San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha intervenido más de 115.000 joyas falsificadas en una nave comercial del polígono industrial de Son Castelló, en Palma de Mallorca, en una operación contra la distribución de artículos que imitaban diseños y signos distintivos de marcas internacionales de lujo. Cuatro personas han sido investigadas como presuntas responsables de un delito contra la propiedad industrial.
La actuación culminó el pasado 14 de junio con un operativo desarrollado por las Patrullas Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo. Según la investigación, la nave funcionaba como centro logístico desde el que se distribuían, tanto al por mayor como al por menor, numerosos artículos de bisutería falsificados a comercios de Baleares.
La investigación comenzó meses atrás a raíz de varias inspecciones realizadas por la Guardia Civil en establecimientos comerciales de la isla. La documentación intervenida en esas actuaciones permitió a los agentes localizar el principal punto de abastecimiento desde el que presuntamente se distribuían las piezas falsificadas a una red de comercios de Baleares.
En total, los agentes aprehendieron 115.535 piezas de joyería falsificada: 38.493 pulseras, 35.994 pares de pendientes, 22.064 collares, 10.811 brazaletes y 8.173 anillos. La magnitud del material intervenido convierte esta actuación en la mayor operación contra joyería falsificada realizada hasta la fecha en Baleares.
La valoración pericial del material ha contado con la colaboración de especialistas de las marcas afectadas desplazados desde Madrid. Según las estimaciones realizadas, si las piezas hubieran sido comercializadas como artículos originales, su valor habría alcanzado cientos de millones de euros, aunque eran ofrecidas en el mercado a precios muy inferiores.
La Guardia Civil recuerda que la comercialización y compra de productos falsificados ocasiona importantes perjuicios económicos a las marcas legítimas y a los establecimientos que cumplen la normativa vigente. También advierte de que estos artículos carecen de los controles de calidad y seguridad exigidos por la legislación europea, por lo que pueden provocar reacciones alérgicas u otros riesgos para la salud de los consumidores.
La operación continúa abierta y no se descarta la práctica de nuevas actuaciones en el marco de la investigación.
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