Las organizaciones ecologistas denuncian que los intereses partidistas impiden proteger especies amenazadas y exigen decisiones basadas en la ciencia

Las principales organizaciones ambientales, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, denuncian la creciente politización de las decisiones relacionadas con la conservación de especies amenazadas en España y reclaman que la protección de la naturaleza vuelva a basarse en el conocimiento científico, el cumplimiento de la legislación y el interés general. Las organizaciones advierten que la situación del lobo en España es un claro ejemplo de esta tendencia preocupante en la que la política está desplazando a la ciencia en la gestión de la biodiversidad.

Las organizaciones ecologistas consideran que el reciente intento de varias comunidades autónomas (CCAA) de modificar el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo es un nuevo ejemplo de una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años: la adopción de decisiones sobre especies amenazadas atendiendo a intereses políticos o económicos, en lugar de hacerlo sobre la base de las evidencias científicas.

Según estas organizaciones, la conservación de la naturaleza no puede depender de mayorías políticas coyunturales ni de presiones sectoriales. La ciencia debe servir de referencia para evaluar el estado de las especies y decidir qué medidas son necesarias para garantizar su supervivencia.

De hecho, el caso del lobo es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia. La especie fue excluida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) mediante una modificación legislativa que evitó el procedimiento administrativo habitual. Todo ello sin que existiera una evaluación científica que justificara ese cambio.

Además, subrayan que las CCAA pretenden someter a votación política el informe sexenal que valora el estado de conservación de la especie y que España debe mandar a la Comisión Europea, a pesar de que existen pruebas científicas que indican una situación preocupante. No hay que olvidar que el Comité Científico del MITECO recomendó en su momento la inclusión del lobo en el LESPRE y que la última actualización de la Lista Roja de Mamíferos de España lo clasifica como especie vulnerable.

No obstante, las organizaciones advierten de que el problema va mucho más allá del lobo y afecta a otras especies.

Las poblaciones de anguila europea, una de las especies más amenazadas del continente, han sufrido una fuerte caída en las últimas décadas. En 2021, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) concluyó que la especie había superado sus límites biológicos de seguridad y recomendó el cierre total de todas las pesquerías, tanto comerciales como recreativas. No obstante, las CCAA se opusieron recientemente a su catalogación como especie en peligro de extinción.

La situación del salmón atlántico no es mucho mejor. Según la evaluación realizada por la Sociedad Ibérica de Ictiología para la Lista Roja de la UICN, la especie está muy amenazada en España. Entre 2015 y 2024, sus poblaciones disminuyeron en más de un 80 %, y más de la mitad de su hábitat histórico es inaccesible por la presencia de presas y otras barreras artificiales. A pesar de ello, la pesca deportiva sigue permitida en numerosos ríos.

A estos casos se suman dos especies cinegéticas cuya situación preocupa cada vez más a los científicos. La tórtola europea y la codorniz han visto cómo descendían sus poblaciones en las últimas décadas (un 37% de 1998 a 2018 la primera, y un 60,4% entre 1998 y 2024 la segunda), pero las administraciones aún no han desarrollado medidas de protección alineadas con las recomendaciones científicas, que instan a incluirlas en los listados de especies protegidas y suspender su caza.

Las organizaciones recuerdan que la conservación del patrimonio natural es una obligación recogida en la legislación europea, española y en la Constitución. Además, hacen hincapié en que la protección de las especies amenazadas no entra en conflicto con ningún sector económico, sino que garantiza la viabilidad futura de los recursos naturales en los que se sustentan numerosas actividades productivas.

Posponer las decisiones necesarias para evitar conflictos inmediatos solo aumenta el riesgo de que las poblaciones sigan disminuyendo y de que futuras medidas tengan que ser más drásticas. Cuando una especie desaparece, las consecuencias ecológicas, sociales y económicas son mucho más difíciles de revertir.

Las organizaciones recuerdan que los ecosistemas funcionan como redes complejas en las que cada especie desempeña un papel irremplazable. Por ello, consideran inaceptable que se apliquen criterios diferentes en función del grado de conflictividad política o económica que genere cada especie.

Asimismo, concluyen que la única manera de responder a la crisis de naturaleza que atraviesa el planeta es situar su conservación y la lucha contra el cambio climático en el centro de las decisiones públicas.

Por ello, reclaman a las administraciones que respeten los procedimientos legales, refuercen el papel de los comités científicos independientes y promuevan procesos transparentes de diálogo con los sectores afectados para minimizar los conflictos y buscar soluciones consensuadas.

Por último, recuerdan: "La ciencia ya está ofreciendo respuestas. Lo que falta es voluntad política para escucharlas y actuar antes de que sea demasiado tarde".