis Planas defenderá un aumento de las posibilidades de pesca para la flota española en el decisivo Consejo de Ministros de la UE

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viaja hoy a Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, el último del año, decisivo para la flota española y en el que se negocian las posibilidades de pesca para el océano Atlántico y mar del Norte, así como para el Mediterráneo para el próximo año.

Los días 11 y 12 de diciembre los ministros de la UE fijarán los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca, tanto para 2026, como plurianuales, para algunas especies en el Atlántico y mar del Norte, un mecanismo que se logró instaurar durante la presidencia española del segundo semestre de 2023. España defendió que, siempre que los informes científicos así lo avalaran, se podían fijar cuotas para varios años con el objetivo de dar estabilidad a la gestión pesquera, así como una mejor planificación empresarial.

Planas acudirá a esta reunión con el objetivo prioritario de defender un aumento de los tac y los días de pesca para toda la flota española, en especial para la del Mediterráneo. En este contexto, España pondrá en valor el cumplimiento por parte de los pescadores mediterráneos de las medidas de gestión acordadas en el Consejo del pasado año, que permitieron, tras una negociación compleja, recuperar días de faena a lo largo de este año.

Entre estas medidas se incluyeron el cambio de redes por otras más sostenibles y otras actuaciones orientadas a mejorar la recuperación de las especies y a reducir el impacto sobre los ecosistemas marinos. Las medidas han contado con financiación del Gobierno de España y han subrayado el esfuerzo y compromiso del sector pesquero con la preservación de las especies.

Durante la reunión, Planas también planteará -junto a Francia e Italia- la necesidad de revisar el reglamento del Mediterráneo que condiciona la capacidad global de pesca a la situación biológica de la especie más vulnerable, este año la cigala, una aproximación que no refleja adecuadamente la realidad de las pesquerías mixtas, en la que se pescan más de 100 especies, siendo solo 6 las reguladas por el plan.

Asimismo, el ministro insistirá en que, las decisiones del Consejo para todos los caladeros incorporen, además de las recomendaciones científicas, los informes de impacto social y económico sobre las flotas, con el fin de garantizar la rentabilidad del sector y la continuidad de las comunidades costeras.

Además, España insistirá en la importancia de que la Política Pesquera Común cuente con mayor ambición política y presupuestaria dentro del nuevo marco financiero.

En materia agraria, los ministros debatirán la propuesta de la Comisión Europea sobre la futura Política Agraria Común (PAC). España ya ha avanzado que la propuesta resulta insuficiente para afrontar los actuales desafíos y defenderá la necesidad de una mayor dotación financiera y de una PAC con personalidad propia.

En este Consejo, el último de la presidencia danesa de turno de la UE, Planas agradecerá a su homólogo que en este semestre se haya avanzado significativamente en el paquete de medidas para el sector vitivinícola, fruto del trabajo conjunto de España, Francia e Italia, que permitirá apoyar con celeridad, a las empresas del sector frente a desafíos como el cambio climático y la evolución de los mercados, con el objetivo de que las conclusiones del Grupo de Alto Nivel se apliquen cuanto antes.

Otro avance de esta presidencia y que se impulsó bajo el semestre español de 2023, es el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre las nuevas técnicas genómicas (NGT), que permitirá avanzar hacia una futura norma comunitaria.

Estas tecnologías facilitarán el desarrollo de semillas y plantas más resistentes a condiciones climáticas adversas, un aspecto especialmente relevante para España. Se han acordado medidas jurídicas proporcionadas, como solicitaba España y demandaba el sector, para contribuir al necesario equilibrio entre la protección de la innovación mediante sistemas de propiedad intelectual y las garantías para acceder a estas innovaciones de forma justa y razonable.