El PSOE-A emprende la investigación y control de las contrataciones de emergencia del Gobierno de Moreno Bonilla desde 2020 con la excusa del coronavirus

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha anunciado el inicio de un proceso de investigación y control sobre la totalidad de la contratación de emergencia por la pandemia de coronavirus que el Gobierno andaluz realiza desde marzo de 2020 hasta la actualidad, a pesar de que en mayo de 2021 el Ejecutivo de España determinó la desaparición que las condiciones excepcionales que justifican dicha emergencia.

Mario Jiménez ha explicado que esta investigación impulsada por el Grupo Socialista comienza con la petición de explicaciones al consejero de Hacienda, Juan Bravo, en comparecencia plenaria sobre el uso de ese mecanismo de contratación de emergencia, que, según ha indicado, ha se ha seguido usando la Junta “como mínimo” hasta febrero pasado pese a que el Gobierno central “lo derogó en mayo de 2021, por lo que puede haber un posible fraude de ley”. 

Sólo en 2020 se cuentan con este formato 17.472 contratos de emergencia por un importe global de 979,8 millones, en su mayor parte referidos a la adquisición de material y servicios, menores y a cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según el informe preliminar de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al citado ejercicio de 2020. 

El portavoz socialista ha insistido en la necesidad de investigar estas contrataciones de emergencia con motivo del Covid ante la “sospecha” de que el Gobierno andaluz haya “usado de manera intencionada y torticera” este mecanismo excepcional “para eludir los controles que la ley establece” sobre las contrataciones y el uso de recursos públicos.

“Queremos que se investiguen todos contratos de emergencia de 2020, de 2021 y, de manera sorprendente, se siguen haciendo hasta finales de enero de 2022, y no sabemos si en marzo también, con las mismas razones de emergencia de marzo de 2020 en fraude de ley”, ha reiterado Jiménez, refiriéndose a una contratación de emergencia del 28 de enero de 2022 firmada por la directora gerente de un hospital provincial para la compra de material, por 339.929,25 euros.

Ha detallado que el artículo 16 Real Decreto 7/2020 por el que el Estado autoriza a las comunidades autónomas en marzo de aquel primer año de pandemia para agilizar las contrataciones públicas “se hace de manera absolutamente excepcional ante situación de emergencia”, con el objetivo de facilitar la adquisición de material de protección imprescindible para afrontar la crisis sanitaria, y su posterior prórroga de seis meses, quedaron derogados en mayo de 2021, de nuevo por decreto ley del Gobierno central. 

El representante socialista ha recalcado que hay constancia de que, a pesar de ello, el Gobierno de la Junta ha continuado usando esa fórmula, de manera “más alarmante” incluso porque la propia Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda emitió una instrucción el 18 de junio de 2021 a todos los centros directivos de la Junta advirtiendo de que “ya no se daban las condiciones para seguir usando la contratación de emergencia”. 

“Ante este pronunciamiento propio de control de la Junta no se paraliza la contratación de emergencia Covid, y queremos saber por qué”, ha remarcado, más con los “antecedentes en Andalucía del caso de posible compra fraudulenta de mascarillas en la Diputación de Almería que señala a altos cargos del PP en esa provincia” bajo investigación judicial.

“Creemos que debemos poner en marcha este proceso de investigación y de control exhaustivo de contrataciones de emergencia de la Junta, porque dudamos y tememos que pudiera hacerse un abuso consciente de esta fórmula con ánimo de eludir controles establecidos por la legislación”, ha subrayado Mario Jiménez.

Ha afirmado que desde el Grupo Socialista “vamos a pedir todos los contratos, de 2020, 2021 y 2022, la certificación al Consejo de Gobierno de que se cumplen los requisitos porque la contratación de emergencia permite eludir la fase de publicación, la convalidación de dicha emergencia por el Consejo de Gobierno, y queremos saber si este requisito se ha cumplido en todos contratos de 2020, 2021 y 2022; la inscripción de cada contrato en el registro de contratos de la Junta; su remisión al portal del contratante como establece norma, las certificaciones de que cada contrato se ha formalizado en 30 días, según establece la ley”.

Jiménez ha recordado, además, las 50 sentencias judiciales que ponen en evidencia que el Gobierno andaluz “ha abusado de la contratación de emergencia motivada por el Covid, en este caso de personal y que han declarado nula la contratación de casi 4.000 trabajadores públicos en Andalucía”. En este sentido ha repetido la necesidad de emprender la investigación de las contrataciones “de servicios y materiales”, reclamando al Ejecutivo de Moreno Bonilla “la máxima transparencia y colaboración con el Parlamento en dación de cuentas y transmisión de información”.