El maestro de apoyo de Infantil del Colegio Lope de Vega de Casariche, investigado por un juzgado de Estepa (Sevilla) tras las denuncia por agresión sexual a menores presentada por una veintena de familias, ha defendido su inocencia y ha denunciado supuestas "intimidaciones" contra él y varios testigos.
Su abogado defensor, Luis Romero, ha detallado en un comunicado que, en abril de 2025, varias madres de niños de entre tres y cuatro años presentaron denuncias ante la Guardia Civil porque, según ellas, algunos menores les habían descrito conductas presuntamente ocurridas en los baños del colegio que podrían constituir abusos sexuales.
Una vez que estas denuncias y algunas otras presentadas posteriormente fueron trasladadas al docente, este negó que tuviese algo que ver con los hechos, como ratificó ante la jueza de instrucción que le tomó declaración.
Según su letrado, el director del colegio afirmó en su declaración judicial que, a su entender, era imposible que los hechos denunciados hubieran podido ocurrir en el centro debido a dónde están ubicados los baños, que los niños están siempre vigilados y cuidados y los profesores no cambian a los menores ni los acompañan al aseo.
Ha indicado además que el profesor denunciado "no está nunca sólo con los niños", pues como docente de apoyo de tres clases de Infantil siempre están presentes las tres profesoras tutoras de esos grupos.
Según el letrado, el pasado 2 de octubre prestaron también declaración las tres tutoras que imparten clases en los grupos de los niños donde realiza su trabajo el docente de apoyo y que habrían manifestado que siempre han observado una conducta correcta del denunciado.
Romero ha informado además de que, desde que el maestro tuvo conocimiento de la denuncia, se encuentra de baja médica por ansiedad debido a la que considera "falsedad de las denuncias".
Una vez que las denuncias se han conocido de forma pública, según el abogado defensor, se habrían producido además presuntos delitos que va a denunciar en los próximos días tras la aparición de una pancarta con la mención 'Los niños no mienten' o el reparto de octavillas con este mismo mensaje.
"Constituye a nuestro entender un delito contra la administración de justicia, en forma de obstrucción e intimidación a testigos", ha dicho Romero, que alude a supuestas "acciones intimidatorias" y que apunta a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del maestro después de que, a su juicio, se hayan vertido injurias y calumnias.
"Entendemos que, con la propaganda y las intimidaciones, se está vulnerando también la intimidad y los derechos de los menores con unas actuaciones irresponsables que están creando una alarma social en Casariche y en toda España", ha concluido.