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La Policía Nacional ha destapado un presunto entramado empresarial del sector agrario que habría defraudado alrededor de 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La operación, denominada Tributo, se ha saldado con dos detenidos y otras dos personas investigadas por un supuesto delito de fraude a la Seguridad Social.
Según la investigación, las sociedades investigadas se sucedían en la gestión de las mismas explotaciones agrícolas y compartían trabajadores, medios materiales y actividad comercial. Cuando una empresa acumulaba deudas relevantes, otra continuaba el negocio bajo una nueva titularidad formal, lo que permitía mantener la actividad y eludir el pago de cotizaciones sociales.
La operativa se habría desarrollado desde 2009. Los agentes detectaron clientes y proveedores comunes, empleados que pasaban de una mercantil a otra y fincas que seguían explotadas por las mismas personas, pese a figurar formalmente bajo distintas sociedades.
Entre los investigados figuran varios miembros de una misma familia, que aparecían como administradores, titulares o responsables de diferentes mercantiles, además de un antiguo trabajador que posteriormente pasó a explotar una de las fincas como empresario individual.
La investigación se inició a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, después de que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social comunicara los hechos. Las pesquisas han sido desarrolladas por unidades de Delincuencia Económica y de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería.
El análisis policial reveló que las empresas compartían domicilios, representantes, cuentas bancarias, clientes y proveedores, pese a presentarse como negocios independientes. Los investigadores también detectaron operaciones patrimoniales realizadas en fechas próximas a la generación de las deudas, con indicios de que podrían haber buscado dificultar la actuación recaudatoria de la Administración.
A petición de la Policía Nacional, la autoridad judicial ha acordado medidas de aseguramiento para garantizar posibles responsabilidades económicas. En concreto, han quedado bloqueados siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros y diez cuentas bancarias abiertas en distintas entidades.
Los dos detenidos quedaron en libertad tras declarar en dependencias policiales, asistidos por sus abogados, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, plaza número 3, que mantiene abiertas las actuaciones.
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