Málaga solicitará el cálculo de la huella de carbono a empresas adjudicatarias de contratos públicos

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Contratación Pública Estratégica y Sostenibilidad Medioambiental, ha implementado nuevas medidas frente al cambio climático a través de una instrucción que aplica cláusulas medioambientales en la ejecución de determinados contratos públicos, como son el cálculo de huella de carbono de la actividad, el empleo de vehículos menos contaminantes y medidas específicas en los contratos de suministro alimentario. La iniciativa, en vigor desde comienzos de año, pretende reducir la huella de carbono en los contratos de servicios y bienes externalizados que se convoquen, dando continuidad al Plan Municipal contra el Cambio Climático que recoge actuaciones concretas para la mitigación de emisiones, la transición energética y la adaptación climática de la ciudad, a la vez que se amplían las condiciones especiales de ejecución en los contratos que se venían aplicando hasta ahora mediante la incorporación de, al menos, una de carácter social o medioambiental.

En concreto, la aplicación de estas nuevas medidas se articula a través de condiciones especiales de ejecución directamente vinculadas al objeto del contrato, que serán exigibles durante su desarrollo y no como requisitos previos de solvencia o criterios de admisión. De este modo, se garantiza el respeto a los principios de igualdad de trato, libre concurrencia y acceso a la contratación pública, sin restringir la participación de licitadores.

Así, la nueva instrucción vincula a los órganos de contratación del Ayuntamiento de Málaga para la incorporación de determinadas condiciones especiales de ejecución en aquellos contratos cuyas características sean compatibles. Las condiciones especiales que se incorporan son las siguientes:

Se deberá presentar un informe estimado de emisiones a los 15 días del comienzo del contrato; otro informe con datos reales al año de la ejecución del mismo, que se presentará de forma anual mientras dure la prestación del servicio; y un informe definitivo, al menos un mes antes de la finalización del contrato, con los datos actualizados de las diferentes anualidades. En esta primera fase, el cálculo de la huella de carbono se solicitará para promover la concienciación ambiental de las empresas, aunque en una segunda fase en la que se está trabajando se implementará una cláusula para incorporar en los pliegos mejoras graduales dirigidas a que las empresas no sólo calculen, sino que también disminuyan esa huella de carbono, adoptando medidas de reducción de la misma durante la prestación de los servicios públicos en consonancia con la Estrategia de Economía Circular aprobada por el Ayuntamiento en enero de 2025.

El Ayuntamiento viene incorporando desde 2018 condiciones especiales de ejecución de carácter social o medioambiental en sus contratos públicos, en cumplimiento con la normativa vigente. Hasta ahora, dichas cláusulas se introducían de forma individualizada en función del objeto de cada contrato y a criterio del área proponente, con medidas como la correcta gestión de residuos, la utilización de vehículos de bajo impacto ambiental, la mejora de la eficiencia energética o el uso de papel reciclado, entre otras. La nueva medida aborda la contratación municipal con un enfoque coordinado que permitirá evaluar de forma global su impacto ambiental.

La huella de carbono es un indicador ambiental que mide la cantidad de gases de efecto invernadero entre los que destacan el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso, emitidos directa o indirectamente como consecuencia de una actividad. Su medición se realiza atendiendo a distintos alcances, que incluyen tanto las emisiones directas derivadas del consumo de combustibles y energía, como las emisiones indirectas asociadas a bienes, servicios subcontratados y desplazamientos.

Actualmente, el Ayuntamiento de Málaga mide sus emisiones directas e indirectas asociadas al consumo energético. Con esta iniciativa, el Consistorio amplía ese análisis al denominado "alcance tres", incorporando por primera vez la huella de carbono generada por los servicios públicos que se prestan a través de empresas contratistas. El objetivo es disponer de un diagnóstico real y completo del impacto ambiental de la actividad municipal externalizada.