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El alcalde de Santa Pola ve pocos los 843 años de cárcel para los dos etarras por el atentado

En declaraciones a EFE, Zaragoza se ha pronunciado sobre la condena a los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi por el atentado con bomba cometido contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, en el que murieron una niña de 6 años y un adulto.
      
"El Estado democrático ha vencido finalmente al terrorismo tras una larga espera, pero se le ha podido poner cara a las personas que pusieron la bomba", ha destacado.
      
"843 años (de cárcel) me parecen pocos, y por lo menos que cumplan los 20 años íntegros y que no tengan ningún tipo de favor", ya que "tienen que meditar que segaron la vida a dos personas inocentes", ha dicho.
      
El alcalde ha puesto de relieve que "el sistema democrático está instaurado en el País Vasco, al igual que en el resto de España", desde hace muchos años y que, por lo tanto, los terroristas "no tenían nada por lo que luchar".
      
"Tenían la libertad completa de la que disfrutamos todos los españoles: Era una sinrazón y (ahora) que reflexionen y que tengan la dignidad de pedir perdón a las familias", ha urgido.

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Sáenz de Santamaría: «Para crecer hay que soltar el lastre del déficit y deuda»

Sáenz de Santamaría, que ha clausurado hoy en Ávila el Congreso del PP de Castilla y León, en el que se ha reelegido a Juan Vicente Herrera como presidente de la formación, ha insistido en su intervención, centrada en la economía, en la "buena noticia" que supuso el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que, ha asegurado, "va a tener consecuencias muy pronto".
      
A partir de ahora "se pone el contador a cero, sale todo lo que hay, se asume el compromiso de que nunca más a haber déficit oculto, es más, que no va a haber por encima del permitido", ha sostenido.
      
Sáenz de Santamaría ha planteado a los compromisarios del PP de Castilla y León que "no son épocas para gobernantes cómodos" y les ha trasladado que "es el momento de ser valiente, directo y sincero, porque es ahora o nunca".
      
La vicepresidenta ha insistido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal, que será "el primer elemento para poder remontar la crisis y crear empleo", ha dicho, a partir de un "gran objetivo nacional" que consiste en "controlar el déficit y ser austeros".
      
Gobierno y las autonomías se "han puesto de acuerdo en que para crecer hay "que soltar ese lastre que llevamos en las alas y que se llama déficit y deuda, porque esos 700.000 millones de deuda pública pesan y lastran mucho", ha añadido.
      
Tras insistir en esa "deuda pesada", la vicepresidenta del Gobierno se ha referido al pasado para señalar que "malgastar no ha servido ni para crecer ni para crear empleo, sino todo lo contrario". La vicepresidenta del Gobierno ha planteado que con estas medidas España "se compromete con la austeridad", pero también "sienta las bases para un país creíble".
      
Tras recalcar que "no solo con austeridad se sale de la crisis", Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido las reformas impulsadas por "un Gobierno que tiene un respaldo muy mayoritario de los ciudadanos" para emprender dichas reformas.
      
Sobre los debates "un tanto falsos" en torno a la austeridad y el crecimiento, ha argumentado que no conoce "a nadie que no quiera crecer", ya que sería "un suicidio para todos".
      
Como ejemplo de esa compatibilidad se ha referido al plan de pago a proveedores, que desde su punto de vista conjuga estos dos conceptos, ya que los 35.000 millones de euros que incluye servirán para "inyectar liquidez" a la economía productiva.
      
La austeridad debe ser "la base de un buen Gobierno", así como "el respeto al dinero del contribuyente", que, en su opinión, es "sagrado" para un gobernante.

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Torres-Dulce ordena depurar todas las responsabilidades en as cajas de ahorro

Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha calificado de "varias y variadas" las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.

Ha concretado que entre los organismos investigados no se encuentra "de momento" Bankia, aunque "otra cosa es que pueda haberlo en el futuro" y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.

BANKIA
"En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Banckia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no".

Torres-Dulce ha añadido que él es "muy beligerante" en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa "extraordinariamente". No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos "por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación". Ha añadido que "se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía".

PETICION AL BANCO DE ESPAÑA
"Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido", ha añadido Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita "con mayor presteza".

"No se trata de falta de colaboración", según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer "un mayor ritmo investigador". El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una "mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos".

Según ha podido adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. "Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal", ha señalado Torres-Dulce.

"Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación".

NO HABRA INQUISICION GENERAL
Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. "No vamos a investigar todo lo que haya hecho la 'Caja X', sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal", ha concretado.

Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general ha señalado: "Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave".

CORRUPCION
Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce ha anunciado que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver "con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales".

Ha advertido que el los últimos tiempos "está muy presente" la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a "financiación de partidos políticos", pero también existen otros casos "que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante".

Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, "empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores".

Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.

El fiscal general ha insistido en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede "intentar conseguir una condena como sea", sino a través de los medios legales.

"En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -ha añadido- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías
y derechos fundamentales".

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De Guindos explicará en el Congreso la reforma financiera

Fuentes del Ministerio de Economía hoy han indicado a EFE que la comparecencia se producirá a mitad de semana, probablemente el miércoles, aunque la fecha la determinará la Junta de Portavoces.

La petición del ministro se produce horas después de que el PSOE haya pedido varias comparecencias parlamentarias para analizar la crisis de Bankia y su posterior nacionalización, entre ellas la del ex presidente de la entidad Rodrigo Rato y la del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
      
Precisamente, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, reclamaba este viernes que el ministro de Economía compareciera a petición propia para explicar a la cámara las razones de la nacionalización de Bankia y su plan de intervención.
      
La petición de De Guindos coincide, además, con un momento de especial desconfianza hacia el sector financiero, que en los últimos días ha sufrido una rebaja masiva de la calificación de Moody's y caídas intensas en la bolsa por las dudas que genera su exposición inmobiliaria.
      
El Gobierno decidió hace unos días, con objeto de eliminar estas incertidumbres, encargar a dos firmas independientes e internacionales la elaboración de una auditoría de todos los activos inmobiliarios de la banca.
      
Según indicó ayer viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el anuncio de cuáles son las empresas elegidas se producirá el próximo lunes.
      
