OSP denuncia “doble vara de medir” del Ayuntamiento de Marbella en la gestión del suelo público y el caos en una promoción de VPO

Opción Sampedreña (OSP) ha denunciado este martes lo que considera una "doble vara de medir" del Ayuntamiento de Marbella en la gestión del suelo público, así como graves deficiencias en el residencial Don Diego de Nueva Andalucía y opacidad en la promoción de 84 viviendas protegidas en San Pedro de Alcántara.

Según ha expuesto Mabel Domínguez, Presidenta de OSP, el Consistorio ha vendido el suelo de la promoción de 84 VPO en San Pedro por 2,9 millones de euros, lo que supone un coste repercutido de aproximadamente 34.500 euros por vivienda, incrementando el precio final hasta en un 12%. OSP critica que, mientras se anuncia una subvención de 15.000 euros (10.000 euros municipales y 5.000 de la promotora), el impacto del coste del suelo encarece el precio de los inmuebles.

En contraste, la formación señala la cesión durante 50 años de una parcela municipal calificada para uso educativo, social, deportivo y zonas verdes a una empresa privada para la construcción de un colegio sueco. El valor estimado de la cesión asciende a 9 millones de euros en ese periodo. OSP subraya que esta cifra triplica el importe obtenido por la venta del suelo de las 84 viviendas protegidas.

Manuel Osorio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal también ha denunciado la situación del residencial Don Diego, cuyos vecinos, que entraron a vivir en octubre de 2025, aseguran sufrir filtraciones, humedades, inundaciones en zonas comunes y garajes, desprendimiento de chapas en episodios de viento y ausencia de ascensor desde su entrada en las viviendas. Algunos propietarios, según OSP, han tenido que asumir la compra de equipamiento de cocina que debía estar incluido.

Además, la comunidad colindante, Rivera de Guadaíza, sostiene que desde 2012 asume gastos de mantenimiento de zonas comunes compartidas —puertas de garaje, sistemas contra incendios, grupos de presión o iluminación— sin que se haya compensado la parte correspondiente. Las obras recientes, añaden, han provocado daños adicionales que tampoco han sido cubiertos.

OSP cuestiona también la gestión del sorteo de las 84 viviendas, celebrado hace un mes. Según la formación, los adjudicatarios aún desconocen el precio definitivo de los inmuebles y si podrán asumirlo. Las horquillas publicadas en prensa sitúan los precios entre 150.000 y 260.000 euros, sin confirmación oficial, lo que dificulta calcular el ahorro previo necesario, estimado entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda.

De las 84 viviendas, 42 se han destinado a régimen especial (hasta tres veces el IPREM, unos 22.000-23.000 euros anuales) y 42 a régimen general (hasta 5,5 veces el IPREM). OSP afirma que las probabilidades de acceso han sido notablemente inferiores para el grupo con menores ingresos. Asimismo, denuncia que las 12 viviendas adaptadas solo han podido ser adjudicadas a solicitantes dentro del tramo de hasta 5,5 veces el IPREM, excluyendo a quienes se sitúan en el límite inferior de ingresos.

La formación reclama mayor transparencia, acompañamiento desde la Oficina Municipal de Vivienda y una política de suelo "coherente y orientada prioritariamente a abaratar el acceso a la vivienda pública", evitando que esta se convierta, a su juicio, en "una herramienta recaudatoria".