La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas y en el blanqueo de capitales.
La cuota de IVA presuntamente defraudada durante el periodo investigado, comprendido entre 2018 y 2025, asciende a 11,9 millones de euros, una cantidad que podría incrementarse a medida que avance el análisis de la documentación intervenida en los registros.
La operación, denominada 'Drink'/'Alambique', se ha saldado con la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro. Los agentes practicaron diez entradas y registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares de Sevilla, Córdoba, Badajoz y Valencia.
Durante la actuación se bloquearon 35 cuentas bancarias vinculadas a la trama y se solicitó el embargo de once inmuebles relacionados con la organización. En el domicilio de uno de los principales investigados fueron intervenidos 66.000 euros en efectivo, varios relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la causa.

Tras analizar abundante documentación y 173 cuentas bancarias, los investigadores confirmaron la importación de importantes volúmenes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de varios Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, con destino a depósitos fiscales en España.
El presunto fraude se articulaba mediante empresas introductoras que adquirían mercancía en régimen suspensivo de IVA e impuestos especiales. Tras varias transmisiones dentro de depósitos fiscales a nombre de sociedades instrumentales, el alcohol era extraído con destino a distribuidoras mediante sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes.
Esta operativa permitía a las distribuidoras ofrecer precios notablemente inferiores a los del mercado, generando una competencia desleal en el sector. Para ocultar el circuito fraudulento, la organización habría creado múltiples sociedades instrumentales a través de testaferros y facturas falsas.
El análisis económico patrimonial reveló que los líderes de la organización desviaban parte de los beneficios a una sociedad patrimonial creada para ese fin, a cuyo nombre figuraban determinados inmuebles de los principales investigados.
La fase de explotación se desarrolló el pasado 14 de julio bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, plaza número 2. Durante el operativo se practicaron registros en La Puebla de Cazalla, Valencia, Badajoz y Córdoba, y fueron detenidas trece personas, entre ellas los presuntos responsables de la trama. Otras cuatro permanecen investigadas.
En una segunda fase, los investigadores inspeccionaron naves de empresas relacionadas con la organización para reforzar las pruebas sobre el funcionamiento del entramado y la participación de los implicados.





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