La auditoría, que durará unos dos meses, se dividirá en dos fases. En la primera se realizará una prueba de solvencia en el plazo de un mes, similar a las que realiza la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés).
      
La segunda fase consistirá en un "análisis más pormenorizado" de los balances de los activos de los bancos de forma individual, entidad por entidad.

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Las autonomías engordan el déficit

Madrid- El jueves, los representantes de las comunidades abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con una sonrisa en la boca, sobre todo Andalucía, pues su plan de ajuste se aprobó in extremis tras una tensa reunión en la que Cataluña medió para salvar las cuentas de la Junta. Solamente Asturias, la única suspendida, tenía motivos para no celebrar nada. Pero ayer ya no era el momento de documentos técnicos ni de teorías; tocaba comprobar si todas esas cuentas cuadraban con la realidad. Y no lo hicieron.

Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León presentaron unos resultados de déficit al cierre de 2011 superiores a los presentados a Hacienda en febrero, lo que obligó a los técnicos del Ministerio a sacar la calculadora para dar una nueva cifra de déficit, pues este desajuste «sorpresa» supone una desviación adicional de más de 3.000 millones de euros. Así, el déficit del Estado asciende al 8,9 por ciento del PIB, tal y como informó el Ministerio de Hacienda a última hora de ayer. Eso sí, pese a este revés, mantiene la previsión para 2012 de alcanzar el 5,3 por ciento de déficit para el conjunto de las Administraciones y del 1,5 por ciento para las autonomías, tal y como estaba previsto. Según el Ministerio de Hacienda, esta desviación se debe, fundamentalmente, a la transparencia derivada de la operación de pago a proveedores.

Déficit elevado
Concretamente, la Comunidad Valenciana presentó a Hacienda una desviación del déficit del 3,68 por ciento, cifra que se elevaba en su plan de ajuste al 4,5, esto es, 844 millones adicionales. La Comunidad de Madrid, por su parte, declaró en un primer momento que su déficit era del 1,13 por ciento del Producto Interior Bruto, aunque al final lo ha elevado al 2,21, lo que supone 2.027 millones más de los inicialmente previstos. Y Castilla y León más de lo mismo, pues reconoce una desviación del 2,59 por ciento, cuando antes hablaba de un 2,3 por ciento (137 millones de euros).

Junto a estos tres casos, Galicia también presentó unas necesidades de financiación del 4,37 por ciento del PIB regional, aunque una vez descontadas las liquidaciones negativas del sistema de financiación sitúan su déficit en el 1,61 por ciento, por ello, desde la Consejería de Hacienda gallega recalcaron y se reafirmaron en ese porcentaje de déficit del 1,61, «la comunidad con menos déficit en 2011» celebraron.

«Todo influye»
Con estos datos, el déficit autonómico pasa del anunciado 2,9 por ciento del PIB al 3,3 por ciento. Además, estos desajustes en los planes de las tres autonomías traen consigo ese incremento de cuatro décimas sobre el déficit del Estado del 8,5 por ciento del PIB calculado inicialmente por el Gobierno.

Pese a ello, desde el Ministerio de Hacienda indicaron que «todo influye» y recordaron que cuando se hizo pública la liquidación de las comunidades autónomas ya se avisó de que podría haber algunas variaciones, informa Ep.

Desde la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana destacaron cuando se presentó el 16 de abril el plan de pago a proveedores ya se anunció que debían incluirse en el mismo facturas por valor de 1.850 millones no imputadas a ningún presupuesto y, por tanto, tampoco en la liquidación del presupuesto del año pasado presentada en febrero.

Mientras, desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, atribuyó el incumplimiento del déficit hecho público ayer a tres factores determinantes: el desplome de los ingresos por la recaída de la economía (unos 2.000 millones de euros menos), el mantenimiento por parte de la Comunidad de Madrid de su gasto en servicios públicos prioritarios y, por último, la puesta en marcha del plan de pago a proveedores.
 

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Andalucía, que aprobó in extremis, se rebela

SEVILLA/BARCELONA- Andalucía se rebela contra el Gobierno. La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificó ayer de «desigual» e «injusto» el trato que, a su juicio, tuvo ayer el Gobierno andaluz en el marco de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Díaz censuró el «trato desigual» a Andalucía «respecto a otras comunidades» y consideró que el Gobierno central debe «ser responsable con la situación que estamos viviendo». «Hay que mirar con lupa los planes de otras comunidades» para cumplir con el objetivo de déficit, si bien incidió en que «la atención que se produjo respecto a Andalucía» en el CPFF fue «desigual». «Nosotros estábamos comprometidos con el déficit, vamos a cumplir y así lo manifestamos, pero en este plan el 99 por ciento de las medidas de ajuste son impuestas por el Gobierno de España», argumentó. Asimismo, añadió que el gobierno de la Junta de Andalucía, formado por PSOE e IU, considera que se tratan de medidas «injustas», de tal forma que se tendría que haber repartido el déficit «de otra manera». En Cataluña, CiU, en desbandada, exigió ayer al Gobierno de Rajoy los mismos sacrificios. El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, y el portavoz del Govern, Francesc Homs, se repartieron los papeles de «policía malo» y «policía bueno» para valorar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que se aprobó el plan de reducción del déficit de la Generalitat. El primero salió al ataque, «¿dónde está el plan de ajustes del Estado? Queremos ver los sacrificios, ajustes y reducciones en el gasto propio del Estado, porque hasta ahora los sacrificios sólo se han concentrado en los otros», lamentó. Mientras que el segundo se quedó en su terreno de juego, «la situación no nos gusta, pero los pasos que hay que dar se están dando», admitió. Si bien discreparon en el tono, ambos coincidieron a la hora de reclamar al Estado su propio plan de ajuste: El gobierno catalán quiere que Rajoy exponga el detalle de sus recortes en ámbitos como Presidencia, Defensa, las nóminas de los funcionarios, además de concretar si va a eliminar duplicidades.

