Medi Ambient de Islas Baleares consigue que la ley estatal de residuos respete el cànon autonómico

El conseller de Medio ambiente y Territorio de Islas Baleares, Miquel Mir, y el director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastià Sansó, han asistido al Pleno del Senado donde se ha aprobado la ley estatal de residuos. A través de las enmiendas presentadas en la cámara alta, se ha conseguido que las comunidades que ya tenían previsto el canon de residuos en los territorios lo puedan mantener.

El artículo inicial de la ley estatal eliminaba estos cánones territorializados para establecer uno de único. «No podíamos consentir que el Estado recentralizara uno de los pilares de la fiscalidad verde de nuestras islas, quitando soberanía a este Govern y eliminando el espíritu de esta medida, que no es otro que todo lo que se recaude se revierta en políticas ambientales», ha incidido Mir.

La disposición adicional conseguida, pues, establece que se podrá mantener la gestión, liquidación, recaudación e inspección del canon propio. «La evolución de este artículo garantiza que las Illes Balears puedan seguir aplicando un canon que no tiene afán recaudatorio, que se invertirá íntegramente en políticas verdes y será insularizado», ha explicado el conseller, quien ha añadido que «gestionar el canon desde las comunidades es la única manera de asegurar unas políticas soberanas y que tengan una repercusión directa en la ciudadanía de estas islas».

Así mismo, a través de las enmiendas presentadas en la cámara alta, se ha introducido en la normativa una de las alegaciones presentadas por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, en lo referente a la financiación del transporte de residuos de Formentera, que tendría que abonar el Estado, establecido por Ley desde 2011, pero que asume el Govern con un coste de un millón de euros anual.

Sobre este tema, el conseller ha mostrado su satisfacción para «garantizar la financiación del transporte de residuos de Formentera por parte del Estado, una reivindicación histórica de este Gobierno que supone el fin de una anomalía: que la ciudadanía de estas islas asuma el coste del transporte marítimo de residuos y no el Estado». Así, queda garantizado que, cuando entre en vigor esta ley, el gobierno central ya habrá establecido los mecanismos necesarios para asegurar la financiación, además de garantizar la disponibilidad presupuestaria para hacer frente en el sobrecoste.

Otra de las alegaciones presentada desde la Dirección general de Residuos y Educación Ambiental que se ha tramitado finalmente a través del Senado es la implementación de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR) en todo el Estado para 2024. En este sentido, Sansó ha destacado «la importancia de crear una red de Sistemas de Regreso para potenciar el reciclaje y reutilización entre la ciudadanía».

El conseller y el director general han participado, con el senador autonómico Vicenç Vidal, en las negociaciones de estos dos últimos días para trabajar las reclamaciones de las Illes Balears. En este sentido, la ley estatal de residuos recogerá el compromiso de que la mitad del reciclaje textil se lleve a cabo por entidades del tercer sector, una medida que, en palabras del director general, «afianza el camino iniciado con la Ley balear de residuos, donde los circuitos cortos y la economía social y circular son los pilares del cambio de modelo».