Violencia en el sur de México empuja a familias hasta la frontera con Estados Unidos

La violencia del crimen organizado en el sur de México está obligando a familias enteras a recorrer más de 2.000 kilómetros hasta la frontera norte, no como parte de una migración económica, sino como una huida desesperada para salvar la vida. En Tijuana, una ciudad acostumbrada a recibir a migrantes de otros países, ahora también llegan mexicanos desplazados de sus propias comunidades, con miedo, pocas pertenencias y la esperanza de encontrar protección frente a amenazas, asesinatos, ataques armados y despojos de tierras.

El caso más reciente involucra a dos familias de origen náhuatl procedentes de Teticic, una comunidad indígena ubicada en la Montaña Alta de Guerrero. Trece personas, entre ellas menores de edad, fueron trasladadas primero a la Ciudad de México y después a Tijuana en un avión del Ejército mexicano, debido a que las autoridades consideraron demasiado riesgoso que viajaran por carretera. La decisión refleja la gravedad de las amenazas que pesan sobre estas familias y la capacidad de los grupos criminales para extender el miedo mucho más allá de sus zonas de operación inmediata.

Los testimonios de los desplazados apuntan a un patrón de violencia que se ha vuelto recurrente en distintas regiones del país: homicidios de familiares, desapariciones, intimidaciones, uso de drones, ataques contra viviendas e incendios. Una de las mujeres desplazadas, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, resumió el temor de su familia con una frase breve: "Tenemos mucho miedo. Nos están buscando". Su relato coincide con el de otros habitantes que aseguran haber abandonado sus hogares después de que la violencia se intensificara y los grupos criminales buscaran controlar el territorio.

En el Albergue Ágape de Tijuana, tradicionalmente dedicado a recibir a migrantes extranjeros, las familias encontraron refugio temporal. Su director, Albert Rivera, ha advertido que el grupo recién llegado forma parte de un éxodo mayor: cerca de 500 personas habrían abandonado Teticic por la inseguridad. Para los activistas que atienden estos casos, el fenómeno muestra una transformación silenciosa de la frontera norte, donde ya no solo esperan centroamericanos, caribeños o sudamericanos que buscan entrar a Estados Unidos, sino también mexicanos que huyen de la violencia dentro de su propio país.

El desplazamiento interno forzado en México no es nuevo, pero su visibilidad ha aumentado conforme más familias llegan a ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. En muchos casos, las personas dejan atrás tierras, viviendas, animales, herramientas de trabajo y redes comunitarias construidas durante generaciones. La huida implica perder no solo un patrimonio material, sino también una forma de vida. Para comunidades indígenas, además, el desplazamiento amenaza vínculos culturales, lingüísticos y territoriales que son fundamentales para su identidad colectiva.

La llegada a la frontera tampoco significa necesariamente el fin del peligro. Organizaciones civiles han documentado que algunas familias desplazadas vuelven a enfrentar extorsiones, amenazas o intentos de localización por parte de grupos criminales en las ciudades receptoras. Esto produce un segundo desplazamiento: personas que huyen de Guerrero, Michoacán, Chiapas u otras entidades del centro y sur de México y, al llegar al norte, deben volver a moverse dentro de la misma ciudad o hacia municipios cercanos para evitar ser encontradas.

Para algunas familias, la frontera representa una opción de protección internacional. Sin embargo, el acceso al asilo en Estados Unidos se ha vuelto más limitado y complejo, lo que deja a muchas personas en una situación de espera prolongada. Mientras tanto, los albergues afrontan una presión creciente: deben atender a migrantes extranjeros, deportados, solicitantes de asilo y ahora también a mexicanos desplazados por la violencia criminal. La demanda supera con frecuencia la capacidad de los refugios, que dependen en buena medida de donaciones, voluntariado y redes religiosas o comunitarias.

Especialistas y defensores de derechos humanos insisten en que el desplazamiento interno requiere una respuesta institucional más sólida. Las familias desplazadas necesitan protección inmediata, atención psicológica, asesoría legal, vivienda segura, acceso a salud y educación, además de mecanismos que les permitan reconstruir su vida sin quedar expuestas a nuevas amenazas. También reclaman investigaciones eficaces sobre los hechos que las obligaron a huir, ya que la impunidad permite que los grupos criminales mantengan el control de territorios y propiedades abandonadas.

El caso de las familias de Teticic evidencia que la violencia no solo provoca muertes y desapariciones; también reconfigura mapas humanos. Lo que antes era una vida comunitaria en la montaña se convierte en una travesía hacia una ciudad fronteriza, marcada por la incertidumbre y el miedo. En Tijuana, estas familias no buscan mejores oportunidades en primer lugar: buscan sobrevivir. Su presencia recuerda que la crisis de desplazamiento interno en México ya no puede entenderse como un problema lejano o aislado, sino como una emergencia humanitaria que atraviesa el país de sur a norte y que exige protección antes de que más comunidades sean obligadas a abandonar todo lo que conocen.