UPyD y PSOE prometen reducir el déficit asturiano
PSOE y UPyD acordaron ayer elegir al candidato socialista, Javier Fernández, como próximo presidente del Principado de  Asturias, única comunidad cuyo plan de ajuste susendió el jueves. Los candidatos de ambos partidos firmaron el acuerdo de legislatura y lo definieron como el documento que persigue dar la mejor salida posible a la «crítica» situación de Asturias.Además, Fernández subrayó que garantizará el cumplimiento de reducción del déficit público. 

Cospedal desvela los derroches de Barreda
El Gobierno de José María Barreda pagaba 100 euros por cada pasajero que volaba desde el aeropuerto de Ciudad Real en el primer semestre de 2011 con el objetivo de «mantener artificialmente» esta infraestructura, según desveló ayer la presidenta regional, María Dolores de Cospedal. Según las estadísticas de tráfico de pasajeros en ese periodo pasaron 11.844 personas por el aeródromo, ahora cerrado.
 

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Hacienda sancionará a los altos cargos que malgasten

MADRID- El Consejo de Ministros estudió ayer el informe de la Vicepresidencia del Gobierno con las aportaciones ciudadanas introducidas en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ésta es una de las iniciativas en positivo que el Ejecutivo está poniendo más en valor, la «niña mimada», dentro de un programa condicionado por los ajustes y las medidas más impopulares. En el proceso de audiencia pública de este anteproyecto han participado casi 80.000 ciudadanos, que han enviado a Moncloa 3.700 observaciones.

La nueva ley, que será aprobada en el próximo periodo de sesiones, permitirá al Ministerio de Hacienda sancionar a todos los altos cargos de todas las Administraciones Públicas que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, que malgasten los fondos públicos, dejen facturas en el cajón o no se ajusten a sus presupuestos.

La parte del Buen Gobierno entrará en vigor inmediatamente; mientras que lo hará un año después de su aprobación la parte de la ley que afecta a la Transparencia, ya que obliga a introducir aplicaciones informáticas en todas las Administraciones Públicas para abrir, por ejemplo, portales de comunicación con la ciudadanía, y eso exige un tiempo de adaptación. La Ley de Transparencia británica, que se considera modélica, tardó cinco años en aplicarse, según resaltó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sólo habrá una excepción para la citada tutela de Hacienda, la de los miembros del Gobierno, que quedan sometidos a la decisión del Consejo de Ministros. La sanción administrativa implica la pérdida del puesto de alto cargo en la Administración central, autonómica o municipal. También dejarán de tener derecho a las pensiones indemnizatorias y, si es el caso, quedarán obligados a restituir las cantidades indebidamente percibidas. La pena de la inhabilitación, entre cinco y diez años, dependerá de la decisión del juez, dentro de la reforma del Código Penal ya anunciada.

Según detalló la vicepresidenta, de las aportaciones ciudadanas el Gobierno ha aceptado la petición de que se incorporase a la obligación de suministrar información a los colegios profesionales y a los adjudicatarios de contratos públicos; la de reforzar la simplificación normativa; y la de establecer la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

La «calle» también ha intervenido para que se cree una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y ha conseguido reforzar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia y Calidad de los Servicios mediante el mecanismo de que el nombramiento y las causas del cese de su presidente se equiparen a los de los organismos reguladores.

Por otra parte, Sáenz de Santamaría hizo hincapié en poner en valor el acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas sobre el déficit que se alcanzó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado jueves. 
 

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ANÁLISIS: ¿Qué impacto tiene el desvío?; por Ramón Zárate

l ¿Qué importancia tiene el desvío del déficit de Valencia, Castilla y León y Madrid?
-Aumenta la percepción internacional de que hay una falta de control generalizado sobre las cuentas reales, sobre el gasto de todas las Comunidades Autónomas con independencia de su color político.

l ¿Qué implica en el déficit de 2011?
-Implicará un incremento del déficit estimado para 2001 del déficit estatal que evidentemente se verá incrementado.

l ¿Resta credibilidad a las cuentas públicas en Bruselas, después de las dudas surgidas en la UE?
-En principio no restará ni minará nuestra credibilidad siempre y cuando las cifras declaradas hoy sean reales. Hay que recordar que Europa no se había creído las cifras presentadas con anterioridad o al menos no del todo y los datos conocidos hoy constatan esta percepción.   El Gobierno tendrá que ver en la próxima reunión con la CE a finales de mayo la certeza del déficit de las Comunidades Autónomas y demostrar a Bruselas que ahora sí son cifras reales.

l ¿Cómo se puede «arreglar» esta nueva corrección?
-Dando total transparencia a la gestión de las cuentas de las autonomías y continuando con los procesos de ajuste para reducir el déficit progresivamente. Seguramente con cierta tutela estatal o una mayor fiscalidad por parte del Estado.

l ¿Cree que es necesario más control, o más organismos de control del déficit de las administraciones públicas?
-Evidentemente ha de haber un control, pero obviamente exigirá un acuerdo entre los partidos mayoritarios que lo facilite.

Ramón Zárate
Socio Director de Emásl EAFI

 

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Más de ocho siglos de cárcel para los etarras que atentaron en Santa Pola

Madrid- La Audiencia Nacional ha condenado a los etarras del «comando Argala» Andoni Otegi Eraso y Óscar Celarain Ortiz a penas que suman 843 años de cárcel por el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en el que murieron la niña Silvia Martínez Santiago y Cecilio Gallego. Otras 51 personas resultaron heridas. La sentencia destaca la alevosía con que actuaron los terroristas, con una «voluntad decidida» de ocasionar la muerte, para lo cual utilizaron un coche bomba que colocaron sin previo aviso junto a la valla del cuartel de la Guardia Civil , «donde vivían numerosas familias con niños, prácticamente “pegados” a las viviendas, a una hora y en un momento de mayor presencia de aquéllas en sus casas, así como de personas en los alrededores, todas ellas totalmente indefensas». De hecho, una de las pruebas de cargo que destaca el tribunal para condenar a los dos terroristas es el documento elaborado por Otegui y Celarain tras su detención en Francia, incautado al entonces dirigente de la banda Ibon Fernández Iradi, «Susper», en el que relatan cómo llevaron a cabo el atentado. En ese texto, que ETA llama «autocrítica o cantada», informan a la banda que eligieron una «hora punta», sobre las ocho y media de la tarde, para realizar la acción terrorista, porque «queríamos atraparles cenando». Es decir, buscaban ocasionar «un número importante de víctimas entre el colectivo» contra el que iban a atentar. Los criminales, quienes incluso se jactan de regalar «una silla» a quienes estaban en la parcela próxima a la que ocupaban en el camping y de la «mucha vida» que había en Santa Pola, relatan que huyeron del lugar 15 minutos antes de la explosión. En Elche  permanecieron escondidos dos días y lograron llegar a Lisboa, desde donde reivindicaron el atentado.
 

