En la España incierta de la Transición, cuando todavía resonaban los ecos de la dictadura y el país aprendía de nuevo el lenguaje de las urnas, siete diputados se sentaron a escribir algo más que una ley. Aquella tarea, discreta y compleja, acabaría dando forma a la Constitución de 1978: el gran pacto político que abrió una etapa democrática y que convirtió a sus redactores en los conocidos "padres de la Constitución".
La autoría de la Constitución española no puede entenderse como el gesto solitario de un jurista ante una página en blanco. Su primer borrador nació en el seno de una Ponencia Constitucional creada dentro de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977. En aquella mesa se reunieron Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, por Unión de Centro Democrático; Gregorio Peces-Barba Martínez, por el Grupo Socialista; Manuel Fraga Iribarne, por Alianza Popular; Jordi Solé Tura, por el Grupo Comunista; y Miquel Roca Junyent, por la Minoría Catalana.
Aquellos siete nombres quedaron asociados para siempre a un momento histórico de enorme fragilidad. España salía de casi cuarenta años de régimen franquista, los partidos recuperaban la legalidad, las calles mezclaban esperanza y temor, y las instituciones debían construir una legitimidad nueva. La Constitución tenía que responder a preguntas decisivas: cómo garantizar los derechos y libertades, qué papel debía ocupar la Corona, cómo organizar el poder del Estado y de qué modo reconocer la diversidad territorial sin romper el frágil equilibrio político.

Recreación visual de una mesa de trabajo durante la Transición, símbolo del consenso político que dio origen a la Constitución española de 1978
La Ponencia comenzó sus trabajos en 1977 en un clima de reserva. No se trataba solo de redactar artículos, sino de encontrar palabras capaces de satisfacer a adversarios que procedían de tradiciones políticas enfrentadas. Cada fórmula era una negociación; cada silencio, una concesión; cada coma, en ocasiones, una frontera. El anteproyecto vio la luz oficialmente en enero de 1978 y, desde ese momento, inició una larga travesía parlamentaria. Recibió numerosas enmiendas, fue discutido en comisión, debatido en el Congreso, revisado en el Senado y finalmente sometido al voto de los españoles el 6 de diciembre de 1978.
El grupo no era homogéneo, y precisamente ahí residía su fuerza simbólica. Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca aportaban la voz de la UCD, el partido llamado a pilotar la reforma desde el Gobierno de Adolfo Suárez. Peces-Barba representaba al socialismo y defendió con especial intensidad el reconocimiento de los derechos, las libertades y el carácter social del Estado. Solé Tura llevó a la mesa la mirada de una izquierda que acababa de salir de la clandestinidad y que debía integrarse en el nuevo orden democrático. Fraga encarnaba a la derecha conservadora y a quienes, desde posiciones procedentes del régimen anterior, aceptaban la apertura constitucional. Roca Junyent introdujo la sensibilidad del catalanismo político y una preocupación central por el futuro modelo territorial.
Vista con perspectiva histórica, la Constitución de 1978 fue menos una obra de estilo que una arquitectura de equilibrios. En sus páginas quedaron fijados principios llamados a ordenar la nueva convivencia: la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, la división de poderes, el reconocimiento de derechos fundamentales y la posibilidad de construir un Estado autonómico. Ninguno de esos elementos estuvo libre de debate. La cuestión territorial, en particular, exigió una redacción flexible, abierta a desarrollos posteriores, capaz de integrar aspiraciones muy distintas sin cerrar del todo las tensiones del momento.
Sin embargo, reducir la Constitución a la firma de siete diputados sería empobrecer la historia. Tras la Ponencia actuaron los partidos, los grupos parlamentarios, los letrados de las Cortes, los negociadores discretos y una sociedad que reclamaba libertades, estabilidad y futuro. El texto fue corregido, discutido y votado por las Cortes Generales antes de recibir el respaldo popular en referéndum. Por eso, si la autoría material del anteproyecto corresponde a los siete ponentes, la autoría política pertenece a una España que buscaba dejar atrás la excepcionalidad y regresar a la normalidad democrática europea.
La Constitución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978. Desde entonces, los nombres de Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Manuel Fraga, Jordi Solé Tura y Miquel Roca han quedado inscritos en la memoria política española. No fueron autores en el sentido literario del término, sino artesanos de un compromiso histórico. Escribieron el primer molde de una convivencia posible y lo hicieron en una época en la que el acuerdo no era un adorno retórico, sino una necesidad de supervivencia institucional. Por eso, al preguntar quién escribió la Constitución de 1978, la respuesta empieza por siete nombres, pero termina en una palabra que resume aquel tiempo: consenso.





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