Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación laboral en establecimientos de hostelería

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cádiz y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz.

Las pesquisas policiales permitieron detectar la actividad delictiva que se estaba desarrollando en cuatro establecimientos de hostelería especializados en comida rápida tipo kebab, dos ubicados en la ciudad de Cádiz y otros dos en Badajoz. Según la investigación, los locales eran utilizados para explotar laboralmente a personas extranjeras en situación de extrema vulnerabilidad.

Las víctimas, procedentes principalmente de Pakistán, habían abandonado sus países de origen huyendo de situaciones de pobreza extrema, precariedad laboral y graves problemas de seguridad. Muchas de ellas soportaban importantes cargas familiares y habían emprendido su viaje con la esperanza de encontrar oportunidades laborales en Europa.

Una vez en España, y encontrándose en situación administrativa irregular, aceptaban trabajos en los citados establecimientos de hostelería, donde eran sometidos a condiciones laborales y de vida extremadamente precarias.

En algunos casos, las víctimas residían en los propios locales donde trabajaban, durmiendo en sillas y sin disponer siquiera de colchones. Utilizaban los baños destinados al público para su aseo personal y se alimentaban con la comida disponible en el establecimiento. Sus jornadas laborales se prolongaban entre doce y catorce horas diarias, en ocasiones sin percibir salario o recibiendo remuneraciones mínimas.

Otros trabajadores eran alojados en viviendas destinadas a tal fin, donde convivían hacinados con otros compatriotas en condiciones insalubres, llegando a detectarse colchones infestados de chinches. A pesar de estas condiciones, mantenían jornadas laborales igualmente extensas, con escaso descanso, alimentación insuficiente y percepciones económicas que en algunos casos apenas alcanzaban los cien euros mensuales.

La investigación ha revelado que las víctimas estaban sometidas a un férreo control por parte de los responsables de la organización. Los trabajadores eran vigilados mediante cámaras de seguridad instaladas en los establecimientos, a través de las cuales los tratantes les daban instrucciones e incluso les despertaban durante la noche para realizar distintas tareas.

Asimismo, eran objeto de amenazas constantes, especialmente relacionadas con su situación administrativa irregular. Los responsables les advertían de que, si abandonaban el trabajo o denunciaban la situación, serían denunciados para su expulsión del país.

Las víctimas también sufrían humillaciones y coacciones psicológicas, llegando a ser amenazadas con ser grabadas y difundidas en redes sociales si no obedecían las órdenes recibidas, eran tratados de unos jefes a otros, cambiándolas de ciudades, como sí de ganado se tratase, anulando totalmente su voluntad.

Las condiciones de explotación y la presión constante ejercida sobre estas personas provocaron importantes secuelas físicas y psicológicas, entre ellas ansiedad, insomnio y cuadros depresivos.

La operación policial culminó con la realización de cuatro registros domiciliarios: dos en Badajoz , uno en una vivienda utilizada para alojar a trabajadores y otro en el domicilio de uno de los investigados, y dos en Cádiz, ambos utilizados como alojamiento para las víctimas.

Durante los registros, los agentes pudieron comprobar las condiciones en las que residían los trabajadores. Además, en uno de los inmuebles inspeccionados en Badajoz se localizó una gran cantidad de alimentos almacenados en condiciones insalubres, lo que motivó la imputación adicional de un presunto delito contra la salud pública.

En el transcurso de los registros se intervinieron cerca de 10.000 euros en efectivo, diversa documentación que permitió identificar a otras posibles víctimas, así como distintos efectos relacionados con la actividad investigada.

La actuación policial permitió la liberación de once víctimas de trata de seres humanos.

Tras los registros se procedió a la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en los hechos investigados, tres en Cádiz y una en Badajoz de los cuales dos han ingresado en prisión. Según la investigación, la organización presentaba una estructura estable en la que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones concretas dentro del entramado delictivo.

Asimismo, se procedió a la clausura de los cuatro establecimientos de hostelería en los que presuntamente se desarrollaba la actividad ilícita, dos en Cádiz y dos en Badajoz.