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Francia exige a ETA la disolución incondicional

Madrid- Hubo buena sintonía. El ministro del Interior, Jorge Fernández, se reunió ayer con su homólogo francés, Manuel Valls, previo a la reunión del G-6 de ministros del Interior que tiene lugar en Múnich (Alemania) para contrastar posturas sobre la lucha contra ETA. El catalán sirvió para romper el hielo ya que el ministro francés, originario de Barcelona, se entendió con el ministro Fernández en esta lengua y en castellano. Manuel Valls, el nuevo ministro del Interior francés del Gobierno de Hollande, anunció que apoya «todas las políticas de España» en la lucha contra ETA al tiempo que ha pedido a la banda su «disolución incondicional», según informaron fuentes ministeriales.

Visita a Madrid
Valls hizo declaraciones en una rueda de prensa posterior a la Cumbre del G-6 integrado por los ministros del Interior de los principales países europeos celebrada en la capital bávara donde ha garantizado la colaboración de Francia en la lucha antiterrorista. Asimismo anunció que la semana que viene visitará Madrid para reunirse con su homólogo español Jorge Fernández Díaz, quien agradeció «enormemente» a Francia la colaboración del nuevo Gobierno, al tiempo que garantizó que esa sintonía es mutua en materia de Interior. 

Ambos ministros exigieron ayer en Múnich la disolución incondicional de ETA y garantizaron la continuidad de la estrecha colaboración entre ambos países en la lucha contra el terrorismo. «Lo que le pide y exige el Gobierno de España a ETA es lo que ha pedido ya el Congreso de los Diputados: su disolución incondicional». En la misma línea, el ministro francés subrayó que «la disolución de esta organización terrorista evidentemente es una condición “sine qua non”», al tiempo que destacó «la voluntad» de ambos países de «mantener un estrecho acercamiento» en todo lo que concierne a la lucha antiterrorista.

Fernández destacó que la política penitencia de reinserción individual en el marco de la ley «no va a cambiar mientras la banda terrorista no se disuelva». En el mismo sentido, el titular de Interior recalcó que «no va a haber negociación con ETA, la reinserción solo se puede hacer de los presos etarras que lo deseen individualmente, no de forma colectiva y en el marco de la ley». Por su parte, Valls calificó la cooperación entre España y Francia de «ejemplar, sin lugar a dudas» y subrayó la necesidad de «darle continuidad, desarrollarla y fortalecerla» en muchos ámbitos, informa Efe.

Entre los temas que se abordan en la reunión del G-6 en la ciudad alemana destacaron la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, incluido el registro de las entradas y salidas de los terceros países.

Asuntos comunes
- España y Francia mantienen una estrecha colaboración para acabar con ETA y esa colaboración seguirá con el nuevo Ejecutivo galo.
-  El control de la frontera pirenaica, por donde entra a España gran parte de la inmigración ilegal es un punto fijo en la agenda bilateral.
- La participación de París y Madrid en la Gendarmería Europea, con unidades de gendarmes franceses y la Guardia Civil entra dentro de la agenda bilateral y de cara a la Unión Europea.
 

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Bruselas descarta un rescate de España

MADRID- El Banco Central Europeo (BCE) sigue dando oficialmente la callada por respuesta a la petición del Gobierno de Rajoy de que se apoyen las deudas soberanas más perjudicadas por las nuevas turbulencias provocadas por el debate sobre la posible salida de Grecia del euro. Pero Bruselas sí movió ayer ficha ante esa demanda expresa de apoyo «en reciprocidad» a las reformas y medidas adoptadas, que también le ha trasladado Madrid. Un gesto que llega en vísperas de que Mariano Rajoy inicie una etapa de viajes internacionales en los que se llevará en la maleta esa exigencia de respaldo para España, como «país cumplidor de sus compromisos». «No se nos puede pedir más», insisten desde Moncloa.

Este argumento lo ratificó ayer el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, en una entrevista en Onda Cero. «España no debe contar con un rescate en estos momentos en los que está acometiendo las reformas necesarias», manifestó. También carga con las dudas sobre el sistema financiero y la viabilidad de la consolidación fiscal de nuestro modelo autonómico.

El portavoz europeo puso en valor la capacidad de financiación, la liquidez, que tiene en estos momentos España, lo que le da margen de maniobra en el «corto plazo». Y también su «determinación» a la hora de hacer las reformas «necesarias». De nuevo desde Bruselas se insiste en la necesidad de sanear las cuentas, en la urgencia se continuar recortando gasto público y de avanzar por el camino de la austeridad. «No se puede vivir a crédito», resaltó Altafaj. Una afirmación que Moncloa refuerza con la tesis de que el crecimiento basado en el crédito acaba convirtiéndose en «miseria».

Los mercados y Bruselas han recibido esta semana con cierta desconfianza la segunda reforma financiera aprobada por el Gobierno para aumentar las provisiones de la banca.
Las preguntas que alimentan esas dudas son dos: ¿cuáles son los balances reales de nuestras entidades financieras? ¿y si España tendrá dinero suficiente para sanearlos? Este lunes, según confirmó ayer  Sáenz de Santamaría, Economía nombrará a los dos evaluadores independientes que fiscalizarán todo el sector financiero: en un mes tendrán un primer balance genérico, y a posteriori, presentarán uno específico de entidad por entidad. Bruselas sigue pendiente de ese proceso de saneamiento y del ajuste del déficit en las autonomías, al que ayer echó otro capote al calificar de «muy positivo» el acuerdo del jueves en el Consejo de Política Fiscal Financiera.

