La ministra de Hacienda presenta en el CPFF el nuevo modelo de financiación autonómica

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Montero, que ha debatido y explicado los detalles de la propuesta a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, ha anunciado varios aspectos importantes incluidos en la misma. Uno de los más destacados es que se recogerá la posibilidad de que las CCAA puedan optar por asumir este nuevo modelo o mantener el rendimiento del que está vigente en la actualidad. Algo que ya estaba contemplado en la Ley que aprobó el sistema de financiación de 2009. Además, Montero ha comunicado que las reuniones con cada gobierno autonómico para discutir los aspectos técnicos del modelo comenzarán de manera inmediata. El objetivo es acelerar las mejoras y la tramitación de lo que será finalmente una Ley Orgánica que votará el Parlamento.

El nuevo modelo, que se estima que en 2027 aportará 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente, ha sido expuesto con todos los detalles ante el foro del CPFF. La titular de Hacienda ha explicado así que los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 se estiman en 224.507 millones. Un incremento considerable con respecto a los últimos años. Por ejemplo, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.

La vicepresidenta primera ha comunicado algunas novedades sobre el nuevo modelo de financiación a las CCAA. En primer lugar, ha anunciado que la inclusión de una comunidad en este modelo será voluntaria. Es decir, si un territorio prefiere continuar con los cálculos del que ya está vigente, se adaptará el sistema para que continúe siendo así, renunciando de esta manera al incremento de recursos del nuevo sistema. Una posibilidad que ya estaba recogida en el modelo de financiación aprobado en el año 2009.

Montero también ha anunciado a los miembros del CPFF que convocará con carácter inmediato las reuniones a nivel técnico con las autonomías para discutir, analizar y mejorar el nuevo modelo de financiación. Encuentros en los que ha asegurado que se explicará con todo detalle la propuesta, y a las que el Ministerio de Hacienda acudirá para "escuchar y negociar".

La ministra de Hacienda ha reiterado su predisposición a debatir para mejorar el modelo sobre la base de la propuesta, presentada por el interés del Ejecutivo de avanzar en la financiación autonómica, y que a la vez sirve para dar respuesta a las demandas de las CCAA de sustituir el modelo de 2009. Por ello, ha tendido la mano al Partido Popular y a la propuesta de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de vincular la financiación a la construcción de viviendas públicas. En este sentido, ha emplazado al PP a analizar esa posibilidad para incluirla y debatir su extensión a la educación y la sanidad pública.

En su exposición, la titular de Hacienda ha señalado que el nuevo modelo lleva a un sistema que "beneficia a todas las CCAA" y que otorga "suficiencia financiera para blindar el Estado de Bienestar". La vicepresidenta primera también ha desechado que sea un "modelo insolidario", ya que "los territorios con mayor capacidad tributaria aportarán recursos al sistema y las comunidades con menos ingresos serán receptoras netas". "Queda garantizada la solidaridad interterritorial", ha reiterado.

Sobre la ordinalidad, la titular de Hacienda ha recordado que ese principio "no está recogido como tal" en el nuevo modelo de financiación. "Uno de los objetivos principales del modelo de financiación es la equidad y lograr que las diferencias en financiación por habitante se reduzcan. Y eso lo conseguimos", ha explicado Montero, que ha recordado además que las diferencias en financiación por habitante entre la mejor y la peor financiada pasarán de 1.500 a 477 euros antes de aplicarse la cláusula de statu quo.

María Jesús Montero también ha negado que el nuevo modelo sea fruto de un pacto bilateral y ha recordado que "se discute en el CPFF y se vota en el Congreso, porque es una ley orgánica".

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios:

Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Como ha recordado María Jesús Montero, el Gobierno abrió el pasado mes de febrero con las comunidades un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha ocurrido.

Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:

Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación: