La prisión permanente revisable y el sistema de penas en el Derecho penal español

En el ordenamiento jurídico español no existe actualmente la cadena perpetua en sentido propio. La pena de mayor gravedad prevista por el Código Penal es la prisión permanente revisable, introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, como pena privativa de libertad de duración indeterminada, sometida a un régimen específico de revisión y eventual suspensión de su ejecución.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, conviene distinguir entre la cadena perpetua clásica y la prisión permanente revisable. La primera comporta una privación de libertad potencialmente vitalicia sin un mecanismo efectivo de revisión. La segunda, en cambio, se configura como una pena permanente en su formulación inicial, pero revisable judicialmente cuando concurren los presupuestos legales establecidos, en particular los previstos en los artículos 36, 78 bis y 92 del Código Penal.

El artículo 35 del Código Penal incluye la prisión permanente revisable entre las penas privativas de libertad, junto con la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. A su vez, el artículo 33 la califica expresamente como pena grave. Esta ubicación sistemática resulta relevante porque determina su régimen de ejecución, sus efectos penales y su relación con instituciones como la clasificación penitenciaria, los permisos de salida y la suspensión de la ejecución.

La constitucionalidad de esta pena ha sido objeto de intenso debate doctrinal, principalmente por su conexión con el artículo 25.2 de la Constitución Española, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. La clave de su compatibilidad constitucional se sitúa en el carácter revisable de la pena: no se trata de una privación de libertad necesariamente perpetua, sino de una pena que permite valorar, transcurrido un largo periodo de cumplimiento efectivo, si el penado puede acceder a un régimen de suspensión.

El ámbito de aplicación de la prisión permanente revisable es tasado. Se prevé para determinados delitos especialmente graves, entre ellos el asesinato agravado del artículo 140 del Código Penal, cuando concurren circunstancias como que la víctima sea menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable, que el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, que el autor pertenezca a un grupo u organización criminal o que se haya causado la muerte de más de dos personas. También se contempla en supuestos específicos de delitos contra la Corona, terrorismo con resultado de muerte, genocidio y delitos de lesa humanidad.

La revisión de la pena se articula principalmente a través del artículo 92 del Código Penal. Con carácter general, el tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de la prisión permanente revisable cuando el penado haya cumplido veinticinco años de condena, se encuentre clasificado en tercer grado y exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Para ello deben valorarse la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito, su conducta durante el cumplimiento, sus circunstancias familiares y sociales y los informes penitenciarios y especializados correspondientes.

El artículo 36 del Código Penal regula, además, aspectos relevantes de la ejecución. La clasificación en tercer grado exige autorización del tribunal, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. En determinados delitos, especialmente los vinculados al terrorismo, la progresión al tercer grado no puede producirse hasta el cumplimiento de plazos reforzados de prisión efectiva, lo que evidencia el carácter excepcional y agravado de esta pena.

Junto a la prisión permanente revisable, el sistema penal español contempla otras clases de penas. Conforme al artículo 32 del Código Penal, las penas pueden imponerse como principales o accesorias y se clasifican, por su naturaleza, en penas privativas de libertad, penas privativas de otros derechos y pena de multa. Esta clasificación permite graduar la respuesta penal en función del bien jurídico afectado, la gravedad de la infracción y las circunstancias concurrentes.

Las penas privativas de libertad comprenden la prisión, la prisión permanente revisable, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La prisión ordinaria tiene, con carácter general, una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo que excepcionalmente otros preceptos del Código Penal establezcan límites superiores. La localización permanente obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado por resolución judicial.

Las penas privativas de derechos incluyen, entre otras, la inhabilitación absoluta, las inhabilitaciones especiales, la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación de la patria potestad y las prohibiciones de aproximación o comunicación con la víctima. También se incluyen los trabajos en beneficio de la comunidad, que requieren el consentimiento del penado y tienen una finalidad reparadora y social.

La pena de multa se regula como sanción pecuniaria y puede adoptar distintas modalidades, siendo la más característica el sistema de días-multa. En este sistema, el órgano judicial fija el número de días atendiendo a la gravedad del hecho y determina la cuota diaria conforme a la situación económica del condenado. El impago puede dar lugar a responsabilidad personal subsidiaria, en los términos previstos legalmente.

En función de su naturaleza y duración, el artículo 33 del Código Penal clasifica las penas en graves, menos graves y leves. Esta distinción produce efectos relevantes en materia de prescripción de delitos y penas, cancelación de antecedentes penales, competencia judicial y determinación del procedimiento aplicable. La prisión permanente revisable ocupa el nivel máximo de esa escala y constituye, por ello, la respuesta penal más intensa prevista por el ordenamiento español.