A Bruselas y  Berlín, no les vale sólo con las reformas, sino que quieren ver en qué queda su aplicación práctica. Mientras, el Gobierno de Rajoy demanda medidas de apoyo en respuesta a sus ajustes, que le ayuden a rebajar la presión sobre la deuda, y así se lo trasladará Rajoy a Merkell y a François Hollande.
 

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La Audiencia archiva la investigación del «Yak-42»

MADRID- La Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la investigación de las posibles irregularidades en la contratación del «Yak-42», que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 causando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. La Sección Cuarta de lo Penal confirma la decisión adoptada por el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado febrero, cuando el magistrado descartó que los seis altos mandos militares (entre ellos el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá) actuaran de forma imprudente. El tribunal rechaza los recursos interpuestos por los familiares de las víctimas y concluye que no existió «dejación de las condiciones de seguridad” que acarree «algún tipo de responsabilidad penal contra las autoridades militares españoles».

La Sala –integrada por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel– mantiene que de las deficiencias observadas (hasta 14 incidencias fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa) no puede «deducirse infracción acerca de la seguridad de la aeronave». El Yakolev-42, insisten, tenía todos los permisos en regla, así como los registros de mantenimiento y control de calidad. «Los imputados no han llevado a cabo ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma tal que el desgraciado resultado no hubiera podido ser evitado mediante una hipotética acción omitida», subrayan.

En su resolución la Sala recuerda que «se han practicado todas y cada una de las diligencias solicitadas por todas y cada una de las partes» para «apurar al máximo las posibilidades de investigación». La Asociación de Familiares del «Yak-42» ya han anunciado su intención de recurrir el archivo ante el Tribunal Supremo.
 

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50 disparos contra el «Patiño»

MADRID- El intento de secuestro del buque de la Armada «Patiño» en aguas del Índico les puede salir muy caro a los seis presuntos piratas somalíes detenidos tras el frustrado asalto el pasado enero. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco los ha procesado por 218 tentativas de detención ilegal (tantas como tripulantes del buque) y por los delitos de piratería en grado de tentativa, desobediencia violenta a buque que previene la piratería, daños y pertenencia a organización criminal, que en total podría suponer a cada uno condenas de hasta 1.122 años de cárcel.

El magistrado no tiene dudas de que los imputados «iban a secuestrar para pedir rescate a los tripulantes del buque, tal y como ya se hizo en el pasado reciente con el atunero “Alakrana”, el “Playa de Bakio” y tantos y tantos barcos de otras banderas». Los detenidos aseguraron que se disponían a auxiliar a otro esquife de pescadores, pero en la embarcación llevaban un auténtico arsenal: siete fusiles AK-47, dos lanzagranadas, un punzón de acero y cuatro cuchillos de cocina, además de una escala y tres escaleras con las que supuestamente pretendían abordar el buque la madrugada del pasado 12 de enero. Tras detectar los militares que los presuntos piratas habían extendido escalas móviles para intentar abordar el buque, se produjo un intercambio de disparos en el que los asaltantes habrían efectuado «unos 50 disparos de fusil AK, de los que al menos una decena impactaron en la popa del «Patiño».

Además, en sus dos móviles hay constancia de que días antes recibieron una transferencia de 19.000 dólares, «se supone que para financiar el asalto», y en su agenda telefónica figuraba el nombre «de al menos otros doce sujetos vinculados con la piratería internacional en el océano Índico» (según un informe de Interpol). Llevaban, incluso, un GPS para «localizar embarcaciones como la afectada».  El magistrado comunicará el procesamiento a los supuestos piratas  el próximo jueves en la Audiencia Nacional.
 

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Gibraltar, en pie de guerra

LA LÍNEA- Tras un mes de parón total en la actividad pesquera en aguas territoriales de Gibraltar, ayer los pescadores de la bahía de Algeciras cambiaron por completo su estrategia. Cansados de esperar acontecimientos, las seis embarcaciones de cerco de Algeciras, conocidas también como «traiñas» salieron la pasada noche a faenar en aguas que Gibraltar reclama como propias (sostienen que el límite de sus aguas es de tres millas), custodiadas por una patrullera de la Guardia Civil que les aseguraron que «estaban allí para protegerlos». La reacción de Gibraltar fue inmediata y en la misma línea de otras semanas: evitar de nuevo que las embarcaciones faenaran. Pero esta vez no fue la Policía del Peñón. Gibraltar fue más allá y envío dos patrullas de la Royal Navy a por los pesqueros. Esas dos patrullas, parte del destacamento que tiene la Navy en la colonia, acudieron rápidamente a exigir la retirada de las embarcaciones españolas de la zona. Pero lo hicieron, ésta vez, en un tono informativo, y abandonando, al menos la pasada noche, los enfrentamientos directos que han desarrollado en el último mes, en vistas de un posible acuerdo pesquero que solucione el conflicto. Y lo hicieron sin las habituales zodiacs que sirvieron, por ejemplo, para abordar la madrugada del domingo al lunes un pesquero español, como si de piratas se tratasen. Estos enfrentamientos obligaron a la Reina a cancelar el pasado miércoles su viaje previsto a Londres para conmemorar el 60 aniversario de reinado de Isabel II. «Nos informaron de que el Gobierno gibraltareño no quería que tirásemos redes en sus aguas», explica Juan Manuel Vázquez, armador de una de las seis traiñas que desafiaron el bloqueo impuesto.

«Si mantienen su postura algo tendremos que hacer», asegura este pescador de 62 años que lleva desde los diez años faenando por estas aguas y al que ahora acompañan sus tres hijos en el «Unión Vázquez Blanco». De momento, ayer, tras la petición «pacífica» de la Royal Gibraltar Police, los pescadores se vieron obligados a retirarse de uno en uno a zonas más tranquilas, lo que provocó un breve bloqueo de una de las bocanas de salida y entrada de barcos a Gibraltar. Lo hicieron, en parte, porque no se daban las condiciones necesarias para sacar buen pescado, pero también «para suavizar la cosa», explica Vázquez, quien notó no sólo que «se mascaba una tensión diferente», sino que los agentes eran más cualificados e incluso llegaron a afirmar que «no querían problemas» y que «se trataba de un conflicto político».

