El Defensor del Pueblo Andaluz advierte de las “amenazas” que genera la Covid sobre los derechos humanos

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido este lunes sobre "las amenazas que conlleva el impacto de la Covid-19 en la efectividad de los derechos humanos" en la región, sobre todo en los colectivos ya vulnerables, y ha apostado por un refuerzo de los servicios públicos, especialmente servicios sanitarios --con énfasis en la salud mental--, y los servicios sociales.

Maeztu ha recordado en una conferencia en el Colegio de Abogados de Sevilla que ya antes del inicio de la pandemia había desafíos sobre los que ha alertado la institución, tales como "la precariedad del mercado de trabajo; una creciente desigualdad y exclusión social, y la amenaza de la pérdida de derechos de una manera casi irreversible", según se recoge en un comunicado.

Ante esa situación, la oficina del Defensor del Pueblo reclamaba "no solo una mayor financiación e inversión en políticas sociales", sino "sobre todo, una mejor gestión de los recursos por parte de las administraciones públicas", algo que ha vuelto a enfatizar ante la pandemia y sus efectos, sobre todo, en los colectivos ya vulnerables.

"A todas luces, resulta evidente que la Covid ha supuesto un nuevo ataque a la vulnerabilidad de estos colectivos que no habían comenzado a recuperarse y una nueva amenaza a aquellos que estaban comenzando a estabilizarse", ha remarcado Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha resumido algunas "lecciones" a extraer de la crisis, como "la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos con mayor atención a los servicios sanitarios, especialmente en salud mental, y a los servicios sociales".

También ha señalado como reto "la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia", y sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, dada "la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas".

"Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social", se apunta en la nota de prensa.

Finalmente, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que "supone una tarea inaplazable" contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes extutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo.

Para Maeztu, estas líneas de acción "nos acercará al objetivo de conseguir la igualdad real", en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. "Lo que no se nos debe olvidar es que la crisis social seguirá presente, como lo estuvo tras la crisis de 2008, y que nadie puede quedarse atrás", ha señalado.

Asimismo, ha instado a los abogados presentes a asumir la corresponsabilidad en el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos como un deber y se ha referido a la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.