San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha destapado en la provincia de Almería un presunto entramado empresarial diseñado para eludir durante años el pago de cuotas sociales y dificultar la acción recaudatoria de la Administración. La operación se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de un fraude estimado en 1.793.849,01 euros.
Los arrestados están considerados presuntos responsables de dos delitos contra la Seguridad Social y de un delito de frustración de la ejecución. Según las pesquisas, las sociedades investigadas habrían actuado de forma coordinada para preservar la continuidad del negocio pese a la acumulación de importantes deudas con la Hacienda Pública.
La investigación de la UDEF permitió constatar que el grupo empresarial había desarrollado su actividad en distintos sectores, aunque en los últimos años se había centrado principalmente en la construcción, reparación y mantenimiento de invernaderos y en otros servicios vinculados a explotaciones agrícolas.
Aunque las mercantiles aparentaban independencia jurídica, los agentes detectaron una dirección efectiva común, recursos compartidos, clientes coincidentes y una misma finalidad económica. Una de las empresas asumía formalmente la contratación de trabajadores y las obligaciones laborales, mientras otras canalizaban la facturación, recibían ingresos de clientes y movían fondos a través de cuentas menos expuestas a posibles embargos.
Empresas sin plantilla y millones en ventas
El análisis económico y financiero reveló una operativa reiterada durante varios ejercicios. La empresa que concentraba la plantilla acumuló desde el inicio importantes deudas con la Seguridad Social, sin solicitar aplazamientos ni atender los requerimientos patrimoniales, mientras mantenía una actividad mercantil constante.
De forma paralela, otra sociedad del mismo grupo, prácticamente sin estructura laboral, declaró un elevado volumen de operaciones comerciales y millones de euros en ventas relacionadas con la construcción de invernaderos. Para los investigadores, esa facturación resultaba incompatible con la ausencia de medios personales propios para ejecutar los trabajos.
Las comprobaciones bancarias y tributarias pusieron de manifiesto discrepancias entre la facturación declarada, los movimientos económicos y la verdadera capacidad operativa de cada mercantil. Según la investigación, la actividad material era desarrollada por la empresa con trabajadores de alta, mientras la facturación a numerosos clientes era emitida por otras sociedades del entramado.
Este sistema habría permitido desviar beneficios hacia entidades libres de cargas económicas y dificultar los procedimientos de apremio iniciados por la Tesorería General de la Seguridad Social. La creación de nuevas sociedades con características similares y la sustitución progresiva de unas razones sociales por otras reforzaron la hipótesis de una estrategia orientada a mantener el negocio sin asumir las deudas acumuladas.
Los agentes también apreciaron indicios de utilización de administradores meramente formales o personas interpuestas. Estas figuras asumían la representación legal de determinadas sociedades sin intervenir realmente en su gestión, mientras la dirección efectiva permanecía, según las pesquisas, en manos de quienes organizaban y controlaban el conjunto de la actividad empresarial.
Las declaraciones de trabajadores, gestores administrativos, autorizados RED, clientes y proveedores resultaron clave para reconstruir el funcionamiento del entramado. Los testimonios apuntaron a que los empleados prestaban servicios indistintamente para distintas sociedades vinculadas, desempeñando las mismas funciones y bajo las instrucciones de las mismas personas.
Varios clientes manifestaron haber contratado siempre con los mismos interlocutores para obras de construcción y reparación de invernaderos, aunque la facturación se emitiera sucesivamente por distintas mercantiles. Diversos gestores confirmaron además que las instrucciones sobre la administración de las empresas procedían de las mismas personas pese a los cambios de administradores formales.
Una red de relaciones económicas permanentes
Las actuaciones permitieron acreditar relaciones económicas permanentes entre las sociedades investigadas, con una intensa circulación de fondos y operaciones comerciales cruzadas. La coincidencia de trabajadores, clientes, gestores, autorizados RED y estructuras de funcionamiento apuntaba, según los agentes, a una única actividad económica desarrollada bajo distintas apariencias societarias.
Los investigadores concluyeron que esta estructura permitió mantener durante años la explotación del negocio y obtener importantes beneficios derivados de la construcción de invernaderos, al tiempo que dificultaba la eficacia de los embargos y demás actuaciones ejecutivas promovidas contra las empresas formalmente deudoras.
Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, acompañadas de un análisis económico, documental y testifical que, según la Policía Nacional, permitió reconstruir el funcionamiento del entramado societario e identificar a las personas que presuntamente ejercían su dirección efectiva.
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