Sin embargo, no todos se enfrentaron al bloqueo. La gran mayoría de las 60 embarcaciones pesqueras de la zona, tanto de la cofradías de Algeciras como de La Línea de la Concepción, salieron a pescar por aguas territoriales españolas, ante el temor de un hostigamiento de la Policía gibraltareña. Las consecuencias eran evidentes a su llegada a puerto. «Nosotros por aquí sólo pescamos basura, el pescado está en su lado», se lamentaba el patrón de una de las embarcaciones. Y lo peor es que esa zona de pesca «sólo la utilizan algunos británicos jubilados para entretenerse». De momento, seguirán esperando acontecimientos, confiando en que Picardo dé marcha atrás y haga válido el acuerdo adoptado en 1999 para poder faenar a 200 metros de la costa gibraltareña. El martes, los pescadores se reunirán de nuevo con la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, para tratar de solventar un conflicto que ya se ha prolongado demasiado.
 

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La colonia advierte de un posible choque militar

MADRID- «Si la Guardia Civil española escolta a los barcos pesqueros en nuestras aguas, la Policía de Gibraltar tendrá que decidir si llama a un escuadrón de la Royal Navy para intervenir». Así de agresivo se mostró un portavoz no identificado del Gobierno de Gibraltar en declaraciones al diario británico «The Times». El portavoz sostiene que el desacuerdo entre Reino Unido y España por los derechos de pesca se ha convertido en una disputa diplomática que ha implicado a las dos casas reales y que podría desencadenar un «enfrentamiento militar en las aguas de Gibraltar».

Esto podría suponer, según el rotativo, la intervención de la Armada Británica en Gibraltar para defenderse, creando así «un potencial punto de ignición en aguas de la pequeña colonia» y aumentando la tensión existente entre España y Gran Bretaña.

Así lo explicaba ayer el diario «The Times», en un artículo publicado por Graham Keele, corresponsal del diario en España, titulado «Las aguas turbulentas de Gibraltar frustran la visita del Jubileo», en el que cuenta la tensión actual de los pesqueros españoles en las aguas que rodean el Peñón tras la cancelación de la visita de la Reina Sofía al almuerzo del Jubileo de Diamantes de Isabel II.

La hipotética presencia de un buque de la Royal Navy en la zona del Peñón supondría el escalón máximo de tensión entre dos países. Los dos pasos previos se darían ya por agotados: el frente diplomático y el policial, con los encontronazos entre los agentes británicos y españoles. Fuentes diplomáticas y militares consultadas por el periódico consideran más una bravuconada que una amenaza real las palabras del portavoz no identificado, pues supondría llevar a la categoría de enfrentamiento armado una disputa entre dos países amigos.
 

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No retrocedemos; por Luis Palacios

«No retrocedemos en Gibraltar ni para tomar impulso» declaraba el ministro Margallo recientemente poniendo sobre la mesa el viejo problema de Gibraltar. El contencioso de Gibraltar sigue siendo un tema de enorme complejidad que arrastramos desde principios del siglo XVIII. Es una de esas herencias de la historia que, a medida que pasa el tiempo, ofrece una solución más compleja. Apuntaré algún hilo que permita introducirnos en esa enorme madeja que constituye hoy este contencioso:

1.- El punto de arranque es la pérdida de la plaza de Gibraltar por una escuadra angloholandesa al mando del almirante Rooke y del príncipe de Hesse-Darmstadt. Dos consecuencias: la más importante es que la conquista se formalizaría en el Tratado de Utrecht de 1713 por el cual España cede al Reino Unido «la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno». Una segunda consecuencia: la población del Peñón fiel a Felipe V huyó refugiándose en la ermita de San Roque, dando origen a un municipio con ese nombre que hoy sigue conservando su denominación «muy noble y más leal Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar».

2.- La presencia británica en el Peñón no fue, como se suele decir, un hecho casual que se produjera con motivo de la Guerra de Sucesión. Sin que España e Inglaterra estuvieran en guerra, Cromwell a mediados del siglo XVII escribía al almirante Montague, jefe de una flota de guerra inglesa en el Mediterráneo: «Acaso sea posible atacar y rendir la plaza y castillo de Gibraltar, los cuales en nuestro poder y bien defendidos serían a un tiempo una ventaja para nuestro comercio y una molestia para España».

3.- Ante el inmovilismo inglés, todos los gobiernos de España han reivindicado Gibraltar. Pero en estos tres siglos no hemos sido capaces de elaborar un proyecto coherente ni una estrategia adecuada que pudiera ser defendida por cualquier partido.

4.- Hoy el asunto es mucho más complejo porque, al margen de lo que el Tratado de Utrecht dice, hay nuevos elementos a tener en cuenta para la negociación: la población gibraltareña y sus intereses, como dice la Resolución 2231 de la ONU. Conviene precisar que se habla de «sus intereses», no de «su voluntad» o «su deseo».  Desde 1969, el Reino Unido sembró el señuelo de la autodeterminación comprometiéndose a no entrar en negociación alguna con terceros  sobre soberanía sin tener en cuenta los deseos de sus hombres expresados libre y democráticamente.

5.- La solución hoy será en términos políticos, no jurídicos. Si bien podemos aceptar que en teoría puede darse todo tipo de soluciones, la verdad es que en términos jurídicos sólo hay una alternativa: se mantiene el statu quo como colonia de la corona británica, tal como es desde 1830 en que Gibraltar es considerada Crown colony, o se retrotrae a España en aplicación del artículo X del Tratado de Utrecht si Londres decide soltar la colonia. Como esas soluciones no se darán, hay que encontrar una solución política. Así lo vio ya el régimen de Franco cuando en 1966 no quiso llevar al Tribunal Internacional de la Haya temas como el de su soberanía. Vio que era un tema «esencialmente político, inserto en el proceso de descolonización». Madrid aceptaba que la política se imponía sobre el derecho.

6.- En el proceso son puntos importantes la Declaración de Lisboa de 1980 suscrita por Marcelino Oreja y Lord Carrington, que suponía la igualdad de derechos de los españoles en Gibraltar y de los gibraltareños. Se intentaba resolver el tema de la soberanía. Se ponía así en marcha el proceso de Bruselas. En 1984 los ministros Fernando Morán y Geoffrey Howe ponen en marcha lo dispuesto en las declaraciones anteriores.

