San Pedro Alcántara
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El Servicio de Protección a la Naturaleza SEPRONA de la Guardia Civil de Sevilla, en el marco de la operación NESSIL, llevada a cabo en colaboración con Policía Local de Dos Hermanas y Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, ha procedido a la investigación de 115 personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio.
La investigación comenzó a finales del año 2024 tras tener conocimiento la Guardia Civil de la formación de un nuevo asentamiento urbanístico de aproximadamente 120.000 m², subdivididas en 236 parcelas ubicadas en suelo rústico preservado en el término municipal de Dos Hermanas.
A raíz de esta primera línea de investigación, la Guardia Civil realizó inspecciones y comprobaciones in situ, toda vez que dicha segregación urbanística había sido realizada mediante Acta Notarial privada, dificultando mediante dicho acto la identificación de los titulares de las parcelaciones.
La Guardia Civil constató en el inició de las investigaciones que dicho asentamiento había sido dotado de caminos de acceso con un vallado perimetral contando con puertas automáticas de cerramiento, además de contadores de agua y luz, certificando los investigadores la instalación de viviendas prefabricadas asícomo algunas de ellas de obra.
Actuación innovadora en la provincia de Sevilla
Como consecuencia de las primeras diligencias llevadas a cabo a través de la colaboración directa con la Fiscalía de Medio Ambiente, se autorizó la entrada e identificación de las parcelaciones ilegales, y zonas comunes del asentamiento.
Dicha medida adoptada se trata de una actuación innovadora y de enorme envergadura en la provincia de Sevilla, toda vez que hasta la actualidad no había sido adoptada tales medidas por ninguna Autoridad Judicial.
La laboriosa actuación llevada a cabo por parte de la Guardia Civil y Policía Local de Dos Hermanas ha culminado con la inspección y registro de más de 120 subparcelas ilegales, además de la investigación de 115 personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio, puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente.
Este tipo de delito está recogido en el artículo 319 del Código Penal, teniendo en cuenta que los autores de estas actuaciones se enfrentan a penas de prisión entre 1 a 4 años, multas de 12 a 24 meses o del tanto al triplo del beneficio obtenido, inhabilitación especial para profesión u oficio, y al restablecimiento del orden alterado a cargo del autor del delito.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
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