Extremadura y otras ocho comunidades rechazan la postura del Gobierno de España favorable a restringir la caza de la codorniz

Extremadura y otras ocho comunidades autónomas han enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) expresando su rechazo a la postura del Gobierno central que pretende asumir la recomendación de la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común (coturnix coturnix) sin un criterio científico claro. La misiva impulsada por la Junta de Extremadura la firman el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, y sus homólogos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

Las comunidades firmantes solicitan al Ministerio que reconsidere su posición, "eliminando o reconsiderando aquellas medidas que impliquen restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas sobre el ejercicio de la caza y sobre la capacidad de gestión de las comunidades autónomas". También piden "que no se traslade ante otros órganos de la Administración General del Estado ni ante las instituciones europeas la existencia de un supuesto consenso autonómico que no concurre en los términos en que se ha venido expresando".

Igualmente, los ocho consejeros plantean "que se refuerce un marco de trabajo verdaderamente cooperativo con las comunidades autónomas" y "que la defensa de la posición española ante cualquier instancia nacional o europea incorpore de forma leal la realidad del medio rural, la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética y la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias o decisiones que puedan resultar gravemente lesivas para amplias zonas del territorio".

Los firmantes consideran improcedente que se atribuya un respaldo general a propuestas que, en la práctica, suponen un incremento de las restricciones sobre la actividad cinegética, una mayor carga burocrática sobre cazadores, titulares de cotos y administraciones públicas, y una posible alteración de las órdenes generales de veda y de los regímenes de aprovechamiento actualmente vigentes en los distintos territorios.

"De manera particular -subraya la carta conjunta de las ocho comunidades autónomas-, suscitan una seria preocupación aquellas medidas orientadas a introducir mecanismos automáticos de restricción del aprovechamiento cinegético vinculados a variables climatológicas generales, la reducción adicional de jornadas hábiles, la imposición de nuevos cupos o limitaciones homogéneas para todo el territorio nacional, así como la implantación acelerada de sistemas de control, reporte y seguimiento que no hayan sido debidamente contrastados desde el punto de vista técnico, competencial y de viabilidad administrativa".

"Debe recordarse -añade el texto consensuado por los ocho gobiernos autonómicos- que la gestión cinegética, y en particular la ordenación de especies como la codorniz, exige una aproximación rigurosa, sí, pero también territorializada, proporcionada y respetuosa con el marco competencial vigente. No resulta admisible construir una respuesta uniforme sobre realidades ecológicas y socioeconómicas notablemente distintas, ni desplazar sobre las comunidades autónomas y sobre el medio rural las consecuencias de decisiones adoptadas sin una verdadera concertación institucional".

Las comunidades autónomas firmantes reiteran su compromiso con una gestión responsable, sostenible y basada en datos, compatible con la conservación de la biodiversidad y con el mantenimiento de los usos tradicionales y del tejido social y económico vinculado al medio rural.

La Junta de Extremadura considera que la posición del MAPA es profundamente lesiva para el sector cinegético regional y para las economías rurales de nuestra comunidad autónoma vinculadas a la media veda. La postura del Ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación, toda vez que abre la puerta para que la Unión Europea haga una interpretación errónea de la directiva de aves, obviando estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz y de otras especies.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural confía en que el Estado no permita que una vez más, el exceso de protección medioambiental sin justificación técnica suponga un freno al desarrollo económico de los pueblos extremeños.