7.- Un avance mayor tiene lugar en 1997, con la propuesta del ministro Abel Matutes a Robin Cook de modificar el status de colonia a cambio de 50 años de soberanía compartida, al final de los cuales se integraría en España que ofrece un estatus con tanta autonomía como Cataluña o País Vasco. Lo nuevo era que se tenían en cuenta los intereses de los gibraltareños.
En 2002, Peter Caruana hace un referéndum sobre el principio de soberanía compartida entre Gran Bretaña y España.

9.- Uno de los temas en discusión es la usurpación por Gran Bretaña de una parte del istmo, la invasión del espacio aéreo español y la apropiación de aguas a las que no tienen derecho. En este sentido, hay que recordar el levantamiento de la dichosa verja y decir que no fue obra de Franco, sino de los ingleses en 1909 y que, gracias a ello, se apropiaron de una tierra cuya neutralización habían acordado los dos países en el siglo XVIII.

10.- España no ha regateado esfuerzos durante trescientos años frente al inmovilismo de Gran Bretaña o la política de hechos consumados ocupando ilegalmente territorios. Todas las fórmulas se han barajado: asedios fracasados (el último en 1782), intentos de permuta (Ceuta, en concreto), ofensiva diplomática e internacionalización del tema, que sólo sirvió para legitimar la reivindicación española ante la comunidad internacional.

11.- Problemas colaterales: Ceuta y Melilla con la visión de Marruecos, que lo plantea como algo similar a Gibraltar. Y problemas serios relacionados con la seguridad nacional…

¿Qué ha sido de la doctrina de la ONU sobre la integridad territorial de España? ¿Se debe esperar algo de la UE? En la España actual no se vive el problema con pasión hay otros problemas más urgentes que resolver_ pero el pueblo español desearía una solución justa. En nada ayuda tener el problema abierto para las relaciones con Gran Bretaña. En nada ayuda la actividad económica, la permisividad fiscal, etc. de que goza Gibraltar. Los diseños de cosoberanía de Matutes y Morán o de  condominio angloespañol… fueron un intento interesante.

Lo que parece claro es que no se puede tolerar que Gran Bretaña no respete las reglas del juego y haga mangas y capirotes de este asunto. Y es oportuno y de agradecer que el Gobierno español reaccione y tome cartas en el asunto con la cabeza fría, el pulso firme y la necesaria flexibilidad en las acciones.

Luis Palacios
Director del Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos

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El Amargo jubileo de Isabel II

LONDRES- No hubo pompa real, ni tampoco público concentrado a las puertas de Palacio con banderas a la espera de conseguir alguna foto. La reina Isabel II celebró ayer sus 60 años en el trono británico con una jornada marcada por la sobriedad y la polémica. Representantes de las monarquías de 26 países de todo el mundo acudieron hasta el Castillo de Windsor para almorzar con la homenajeada y su marido, el duque de Edimburgo. Se trataba de la mayor concentración de monarcas reinantes de la última década, desde el Jubileo de Oro de la soberana británica en 2002, pero las críticas recibidas por invitar a los representantes de países como Baréin, Suazilandia o Arabia Saudí empañaron un día que estuvo todo el tiempo con el cielo encapotado.

Al acto no asistió Doña Sofía, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiese cancelar su visita por considerarla inconveniente en pleno conflicto pesquero con las autoridades de Gibraltar. La Casa Real española fue la única de las monarquías europeas que no estuvo presente.

De haber ido, Doña Sofía habría tenido que compartir mesa con el príncipe Eduardo, el hijo menor de la soberana, y su esposa, la condesa de Wessex -responsables de representar a Isabel II el próximo mes de junio en la visita al Peñón que ha desatado toda la tormenta- que sí acudieron al banquete. A ellos se unieron otros miembros de la familia real, como Guillermo y Catalina, muy populares un año después de su boda.

El príncipe Carlos, heredero al trono, y su mujer Camila fueron los grandes ausentes, ya que se encontraban ocupados con los preparativos de la cena que se ofreció posteriormente en el Palacio de Buckingham, a la que el rey de Baréin no acudió. Su ausencia no impidió que decenas de manifestantes de organizaciones pro Derechos Humanos se manifestaran en contra de la represión sufrida por la población de esa isla, en particular por la mayoría chií que, desde principios del año pasado, reclama reformas democráticas y una mayor integración frente al poder controlado por la minoría suní.

El Palacio de Buckingham no hizo comentarios por considerar el almuerzo como un evento «privado», mientras el Foreign Office precisó que todas las casas reales del mundo fueron invitadas -también de países no democráticos, reyes polígamos y monarcas destronados- porque no se trataba de un acto «político».

Por otra parte, la presencia en Londres del monarca de Suazilandia llevó el pasado miércoles a ciudadanos de este país residentes en el Reino Unido a concentrarse frente al hotel donde se iban a alojar Mswati III y su séquito, el lujoso Savoy, para recriminar al rey que, mientras gran parte de los 1,2 millones de suazíes vive por debajo del umbral de la pobreza, él sea la decimoquinta fortuna del mundo, según la lista de la revista «Forbes».
 

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Cumbre de reyes y reinas

Isabel II demostró una vez más ayer en el Palacio de Windsor que sigue siendo la Reina por antonomasia, la que representa la esencia misma de la institución  monárquica, que muchos politólogos considera anacrónica y desfasada, la primera de la lista de todas las Casas Reales del planeta. Su poder de convocatoria con los soberanos de los países más cercanos y los más lejanos del mundo está por encima de toda duda: desde el exótico sultán de Brunei, el rey de Lesotho, el emir y la impresionante jequesa de Catar hasta los mismos emperadores de Japón respondieron ayer a la invitación enviada hace semanas desde Buckingham Palace para acompañar a Isabel de Windsor en el almuerzo con el quiso celebrar sus bodas de diamante.

