Este domingo, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua y es urgente poner la mirada en la dudosa calidad del agua en España. Un equipo científico internacional, con mandato del Ministerio de Medio Ambiente danés, ha completado una revisión exhaustiva de evidencias científicas sobre el impacto de los nitratos en el agua y su conclusión es clara: suponen un riesgo para la salud, incluso en concentraciones muy inferiores al límite legal actual. Por ello, para proteger a las personas, recomiendan reducir casi nueve veces el límite actual, hasta los 6 mg/l.
Atendiendo a estas nuevas indicaciones, Greenpeace alerta de que en España se estaría superando ampliamente ese nivel de riesgo, ya que hace décadas se estableció el límite legal en 50 mg/l, con el objetivo principal de proteger a los lactantes contra la metahemoglobinemia aguda. Desde entonces, los conocimientos científicos sobre los efectos de los nitratos en la salud han avanzado considerablemente y en la actualidad, como se confirma en ese nuevo estudio, deberían reducirse casi nueve veces.
Los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad revelan que en 332 municipios no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos superó el límite legal actual (50 mg/l), una contaminación provocada esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas.
Sin embargo, a la luz del nuevo límite propuesto por la ciencia (6 mg/l), observamos que en el 51,17% de los municipios españoles donde se analizan los nitratos, es decir en 3.192 municipios, se igualó o superó en algún momento de 2024 este valor, exponiendo a una parte importante de la población a una concentración de nitratos nociva para la salud. Otro aspecto importante es que en un 23% de los municipios españoles las personas siguen sin saber cómo está su agua en cuanto a su nivel de nitratos.
Por comunidades autónomas destaca sobremanera Castilla y León con casi 1.000 municipios (987) en los que se igualó o superó el nivel de 6 mg/l (en 198 se superaron los 50 mg/l, un 38% más que en 2023). Le siguen Cataluña con 413 municipios, Andalucía con 370, Comunidad Valenciana con 330, Castilla-La Mancha con 309, Aragón 305 y Galicia 111. Coincide con las CCAA donde la agricultura está más intensificada y la ganadería más industrializada.
La contaminación por nitratos es considerada ya por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como el principal problema que afecta a las masas de aguas españolas. Es realmente grave, tanto que la inacción de las administraciones competentes llevó a que el Tribunal de Justicia de la UE dictara, en 2024, una sentencia condenatoria contra el Estado español por incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Esta contaminación tiene repercusiones ambientales -algunos ejemplos bien conocidos son el Mar Menor o el embalse de As Conchas- pero también sobre la salud. A nivel europeo se considera que el 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos proviene directa e indirectamente de la ganadería.
"Urge reducir la concentración de nitratos en el agua de consumo para prevenir el cáncer colorrectal. La salud pública debe estar siempre por encima de la codicia de algunas empresas. Quienes fomentan las macrogranjas, y quienes las permiten, están envenenando uno de los recursos más preciados del planeta: el agua. ¡No lo podemos seguir permitiendo!", ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de ganadería en Greenpeace.
La desmesurada cabaña ganadera española
Según los últimos datos del Gobierno, en 2025 España batió un nuevo récord alcanzando, por primera vez, casi los mil millones (992.541.963) de animales sacrificados para consumo humano, algo solo posible con un modelo de ganadería industrial insostenible. Estos animales necesitan mucho alimento -cultivos que usan de forma masiva fertilizantes sintéticos- y generan muchísimos excrementos. Solo en el caso del sector porcino, principal responsable de esta situación, los sacrificios se incrementaron un 2.000% desde los años 60. Los cerdos son ya el 52% de la biomasa de animales para consumo humano en España y, al menos, un 60% de la carne producida se exporta.
No hay soluciones mágicas
Para Greenpeace, la única solución para afrontar la grave contaminación del agua por nitratos en España es ir a la raíz del problema: reducir de forma drástica el uso de fertilizantes sintéticos así como la cabaña ganadera en intensivo. Esta medida tendría, además, múltiples beneficios: la reducción del agua consumida, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco, de la deforestación, del maltrato animal y de la enorme dependencia de los piensos externos, más en el incierto contexto geopolítico actual.
El agua embotellada no es la solución (no habría para suministrar a toda la población y expone a las personas a otras sustancias tóxicas presentes en el plástico) y tampoco el despliegue que se está proponiendo en muchas regiones de España de macroplantas de biogás y biometano.
La reversión del problema no va a ser inmediata en los puntos ya afectados pero se generará reducción progresiva y, si no se actúa, el número de personas afectadas seguirá escalando en nuevos municipios, de modo que habría que actuar sin dilación.
Demandas de Greenpeace
El agua limpia y la salud son derechos que el Gobierno y todas las administraciones deben salvaguardar de forma prioritaria. Actuar ahora es también la única solución para impedir que más personas se vean expuestas a este problema en un futuro cercano. Por ello, desde Greenpeace demandamos:
- Que la Ministra de Sanidad aplique el "principio de precaución" y reduzca de forma urgente el límite máximo legal de nitratos en el agua de consumo;
- Que exista una coordinación interministerial para poner freno a las principales causas del problema: el uso masivo de fertilizantes sintéticos y la inmensa cabaña ganadera en intensivo;
- Que todas las administraciones con competencias en agricultura, ganadería y aguas – ayuntamientos, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas – no concedan autorizaciones para nuevos proyectos de ganadería intensiva ni la ampliación de los existentes, se reduzca drásticamente el uso de fertilizantes sintéticos y la cabaña ganadera en intensivo y se promueva una transición agroecológica;
- Que se pongan en marcha políticas de "quien contamina paga", garantizando que las empresas responsables de la contaminación del agua por nitratos paguen los costes de descontaminación.
La ciudadanía no quiere macrogranjas. Greenpeace ya lleva recogidas más de medio millón de firmas para terminar con ellas y anima a todas las personas a seguir levantando su voz contra el actual insostenible modelo de ganadería industrial y para proteger el agua y nuestra salud.





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