La foto de familia de todos los soberanos presentes en Windsor es todo un testimonio del desafío que supone hoy en día mantener una institución que lucha contra viento y marea para mantener su status, defender su utilidad y conservar ese glamour que siempre ha rodeado a los miembros de la realeza. Una tarea nada fácil en un mundo como el actual en el que el afán por conocer todo tipo de detalles, sin obviar los datos más íntimos y personales, pesa como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los Reyes y Reinas, Príncipes y Princesas, que tratan de mantener una privacidad casi imposible frente a esas exigencias.

Y un apunte más sobre la foto de esos veintisiete monarcas reunidos en una cumbre inusual: los representantes de las monarquías constitucionales, en los que sus mandatarios se someten al control de sus ciudadanos, posaban junto a los soberanos de países en los que el poder absoluto se mantiene de igual manera que en la época medieval. 

Frente a los que atacan este tipo de celebraciones, hay que subrayar que hacerla es una gran idea del país anfitrión, consciente del interés que suscita siempre en la ciudadanía ver a tantas personas de sangre azul reunidas. Todos los medios de comunicación que se precien pondrán su foco estos días en la cumbre de Windsor. Siempre atrae ver juntas a tantas cabezas coronadas.

 

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El Gobierno revisa el objetivo de déficit por la desviación autonómica

La comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre de 2011 superiores a los comunicados en el avance de liquidación al Ministerio de Hacienda, según datos consultados por Europa Press.

La Comunidad Valenciana presentó inicialmente a Hacienda una desviación del déficit del 3,68% de su PIB, que ha elevado en el plan de ajuste al 4,5%. En el caso de las otras dos comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid declaró en un principio un déficit del 1,13% y lo ha elevado al 2,21%, mientras que Castilla y León ha admitido una desviación del 2,59%, por encima del 2,35% anterior.

En conjunto, el documento hecho público recoge que el déficit de Canarias se situó en el 1,8%; el de Navarra, en el 1,89%; el de La Rioja, en el 1,97%; el de Madrid, en el 2,21%; el de País Vasco, en el 2,56%; el de Castilla y León, en el 2,59%; el de Aragón, en el 2,88%; el de Andalucía, en el 3,22%; el de Asturias, en el 3,64%; el de Cataluña, en el 3,7%; el de Baleares, en el 4%; el de Cantabria, en el 4,04%; el de Murcia, en el 4,33%; el de Valencia, en el 4,5%; el de Extremadura, en el 4,59%; y el de Castilla-La Mancha.      

Por otro lado, Galicia ha presentado unas necesidades de financiación a efectos de objetivo de estabilidad presupuestaria del 4,37% del PIB regional que, una vez descontadas las liquidaciones negativas del sistema de financiación, sitúan el déficit en el 1,61% del PIB regional.

Así, la Consellería ha asegurado este viernes que los planes de reequilibrio presentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "desvelan que Galicia fue la Comunidad Autónoma con menos déficit en 2011" y ha reafirmado que cerró el año pasado en el 1,61%.

UNA DESVIACION PROXIMA A LOS 3.000 MILLONES.
La suma de estas desviaciones rondaría los 3.000 millones de euros, lo que supondría un incremento de unas tres décimas sobre el 8,5% del PIB calculado por el Gobierno para 2011.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a Europa Press que "todo influye" y recordaron que cuando se hizo pública la liquidación de las comunidades autónomas ya se avisó de que podría haber algunas variaciones.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dio este jueves el visto bueno a los planes de reequilibrio de todas las comunidades autónomas, excepto al de Asturias, que tendrá que presentar nuevas medidas.

Las comunidades autónomas se han comprometido así a realizar un ajuste de 18.349 millones de euros en el año 2012 para reducir su déficit al 1,5% pactado con Bruselas. De este montante, 13.071 millones de total procederán de la reducción de gastos, mientras que 5.278 millones del aumento de ingresos a través de medidas fiscales.

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El juez rebaja la fianza de Correa de 600.000 a 200.000 euros

El magistrado, que ha adoptado esta decisión después de que la defensa de Correa haya vuelto a pedir que se redujera a 50.000 euros, impone además al líder de la trama, en caso de que abone la fianza fijada, la prohibición de salir del país, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer diariamente en el Juzgado, además de obligarle a comunicar su domicilio y número de teléfono.

El pasado 30 de marzo Ruz rebajó a 600.000 euros la fianza de Correa después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal le impusiera en enero de este año un millón de euros cuando estimó su recurso de apelación al considerar que el posible juicio oral se celebraría pasados cuatro años -plazo máximo legal de prisión preventiva- desde su ingreso en la cárcel.

Ese argumento lo asume ahora de nuevo el magistrado en su auto porque no ve necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de fuga de Correa, además de considerar que debe adecuarse la cuantía de la fianza para eludir la situación de prisión provisional.

En esta ocasión, Ruz ha contado con el visto bueno de la Fiscalía, que no se ha opuesto a la reducción de la fianza, si bien ha aconsejado que se rebajara a 350.000 euros.

El magistrado también tiene en cuenta "el alcance que pudiera derivarse" de la decisión de la Sala de lo Penal de anular el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del exsenador del PP Luis Bárcenas, el exdiputado de este partido Jesús Merino y el exconcejal popular en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote.

Por ello, aún cuando la instrucción de la causa se encuentra en "avanzado estado", Ruz entiende que la "evidente complejidad" que conlleva la tramitación de reabrir la causa contra Bárcenas, Merino y Galeote hace prever una extendida fase intermedia de preparación de juicio oral, lo que determina una "indefinición temporal sobre la celebración del mismo".

"No puede crearse un obstáculo o valladar infranqueable para quien, privado provisionalmente de libertad, se le reconoce la posibilidad de obtener su libertad personal mediante una medida como es la fianza, que trata de conciliar el efectivo control judicial (...) y la protección o salvaguarda del derecho fundamental a la libertad", sostiene.

Reconoce la "dificultad" a la hora de determinar el importe de la fianza que debe prestar Correa, pero entiende que el plazo transcurrido desde que la sección cuarta le rebajó de quince a un millón de euros la misma "sin consignarse" dicha cantidad, "es expresivo de la imposibilidad real y cierta del inculpado (o de su entorno más cercano) para hacer frente a la misma".2